La alcaldesa de Gandia: “Cerré los despachos para evitar que se robara documentación pública”
“No es lo mismo estar implicado en la trama Púnica que cerrar un despacho para impedir que se robara documentación pública”. Así ha respondido la alacaldesa de Gandia, la socialista Diana Morant a la querella presentada por el PP contra ella y otros miembros de su equipo.
Morant ha declarado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad como investigada por supuestos delitos de prevaricación, revelación de secretos, falsedad y coacciones, a raíz de una querella del PP.
En esta misma causa hay otros cuatro investigados, entre ellos el coordinador municipal de Hacienda, Salvador Gregori, y el actual director del Consorcio Valencia 2007, Vicent Llorens.
La querella que dio pie a esta causa fue presentada en marzo de 2016 por el grupo popular por el “asalto a los despachos de concejales y empleados públicos antes, durante y después de la sesión de investidura donde se produjo el cambio de gobierno”.
Según ha explicado en un comunicado el secretario general de los populares de Gandia, Vicent Gregori, durante la celebración del pleno de investidura y en los días sucesivos se impidió el acceso a sus dependencias de trabajo a varios empleados públicos, así como a los ediles salientes del PP.
Estos hechos, según Gregori, fueron cometidos por “personas no autorizadas a llevar a cabo dichos fines y por personal político que ni siquiera había sido nombrado, en algunos casos custodiados por agentes de la autoridad”.
Todo ello, según el secretario del PP, “sin procedimiento administrativo alguno”, y tras esta operación “se ha podido cotejar la falta de documentación, borrados o modificaciones de los equipos informáticos”.
Por todo ello, Gregori ha exigido la dimisión de Morant y “la misma contundencia que ella desea aplicar a los populares”.
Morant ha señalado, por su parte, que tomó aquellas decisiones “para salvaguardar información importante que durante cuatro años se ocultó a la oposición, los técnicos municipales y los habilitados nacionales que tienen como función fiscalizar lo que pasa en un ayuntamiento”.
“Como medida cautelar y urgente”, ha añadido Morant, “se impidió el acceso a la empresa pública y se requisó la documentación y los ordenadores de trabajo. Con el paso del tiempo y la cantidad de pufos que han visto la luz, entendemos porqué algunos extrabajadores de la empresa pública que gestionaba el PP querían entrar en las dependencias”.
“Yo no tengo miedo ni a la verdad, ni a la justicia, ni a los medios, ni a la ciudadanía”, ha señalado la alcaldesa de Gandia. “Frente al oscurantismo, transparencia. Frente a los aforamientos cobardes, valentía”
