¿Es la ley antidesahucios de Puig la más avanzada de España?
Pese a que no es tan visible, el drama de los desahucios no cesa. La Comunidad Valenciana se sitúa como la tercera autonomía con más lanzamientos hipotecarios de España. Episodios tan trágicos como el acontecido hace unos días (el suicidio de un hombre al que iban a desahuciar) refleja la cara más cruel de este problema sin resolver. Al que la Ley por la Función Social de la Vivienda que impulsa el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra quiere poner fin.
Para frenar de la forma más efectiva posible el drama hipotecario, Puig defendió que esa ley es “la más avanzada de España”. Estas son las diferencias y puntos en común con otra de las normas antidesahucios más vanguardista: la vasca. La catalana no es comparable porque está por detrás y la andaluza está paralizada por el Tribunal Constitucional.
-Derecho subjetivo a la vivienda. El anteproyecto de la norma estrella de la consellera de la materia, María José Salvador (PSPV-PSOE) reconoce “el derecho subjetivo de acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada” y declara “la función social de la vivienda sobre la propiedad”. La ley impulsada por el PSOE-PSE en el Parlamento vasco y que aplica el PNV tras aprobarlo la cámara vasca sigue la misma línea: reconoce ambas cosas. Aunque el derecho subjetivo en el acceso se reconoce de forma escalonada cada año en función de los ingresos.
-Expropiación a los bancos. Es uno de los puntos más polémicos que ha sido incluido en la norma antidesahucios valenciana. Eso sí, se tomará como último recurso si, cuando una persona no pueda pagar el alquiler o la hipoteca, la entidad financiera no acepta la obligación de ofrecer un alquiler social durante tres años. En el mismo sentido está establecido en la normativa vasca: habrá expropiación si no hay alternativa habitacional. El precio del alquiler social en el caso de la ley que aplica el PNV no puede superar el 30% de los ingresos, mientras que en la valenciana es un 25%. Pero hay una diferencia sustancial: la valenciana mantiene en suspenso la posibilidad de la expropiación hasta que no caduque la ley del Gobierno de Mariano Rajoy que lo impide para evitar un choque de competencias.
-Penalización de viviendas vacías. La ley del Consell establece que se considera una vivienda vacía cuando al pasar dos años esté deshabitada. Cuando ocurra eso, la Generalitat dará un plazo de seis meses para que los grandes propietarios -quedan al margen de esta consideración las segundas residencias o casos similares- busquen inquilino entre los múltiples programas y ayudas que impulsará paralelamente la conselleria de Salvador. Si se incumple, se sancionará según la gravedad con multas desde los 600 a los 30.000 euros. La ley vasca tiene el mismo patrón para considerar una vivienda vacía, pero difiere en las sanciones: grava con un canon de 10 euros por metro cuadrado la vivienda que siga sin habitar. Un impuesto que se incrementa un 10% cada año, pero que no puede triplicar la tasa inicial.
-Vivienda pública. Con un parque de inmuebles público escaso y deteriorado, el Consell en dos años rehabilitará las 700 viviendas públicas que tiene y construirá más. La ley vasca del 2015, en cambio, apuesta por fomentar el alquiler durante los siguientes cinco años en el 80% de su parque público y establece que no se edificará más vivienda social.
-Suministros básicos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en sus reivindicaciones apuesta por garantizar el pago de los suministros esenciales (luz, agua, gas). La ley valenciana recoge ayudas destinadas exclusivamente a evitar la pobreza energética. La vasca no lo contempla.
