Los testigos coinciden, Cyes no cumplía los requisitos
Los testimonios que están desfilando por el juicio por el 'caso Cooperación' o 'caso Blasco' no paran de dejar en evidencia que las subvenciones a la Fundación Cyes (Cultural y Estudios Sociales) no estaban ni mucho menos justificadas. El último ha sido el de Amparo Baixauli, quien ha reconocido este martes que esta ONGD no tenía acreditada la experiencia previa, requisito indispensable para poder optar a las ayudas.
Baixauli elaboró, después de que se solicitara, un informe evaluador que no coincide con el documento definitivo que constaba posteriormente en la extinta conselleria de Solidaridad y que sí que se constataba la capacidad de Cyes, “es justo lo contrario de lo que yo escribí”, al tiempo que aseguró desconocer quien era el autor del informe que sí que acreditaba la experiencia previa, según informa Europa Press.
Fernando Baroja, responsable de otra consultora contratada por Cyes para que justificase sus proyectos ha explicado que puso dos objeciones que podían suponer incumplimientos: una primera respecto a la adquisición de los inmuebles en Valencia y la segunda relacionada con la contabilidad de la Fundación, ya que no quedaba muy claro qué gastos se podían atribuir al proyecto objeto de las ayudas.
Otros testimonios
Diferentes extécnicos de la conselleria también reconocieron que la Fundación Cyes “no cumplía” este requisito de experiencia previa, como Sergio Fernández, quien no dudó en apuntar que Blasco les presionó y dijo que él era el “capacitado” para interpretar el requisito de experiencia previa. En este sentido, también la exsecretaria general Tina Sanjuán afirmó que Blasco se autodenominó “intérprete” de las bases de las convocatorias de las subvenciones.
Otro de los técnicos de la extinta conselleria también reveló presiones para que una entidad sin experiencia se adjudicara un proyecto de gran complejidad y elevado presupuesto, “estaba todo hablado y resuelto con el conseller”.
Así mismo, en uno de los correos remitidos por Tauroni a Cyes se instaba a los responsables de la Fundación a “re-redactar” los proyectos, que originariamente eran “de otros”, por lo que instaba a modificarlos para que “no los conozca ni la madre que los parió”.
Comienzo del juicio
El pasado 7 de enero daba comienzo el juicio oral del caso Cooperación, en el que están imputados el empresario de Alzira Augusto César Tauroni, presunto cabecilla de la trama y único ingresado en prisión hasta la fecha, Rafael Blasco -diputado autonómico y exconseller de Francisco Camps, recientemente expulsado definitivamente del Partido Popular- y otras siete personas, entre ellas diversos exaltos cargos de la extinta conselleria de Solidaridad.
Se juzga el presunto desvío de 1,8 millones concedidos por la Conselleria a la Fundación Cyes para el desarrollo de proyectos de Cooperación en Nicaragua a la adquisición de cuatro inmuebles en la ciudad de Valencia.
Precisamente, tanto Tauroni como Blasco, ambos vecinos de Alzira, reconocieron conocerse desde hace más de una década, aunque, en palabras del exconseller, sin llegar a tener una relación de “amistad o confianza”. Tauroni no dudó en reconocer que su objetivo era “ganar dinero” por medio de los proyectos de Solidaridad, así como también recordaba que la adquisición de los inmuebles estaba avalada por la propia conselleria.
