La Diputación de Alicante reduce a 145 euros las ayudas para retirar símbolos franquistas
La Diputación de Alicante, presidida por el popular César Sánchez, ha rectificado y finalmente ha dejado casi sin efecto la línea de ayudas de 2017 para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica y posibilitar la retirada de símbolos franquistas en poblaciones de las comarcas alicantinas inferiores a veinte mil habitantes. Esas subvenciones, aprobadas en su día por el pleno de la institución, contemplaban un importe de 50.000 euros que finalmente ha quedado reducido… a 145.
Tan irrisoria cantidad irá a parar a la población de Daya Nueva, controlada por los independientes. Por distintos motivos, la Diputación ha denegado las subvenciones al resto de los municipios que las habían solicitado: se trataba de Callosa de Segura (PSOE) y el traslado de su polémica cruz de los caídos, l’Orxa, gobernada por una agrupación ciudadana, y Benissa, ahora en manos de un tripartito de izquierdas.
En el caso del municipio de la Marina Alta, su concejal de Patrimonio Histórico, Xavi Tro (Compromís), explicó que lo que se pretendía era desmontar las famosas placas del Ministerio de la Vivienda con la simbología de la Falange que se colocaron en edificios construidos sobre todo en la década de 1960. Estas enseñas aún puede contemplarse especialmente en el barrio de Sant Nicolau, aunque también en otros lugares de la vía pública.
La Diputación ha rechazado la ayuda para retirar las placas al considerar que están colocadas sobre edificios de titularidad privada y no municipal. Sin embargo, Tro rechazó ese argumento. Y señaló que la Ley de la Memoria Histórica obliga a eliminar todo tipo de iconografía franquista independientemente del tipo de propiedad del inmueble o monumento afectado.
Para Tro el problema es otro: “Es la misma forma de proceder del PP de toda la vida, que sigue negándose a condenar el franquismo y hablando de alzamiento en vez de golpe de Estado [en referencia a la sublevación militar de julio de 1936]”. “Mantener estos elementos de la época más negra de nuestra historia sería impensable en otros países como Alemania o Italia, pero aquí no podremos pasar página hasta que no sean retirados”, agregó el concejal.
Benissa en realidad no pedía demasiado dinero, apenas 1.500 euros (de los 50.000 que había consignado la Diputación) para contratar a dos autónomos que procedieran a la retirada de las placas.
