Confirman el procesamiento de Sonia Castedo por beneficiar a Enrique Ortiz y otros empresarios en el PGOU
Un tribunal ha confirmado el procesamiento de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) por beneficiar a cambio de diferentes dádivas, supuestamente, al empresario Enrique Ortiz, también procesado, con el diseño del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El auto dictado por la sección segunda de la Audiencia Provincial, notificado este lunes a las partes y al que ha tenido acceso Efe, avala en líneas generales la investigación dirigida por el juez instructor, Manrique Tejada, y sitúa en la antesala de juicio a ambos sospechosos por esta pieza derivada de la Operación Brugal.
El constructor y la exalcaldesa se sentarán en el banquillo de los acusados junto al antecesor de Castedo en la corporación, el también popular Luis Díaz Alperi, cuyo procesamiento ya ratificó otra sala, y otros seis implicados.
En cambio, la Audiencia ha dictado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al arquitecto que diseñó el PGOU bajo sospecha, Jesús Quesada, al no apreciar indicios de que facilitara a Ortiz información reservada.
El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado de instrucción 5 de Alicante, dictó en enero pasado la transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado para diez imputados por supuestos delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho.
La Sección segunda ha confirmado ahora esa resolución por lo que respecta a siete de los ochos investigados que recurrieron ante ella en fase de apelación y únicamente la ha revocado con respecto a Quesada.
El auto de apelación, del que ha sido ponente el magistrado Julio José Úbeda, determina que las conductas atribuidas a Castedo “pudieran ser constitutivas de delito”, tal y como concluyó el juez Tejada en “un extenso relato fáctico que se sustenta en indicios”.
El tribunal pone como ejemplo de esos indicios la conversación telefónica que mantuvo la entonces concejal de Urbanismo (antes de ser alcaldesa) con Ortiz el 21 de mayo de 2008, en el que el constructor pidió a su interlocutora que le mostrara cómo iba a quedar el futuro PGOU para poder comprar suelo.
“Consideramos que sí existen indicios de delito, que los mismos aparecen relacionados en el auto de pase a procedimiento abreviado, justificando su dictado y la celebración, en su caso, del plenario”, responde ahora la Audiencia a los abogados de la exalcaldesa.
El auto recuerda, asimismo, que la calificación jurídica concreta de los delitos cometidos por los encausados no corresponde al juez instructor sino a las partes personadas en el proceso a través de sus escritos de conclusiones.
En esta línea, la Audiencia señala que también existen suficientes indicios delictivos contra Enrique Ortiz para llevarlo a juicio, por lo que desestima su recurso de apelación.
Los magistrados llegan a esa misma conclusión respecto a los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano este último de la exalcaldesa, tanto por sus relaciones con Ortiz como con el exalcalde alicantino Luis Díaz Alperi.
La sala también ha confirmado el procesamiento por cohecho del empresario Pablo Rico y dos directivos de las empresas de Ortiz -Virgilio Ortiz, hermano del propio promotor, y Santiago Bernáldez-, por participar presuntamente en la extracción de importantes cantidades dinero en efectivo destinadas, según la investigación, a sobornar Díaz Alperi.
En cambio, ha exculpado al redactor del PGOU, Jesús Quesada, de los delitos de tráfico de influencias y revelación de información privilegiada por los que estaba siendo investigado, pues se desconoce qué información pudo facilitar exactamente a Ortiz, “su extensión y relevancia”.
