La integración supranacional en Europa no ha sido un camino rectilíneo. Sesenta y cinco años de historia tras la creación de la primera de las tres comunidades europeas nos muestran una evolución a golpe de crisis y saltos hacia delante. Movimientos de reacción que en lugar de solucionar los déficits democrático y social que la UE traía de partida los han ido agravando, hasta el punto que ya muchos se preguntan de manera abierta si Europa vive en permanente crisis o si es en sí misma el motivo de la crisis.
Pero lo cierto es que, a pesar de todas las tensiones, la Unión ha conseguido mantener su integridad y sus objetivos de partida, hasta el momento. Para ello ha venido recurriendo a distintas estrategias, que han pasado en ocasiones por no aceptar un “no” por respuesta y en otras por forzar un “sí” por diversas vías. Así, no podemos olvidar que el camino para solventar el “no” de Dinamarca al Tratado de Maastricht fue hacerles volver a votar. Algo parecido sucedió con los dos “no” de Irlanda a sendas reformas de los Tratados; diferente pero también cuestionable fue el conjunto de reacciones que se sucedieron tras el rotundo “no” del pueblo griego. Cuestión distinta aunque igualmente efectiva fue la gestión de lo que parecía una victoria de la ciudadanía contra un proyecto europeo que se alejaba de su control en el año 2004. Tras los dos “no” a la “Constitución Europea” de Francia y Holanda, la UE dio su gran salto adelante aprobando, sin pena ni gloria ni debate público, el Tratado de Lisboa que recogía la práctica totalidad del proyecto rechazado.
Sorteados así los obstáculos más explícitos y gracias al manejo de los consensos, las cesiones y las amenazas más o menos evidentes, la Unión y su arquitectura jurídico-institucional ha conseguido convertirse en un instrumento perfecto para garantizar un rumbo político casi inmutable, independiente o poco amenazado por el color de los gobiernos nacionales de turno. En efecto, y en particular en los últimos años, las decisiones en materia económica tomadas por la UE, pero sin participación del Parlamento Europeo, o bien han sido la vía perfecta para que determinados gobiernos, como el español, adoptaran decisiones anti-sociales “bajo el mandato europeo”, pagando por ellas un coste político cercano a cero; o bien han sido la vía utilizada para limitar la capacidad político/normativa en países como Grecia. En otras palabras, en un buen número de ocasiones la UE y su Consejo fungen como pantalla de las voluntades inconfesables de una parte de los Estados miembros, que se imponen a los otros con estilo ciertamente poco democrático. Siendo así, debemos preguntarnos qué margen de cambio político queda en manos de los legisladores estatales frente a la bulimia competencial de la UE.
Una de las vías más acabadas y menos conocidas para esta infiltración de Bruselas en las políticas estatales, que trataremos con asiduidad en estas páginas, es el Semestre Europeo. Se trata de un mecanismo mediante el cual los Gobiernos nacionales se obligan a negociar sus presupuestos y Planes Nacionales de Reforma con la UE y a aceptar las recomendaciones del Consejo y la Comisión, antes de someter la implementación de los mismos a sus respectivos parlamentos. Como se reconoce en un informe financiado por el Parlamento Europeo, las políticas de austeridad derivadas de la aplicación las Recomendaciones por País aprobadas por el Consejo para España en el marco de ese semestre han dado lugar a graves retrocesos en materia de bienestar y de derechos fundamentales (sanidad, educación, derechos laborales). Aun así, la lectura de las Recomendaciones aprobadas para España en julio de 2015 mantenía la senda de establecer, entre otras, medidas como la adecuación de los salarios a la productividad. Teniendo en cuenta que nuestros salarios medios se han reducido 8 puntos desde el año 2000, la Recomendación es ciertamente cuestionable. Pero como venía señalando, este Semestre europeo y su impacto en nuestra vida diaria queda opacado y alejado del debate político, manteniéndose la dinámica habitual en la UE de considerar que las decisiones en materia económica deben mantenerse en manos de los técnicos y alejados de la política representativa.
Otras cuestiones, ciertamente también fundamentales, dominan la agenda mediática de la UE. La grave crisis humanitaria mal gestionada que golpea el Mediterráneo sigue protagonizando los rifirrafes entre el Consejo y el Parlamento. El acuerdo con Turquía, en ejecución del cual la agencia Frontex “transportó” 124 personas entre Grecia y Turquía el pasado sábado, sigue siendo un objeto jurídico identificado que ha recibido de enormes críticas en el seno del Parlamento por su imposible justificación desde el punto de vista del derecho de la UE. Para avivar el debate, el Parlamento aprobó el jueves un texto en el que, entre otras cosas, critica el comportamiento de Turquía respecto de la protección de los derechos humanos, lo que ha provocado una airada reacción desde Ankara.
Por otro lado, y aun a pesar de su incapacidad en materia de iniciativa legislativa, el Parlamento europeo mantiene una frenética actividad respecto de la cual también daremos cuenta en este blog. Como muestra es importante destacar que el europarlamento acaba de aprobar temas de innegable importancia: la creación de un fichero de datos de todos los clientes de las aerolíneas en la UE o la Directiva de secretos comerciales. Respecto de ambos textos la mayoría ha sido clara, la gran coalición entre socialdemócratas y populares funciona habitualmente, impermeable a las críticas desde el ala izquierda que, en concreto respecto del segundo texto alzaron la voz para denunciar el posible impacto de esta nueva protección especial dedicada a las empresas sobre las libertades de expresión e información, la denuncia de irregularidades o los derechos de las y los trabajadores.
Son muchos los debates actuales que se quedan en el tintero en este post inaugural: el Brexit, los papeles de Panamá, el Informe de los 5 Presidentes, la pretendida unión fiscal, los planeados “Consejos de Competitividad”, el desequilibrio institucional y la lejanía existente entre de las Instituciones de la UE y la ciudadanía de la misma. Pero tiempo habrá para su desarrollo y para la valoración de los efectos posibles sobre nuestra realidad cotidiana. Como cierre cabe traer aquél célebre discurso que, en el Colegio de Europa de Brujas desde donde se escribe este post, pronunció en 1988 Margaret Thatcher. La dama de hierro planteó su visión de la UE basada en la consecución de tres objetivos comunes: maximización del libre comercio, primacía de la integración en el ámbito económico y adopción de métodos de decisión intergubernamentales. Para haber sido considerada una euroescéptica, lo cierto es que su receta parece haber tenido éxito.
