Inclusión social: Nuestra hoja de ruta hacia una sociedad más justa

«¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?» es una comedia de los 90 dirigida por Manuel Gómez Pereira cuyo título utilizo para lanzar una pregunta dramática: ¿por qué lo llaman Servicios Sociales cuando quieren decir asistencialismo? Desde que aterricé en la Delegación de Inclusión Social de la Diputación de Valencia, no paro de pensar en ello. ¿Se acuerdan ustedes de «Plácido» la gran película de Berlanga que ridiculizaba la política social del franquismo con aquello de “ponga un pobre en su mesa”? Pues exagerando un pelín, poco hemos avanzado en esta materia a fecha de 2016, y allí donde se había empezado a construir mínimamente un sistema de servicios sociales público, con vocación universal y basado en la justicia social, las políticas neoliberales se han encargado de debilitarlo, fragmentarlo y privatizarlo, generando una auténtica involución. Y lo más grave, presentándose con apariencia de inevitabilidad.

En la Delegación de Inclusión Social, mi equipo y yo misma nos hemos encontrado un panorama desolador, concretamente, con un modelo asistencial caracterizado, como ya he indicado, por: 1) la externalización de los servicios públicos hacia las empresas –cuyo criterio, obvio es decirlo, es la pura rentabilidad económica– y hacia las entidades privadas –sean religiosas o no–; 2) la fragmentación y la sectorización de la realidad social a través de múltiples convocatorias de subvenciones con escaso presupuesto que, por un lado, incrementaban la burocracia para los equipos de los servicios sociales municipales, y por otro, tienen una prácticamente nula incidencia en la resolución de los problemas sociales; 3) la ausencia de cualquier tipo de planificación, por no hablar de evaluación de las políticas públicas; 4) la imposición de dinámicas de trabajo piramidales, sin ningún tipo de participación de los y las profesionales; 5) el centralismo y la imposición de criterios políticos y la arbitrariedad frente a la preponderancia de criterios técnicos; 6) la ausencia total de coordinación política o interadministrativa con la Generalitat; 7) la falta de transparencia… por citar sólo los aspectos más reseñables.

Darle la vuelta a ese modelo no está siendo fácil, sin duda; pero me considero una persona con las ideas claras y con una férrea determinación para llevarlas a cabo. Y la apuesta de la Delegación de Inclusión Social de la nueva Diputación es, precisamente, cambiar ese (anti)modelo por un nuevo modelo de Derechos Sociales; en definitiva, por Justicia Social. Nuestra meta es desarrollar y fortalecer los servicios sociales públicos, universales y de calidad, partiendo de los principios de normalización, accesibilidad universal y no discriminación y aplicando la máxima transparencia y la participación, así como la coordinación con la Conselleria de Inclusión, que es fundamental. El municipalismo, entendido desde el compromiso de la Diputación con la cooperación técnica y económica de los Ayuntamientos de la provincia, es también uno de los pilares del nuevo modelo. Hay que escuchar, valorar y respetar a los y las profesionales, que deben ser los agentes centrales en este nuevo modelo social, de corte municipalista, basado en la atención a la prevención y a las causas de la exclusión social, así como en la intervención comunitaria, frente a una gestión mayoritariamente burocrática de ayudas meramente paliativas.

Ya hemos realizado pasos importantes en este sentido. Vamos a reducir las convocatorias a una única para las Entidades Locales, incluyendo líneas específicas como la dirigida a la lucha contra el empobrecimiento energético e integrando la convocatoria de ayudas de asistencia nutricional, sobre cuya gestión los Ayuntamientos tendrán plena libertad y capacidad de decisión. De esta manera, los y las trabajadores sociales dejarán de ser meros gestores de subvenciones para poder realizar las tareas de asistencia, prevención e intervención comunitaria que necesitan las personas y las familias de nuestros municipios y comarcas. Por supuesto, mantenemos un contacto directo y muy próximo con los equipos sociales de base que, acostumbrados al ninguneo más absoluto, nos transmiten cada día su satisfacción por la labor de escucha que realizamos desde la Delegación de Inclusión Social, y cómo no, hemos generado espacios de diálogo con la Conselleria con el objetivo de remar en la misma dirección y multiplicar así los impactos positivos de la gestión. De momento, el feedback generado a través de este diálogo multinivel es bastante positivo y nos anima a seguir en esa dirección.

No obstante, somos conscientes de que tenemos mucho trabajo por delante y de que para ello hace falta presupuesto y personal. Obras son amores, que dice el refrán popular, o cómo diría Pierre Bourdieu, «la mano derecha del estado no puede desentenderse de la mano izquierda». Por eso, poner a las personas en el centro de las políticas públicas y trabajar por la igualdad implica un compromiso ideológico que debe ir acompañado de la correspondiente redistribución de los recursos por la vía presupuestaria. Vamos a trabajar duro porque la nueva Diputación asuma el más elevado compromiso hacia este cambio de paradigma, y de esta manera, caminemos hacia una sociedad más justa y cohesionada.

Esta es la hoja de ruta de la Delegación de Inclusión Social de la nueva Diputación de Valencia. No nos desviaremos de nuestros objetivos.

*Rosa Pérez Garijo es Diputada Delegada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica en la Diputación de Valencia