Dos internos del CIE de Zapadores denuncian torturas de los agentes de policía
Ben Yunes Sabbar y Mohamed Rezine Zohuir, dos internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, han interpuesto esta mañana una denuncia ante el juzgado por haber sufrido torturas por parte de varios agentes de policía durante los últimos días.
Sabbar, ciudadano de origen marroquí, ha explicado en su denuncia que, el pasado 19 de enero, pidió visitar la enfermería del centro ya que sufría de hemorroides, alegando que “sangraba mucho” y no podía soportar el dolor. Como “no hacían caso de su petición”, se autolesionó haciéndose un corte en el pecho de 19 centímetros, “sólo de esa forma”, logró recibir atención médica.
Días después, el 25 de enero, Sabbar exigió de nuevo que le volviera a visitar la enfermera del centro porque sentía que “se estaba desangrando” por la misma causa. Entonces, según ha detallado, uno de los agentes llamó a otros dos policías más para que vigilaran mientras lo metían en una de las celdas, donde no hay cámaras, y “empezó con la porra a golpear el metal de la cama mientras le gritaba insultos xenófobos tales como 'los marroquíes sois unos guarros y unos sucios que no valéis nada y vuestras mujeres no valen nada'”.
Cuando el interno volvió a pedir ayuda médica, han asegurado desde el movimiento CIEsNO que un agente le pegó un puñetazo y un bofetón, le agarró del cuello y le amenazó con matarlo si seguía pidiendo atención sanitaria. Sabbar ha indicado que el agente le dijo “como vuelvas a llamarnos, bajo con la pistola. Te apuntaré con la pistola en la cabeza, te pegaré un tiro. Mi turno termina a las ocho, me voy a casa y nadie se enterara que he sido yo quien te ha matado” y “duérmete que me da igual que sangres”. A causa de la paliza, Sabbar ha perdido un diente, tiene varios moratones por todo el cuerpo y sufre alteraciones del sueño, estrés y ansiedad.
Asimismo, el interno asegura que su derecho a ser atendido por un abogado ha sido vulnerado, ya que cada vez que ha solicitado una instancia para tramitar su asistencia jurídica, los agentes “se la han roto o directamente no se la han facilitado”. Sabbar adjunta en su denuncia la firma de 21 internos como testigos de las agresiones que asegura haber recibido.
Paliza en las duchas
Por otra parte, Zohuir, ciudadano de origen argelino, asegura que, el pasado 19 de enero, tras verter “accidentalmente” agua de un vaso en el comedor, un agente le llevó a las duchas del centro, cerró con llave, y le propinó patadas, puñetazos y golpes con la porra. En el momento en el que el interno estaba en el suelo y el policía tenía su bota sobre la cabeza de Zohuir -según ha detallado éste en su denuncia-, entró una agente y la enfermera del centro, a la que escuchó decir “deja al chico, lo vas a matar”.
Tras la paliza, tuvo que ser trasladado al hospital donde fue intervenido con 17 puntos de sutura y tiene moratones en varias partes de su cuerpo. Cuando pidió el informe de lesiones, la Policía “se lo denegó”. Ambos internos han insistido en que los policías carecían de identificación en todo momento, aunque dicen poder identificar con facilidad a los agentes que les han agredido.
Mecanismos de control y depuración de responsabilidades
Ante los graves hechos descritos, desde la Campaña por el Cierre de los CIE (CIEsNO), exigen al Ministerio del Interior que se tomen medidas inmediatas para controlar las actuaciones policiales de forma que se garantice la integridad física y moral de los y las internas en todo momento.
Asimismo, reclaman que se respeten los derechos fundamentales de las personas internas en cuanto a la atención sanitaria y su derecho a asistencia jurídica por parte de abogadas y abogados, así como que se establezcan mecanismos de control a tal efecto que funcionen de forma efectiva.
Además, piden que se garantice el acceso a procesos judiciales que esclarezcan los hechos y depuren las correspondientes responsabilidades, y solicitan que se llame a declarar a los agentes identificados con su descripción física por parte de los internos, así como a los mismos denunciantes; que testifiquen los internos que se encontraban en el lugar donde ocurrieron los hechos y que se paralicen las expulsiones de los testigos y los denunciantes para poder llevar a cabo una investigación exhaustiva.
Por último, que, ante la imposibilidad de la Administración de facilitar unas condiciones de habitabilidad dignas de las personas privadas de libertad que se encuentran bajo su tutela, “se cierre de forma permanente el CIE de Valencia, espacio que, con su mera existencia, vulnera los derechos humanos de las personas, y en el que se han interpuesto más de treinta denuncias por palizas, maltrato y humillaciones”.
