La hora de la verdad para Carlos Fabra
El juicio a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, se acerca a su recta final después de que el juez, Esteban Solaz, haya escuchado a todos los testigos, más de setenta. Lo que llevamos de juicio se podría resumir por lo sucedido en cada una de las ocho sesiones celebradas hasta la fecha.
Día 1.- La Fiscalía señala que Fabra medió ante diversos ministerios y responsables políticos para conseguir licencias para los productos de Naranjax, empresa de Vicente Vilar, así como recuerda el “elevado número de operaciones bancarias realizado por Fabra y su exmujer”. Mientras tanto, su abogado niega que éste se valiera de su cargo y las defensas piden la absolución de sus patrocinados.
Día 2.- Testifica el expresidente de la Diputación de Castellón, quien asegura que ha funcionado con préstamos y la “caja familiar”, apunta que su mujer nunca intervino en temas económicos y acusa a Vilar de intentar perjudicarle por “odio visceral”. Fabra reconoce que cobraba de Vilar, “pagué el IVA y mis impuestos” y desmiente haber hecho “un sólo movimiento para pedir algo en beneficio de Naranjax”, aunque afirma respecto a Vilar que “había llenado de maletines el Ministerio”, circunstancia reconocida por el empresario, quien también asegura que su exmujer le dio dinero a la exposa de Fabra, ingresos “lícitos y legítimos”. Prim reconoce que hizo gestiones, “dentro de la legalidad”.
Día 3.- Testifican, entre otros, los exministros Jesús Posada y Celia Villalobos, que niegan su intervención en el procedimiento de autorización de registros de los productos de Naranjax. De igual modo, la administrativa y el asesor fiscal de la empresa apuntan que Naranjax incrementó su facturación en los últimos años, pasando de 300 a 1.000 millones de pesetas, y que se movía “mucho dinero en efectivo”. El exdiputado Ricardo Costa indica que acudió a una reunión por un encargo profesional de Vilar, mientras que un empresario declara que en 2001 anticipó 11 millones de pesetas a Vilar para el expresidente de la Diputación.
Día 4.- Testifica el chófer del exdirigente popular, quien reconoce que ingresaba dinero en sobres en el banco “de vez en cuando”. Ex responsables de la Conselleria de Medio Ambiente confirman la presencia de Fabra en diferentes reuniones, al tiempo que niegan ningún tipo de presión.
Día 5.- Un ex alto cargo del Ministerio de Agricultura, Juan José Millán, confirma el interés de Fabra en los productos de Naranjax, aunque puntualiza que no tuvo ninguna presión política.
Día 6.- El diputado y exconseller Esteban González Pons asegura que Fabra no hizo nada para que él mediase y favoreciese a la empresa, así como puntualizó que “tampoco habría sido algo raro intentar beneficiar a empresas de su región”. Por otro lado, un exinspector de Hacienda declara que no hay una explicación “razonable” de los “múltiples” ingresos en efectivo en las cuentas de Fabra, así como que éste no colaboró en la inspección.
Día 7.- Un perito de Hacienda asegura que es “imposible” que Fabra y su exmujer puedan justificar los ingresos realizados entre 1999 y 2004 por valor de 3,2 millones de euros, la mayoría de ellos en efectivo. En total, en esos ejercicios se detectaron en las cuentas más 9,5 millones de euros en ingresos.
Día 8.- El experto de la Agencia Tributaria asegura que la forma de amortizar préstamos del matrimonio Fabra-Fernández, con cantidades en efectivo y sin justificar la procedencia, es “de manual de blanqueo de dinero negro”, además de indicar que los movimientos de 1,9 millones de euros en tarjetas de crédito corresponden a operaciones “de casino”.
Antecedentes
El pasado 2 de octubre comenzaba en los juzgados de Nules, después de casi una década y tras pasar nueve jueces por la causa, el juicio a Carlos Fabra por el caso Naranjax. El expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón está siendo juzgado por un triple delito de fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular de la Unión de Consumidores (UCE) reclaman para Fabra 13 años de prisión, así como se solicita una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización a la Agencia Tributaria de 693.000 euros. También están imputados su exesposa, Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y su ex mujer, Monrserrat Vives, y el exsenador popular Miguel Prim.
Según la acusación, el exdirigente provincial se aprovechó de su cargo para mediar ante las instituciones para la obtención de licencias para los productos fitosanitarios que fabricaba Naranjax, empresa propiedad de Vilar, quien presentó la denuncia contra Fabra en 2002.
Los hechos se remontan a 1999 y Fabra, según la acusación, habría ocultado a Hacienda ingresos por valor de 1,9 millones de euros, que se sumarían a los de Amparo Fernández, de 1,47 millones.
