Los jueces muestran su preocupación por el aumento de casos de corrupción

Esta semana se celebraban en Sevilla las XXIII jornadas de jueces decanos de España, una cita que ha estado muy ligada a la actualidad, sin olvidar las clásicas reivindicaciones de mayores medios para la Administración de Justicia. Las Jornadas han puesto su punto de mira, como no podía ser de otro modo, en la corrupción, una problemática que colapsa los juzgados.

Ante esta situación, una de las propuestas más novedosas de los magistrados es la de establecer equipos de jueces que investiguen de forma conjunta los casos complejos de corrupción a fin de agilizar el procedimiento, “la delincuencia organizada cada día es más complicada. Si los delincuentes trabajan en equipo, pues hagámoslo nosotros también, y con medios suficientes y adecuados para dar una respuesta eficaz”, destacaba el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer.

Durante las jornadas nacionales, los jueces han estado planteando la posibilidad de ver cómo se podría articular la creación de una medida encaminada a que varios jueces se dedicaran a instruir un determinado procedimiento que tenga una complejidad desmesurada o, según qué caso, se establecieran unos jueces que apoyarían a otros en funciones jurisdiccionales pero bajo la dirección de un juez instructor-director.

En definitiva, “apoyar y ayudar a los jueces que están llevando los grandes temas de corrupción”, según explica Viguer, que apunta también a la posibilidad de la figura de un juez secundado por jueces colaboradores pero sin funciones jurisdiccionales, es decir, encargados de preparar las declaraciones, la documentación, estudiar jurisprudencia, etc.

Los jueces aún no han elevado tal propuesta a su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que aún desconocen cómo se podría articular..La iniciativa legislativa correspondería al Ministerio de Justicia, añade Viguer, si fuera sensible a ese tipo de propuestas, aunque a nivel del CGPJ también se podría desarrollar con un reglamento interno, estima.

Círculo vicioso

Viguer explicaba que, pese a que esta posibilidad se viene comentando en algunos foros judiciales, es el momento de estudiarla definitivamente, “la corrupción es un tema que socialmente preocupa, pero que a la judicatura también le preocupa desde el punto de vista de la eficacia. En este sentido, añadía que un gran tema de corrupción ”puede paralizar un juzgado y hay que arbitrar de manera inmediata mecanismos de refuerzo para que el titular del juzgado pueda dedicarse en cuerpo y alma y con toda intensidad al asunto de corrupción“.

Respecto a los refuerzos, ha apuntado el decano de los jueces de Valencia que “muchas veces llegan tarde o no llegan” a causa de la burocracia, ya que intervienen CGPJ, Ministerio de Justicia y la consejeria de la comunidad autónoma correspondiente, “es un círculo vicioso que condiciona fundamentalmente el funcionamiento del poder judicial”.

Según Viguer, estas ayudas a los juzgados que instruyen grandes casos de corrupción no supondrían un gran coste económico, “es una cuestión de voluntad”. Por ello, sentenciaba el decano de los jueces de Valencia que “no se podrá investigar adecuadamente la corrupción si no es con juzgados con los medios materiales y humanos adecuados”, por lo que invitaba a reflexionar sobre este tema.

Aumento denuncias por corrupción

Precisamente hace unos días, el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, presentaba ante Les Corts la memoria de la Fiscalía de 2012. Este documento arrojaba unos datos preocupantes, como por ejemplo que en 2012 aumentaron en un 33% las denuncias por casos de corrupción.

Montabes reconocía que existen demasiados casos de corrupción en la Comunitat Valenciana, “vamos a intentar poner solución, pero es necesario que se denuncien los casos, que se investigue y que nadie ponga trabas”. Precisamente, desde la oposición criticaban al respecto que la Justicia “nunca ha sido prioritaria para el Consell”.

Policía Judicial independiente

Entre otras propuestas de los jueces decanos analizadas durante el encuentro celebrado en Sevilla está la de crear una Policía Judicial que dependa orgánica y funcionalmente de los jueces, así como crear un cuerpo funcionarial de peritos contables a disposición de los juzgados y tribunales, con el fin de no tener que acudir a la Agencia Tributaria o a la Intervención General del Estado, a los que se les cuestiona su propia imparcialidad precisamente por pertenecer a la propia Administración, según concluía Viguer.