El PP recurre el decreto de lenguas en la administración porque “margina y excluye” al castellano
En un momento en el que el valenciano cada vez se conoce cada vez más pero se habla cada vez menos, el PP mantiene su guerra contra las políticas del Consell de fomentar el uso de la lengua, al que han acusado de “seguir al juego del independentismo” por ello. Así, tras sus campañas contra el decreto de plurilingüismo en la educación y del uso del valenciano en el Ayuntamiento de València, ahora presenta ante el TSJCV un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la administración de la Generalitat porque “margina y excluye” al castellano.
El presidente del Grupo Popular en Les Corts, Jorge Bellver, y la portavoz de Justicia del grupo, María José Ferrer San-Segundo han explicado que el pasado noviembre ya presentaron ante la Dirección General de Política Lingüística una serie de observaciones, “pero el Consell no hizo ni caso y eso nos obliga a interponer un recurso contencioso-administrativo y pedir la suspensión cautelar de este decreto”. El recurso se registró el pasado 12 julio; no obstante cabe destacar que el mismo tribunal ya desestimó la suspensión cautelar del decreto solicitada por el sindicato CSIF.
Bellver ha afirmado que desde el GPP “pensamos que el valenciano, una de las señas más importantes de identidad de nuestro territorio, se defiende con la formación, no con la imposición”. El diputado popular ha explicado que el Consell “dice que este decreto se redacta por el interés ciudadano, pero lo cierto es que en todo 2016 solo hubo 82 quejas en este apartado (86 según el Síndic de Greuges). En cambio, de las 1.120 quejas de dependencia, que suponen el 13% de las presentadas, no dicen ni palabra. Oltra está desaparecida, huye de Les Corts y no quiere dar explicaciones. Es inaceptable”.
Jorge Bellver ha señalado que la marginación del castellano “es uno de los principios fundamentales en los que se basa el recurso”. “Entendemos que para defender el valenciano no hace falta marginar el castellano, y es lo que se produce aquí, con un ataque innecesario. En 13 de los 17 artículos el valenciano no solo se califica de preferente, sino como excluyente. En notificaciones, procedimientos administrativos y comunicaciones de la administración el valenciano ha de ser preferente. Cuando alguien pida que esté en castellano ¿se paraliza el proceso?”, se ha preguntado.
A juicio de Bellver, “el Consell y especialmente Compromís busca, y así aparece constantemente en todo el decreto, poner al mismo nivel la cooficialidad de las lenguas y el ámbito lingüístico común, y no tiene nada que ver la cooficialidad de una lengua con el ámbito lingüístico, que es un concepto extrajudicial”.
