Acusaciones sobre contrataciones irregulares vuelven a agitar las aguas de Divalterra
Pese a la catarsis que se ha querido someter a la empresa pública de la Diputación de València Imelsa, asociada a la presunta trama de corrupción de Taula en la época del PP de Alfonso Rus, transformándola en la nueva Divalterra con el gobierno de Jorge Rodríguez, las sombras de viejas prácticas vuelven a agitar las aguas de la institución, todo aderezado con acusaciones de intereses partidistas internas.
Según desvela la Cadena Ser estos días se ha conocido un informe de un auditor interno de Divalterra en la que se alerta sobre contrataciones fuera de proceso durante los últimos meses dentro del área dependiente del gerente Víctor Sahuquillo (PSPV), contrataciones que no seguirían los precedimientos establecidos por Divalterra y que escaparían al conocimiento de la otra gerente de la empresa, Agustina Brines (Compromís).
Entre los reparos a las contrataciones se destaca el no haberse realizado con anterioridad el procedimiento administrativo, tener facturas de dietas de difícil justificación, y el hecho de que no se contara con la firma de Brines.
En su defensa Víctor Sahuquillo, en declaraciones a la misma emisora, afirma que se trata de incidencias perfectamente subsanables, pero no de irregularidades porque no las habría permitido el servicio jurídico, y que tampoco ha habido troceamiento de contratos; es más, el gerente asegura que se contó con los informes técnicos necesarios.
Ante esta situación Sahuquillo carga contra el auditor, a quien acusa de haber realizado el informe cuando todavía no se había acabado el procedimiento. Con ello además reprocha al auditor que demuestra desconocimiento y que no dice la verdad.
Pero Sahuquillo va más allá y arremete contra el auditor recordando que fue contratado por el anterior gerente nombrado por Alfonso Rus, Rafael Soler, del PP. No obstante también destaca que si ha aflorado este episodio es porque existen mecanismos de control como las auditorías, control que no existía en otros tiempos por lo que se ha judicializado su gestión.
