Compromís afirma que negociará los Presupuestos del Estado exigiendo un 11% de la inversión
Un 11% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la cantidad equivalente a la proporción de población del País Valenciano dentro del estado, es lo que exige Compromís para aprobar las cuentas que elabora el gobierno del PP para el actual año.
Así lo ha afirmado el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, en una rueda de prensa conjunta con representantes políticos de la coalición en el Consell, en la Diputación de València y en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y también junto a Àgueda Micó, responsable del área de Organización de la Coalición Compromís.
Todos los representantes han coincidido para reclamar conjuntamente en Madrid “un trato justo ante las negociaciones” para aprobar los presupuestos de 2017.
Baldoví ha afirmado que Compromís “no se quedará al margen de las negociaciones en Madrid y que estarán muy vigilantes porque los intereses valencianos estén representados”. En ese sentido ha apoyado la iniciativa del presidente de las Corts, Enric Morera, de crear un frente valenciano en el Congreso, independientemente de su formación política, “para que todos los diputados valencianos defiendan que las inversiones del Estado se ajusten al peso de la población de cada comunidad y reclaman por la País Valenciano, al menos un 11%”.
Por otro lado el portavoz en el Congreso de la coalició también afirma que reclamarán a los PGE, que seguramente se presentarán a principios de abril, que se prorrogue la disposición adicional 6a que permite en los ayuntamientos poder gastar el superávit que han generado.
Por lo que respecta a proyectos concretos Compromís anuncia que luchará para que se tengan en cuenta reivindicaciones históricas como el tren de la costa entre Gandia y Dénia, el contrato programa de transporte metropolitano de València, el túnel pasante e inversiones en cercanías de València y Alicante, así como “un trato justo en infraestructuras culturales marginadas hasta ahora como la IVAM, el Palau de les Arts o el Castillo de Sagunt”, entre otros.
Precisamente la financiación municipal ha centrado buena parte de las intervenciones. La Secretaria Autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha explicado que “la ley de estabilidad presupuestaria que obliga las corporaciones locales a mantener una situación de equilibrio o superávit presupuestario fue aprobada en un escenario con un déficit y una deuda descontrolat y una economía en contracción y que ahora se ha convertido en una trampa para muchos ayuntamientos”.
Maria Josep Amigó, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, ha destacado que “todas las instituciones valencianas, a una voz, queremos reclamar respeto para los valencianos y que nos lleguen las inversiones que nos corresponden por justicia”. Amigó ha defendido la tarea que los municipios han hecho para ajustar sus presupuestos durante los últimos años y ha reclamado que el Gobierno flexibilice el techo de gasto para dar oxígeno a las políticas sociales municipales.
