Los tinglados serán de uso público y empresarial y la Marina deja de ser Real
“La Marina debe ser un espacio público, la gran plaza pública de Valencia para uso y disfrute de la ciudadanía”.
Así ha definido el director del Consorcio, Vicent Llorens, uno de los espíritus de la nueva planificación estratégica que ha diseñado la entidad y que este viernes ha presentado al alcalde de Valencia, Joan Ribó, como miembro del Consorcio junto a la Generalitat y el Gobierno.
Llorens ha añadido que la otra premisa es lograr la activación productiva del espacio: “Debe ser una máquina, un polígono de generación de economía y de empleo centrados en el sector de la innovación y de la creatividad, en las nuevas fórmulas de producción y de trabajo”.
Para lograr todos estos objetivos, una de las primeras medidas que han tomado ha sido cambiar el nombre del enclave.
Así, de 'Marina Real Juan Carlos I' pasará a llamarse 'La Marina de Valencia', por un tema puramente de marketing y de toponimia: “Todo el mundo debe de saber que esto es una Marina y todo el mundo debe saber que la marina es de Valencia”, ha explicado Llorens, quien ha puntualizado que el nombre inicial no se da de baja, pero que se comercilizará y se dará a conocer el nuevo, también con una nueva imagen.
Llorens ha comentado que a lo largo del año saldrán a concurso las obras del Varadero y de los nuevos amarres y que el tinglado 2 se va a ser una gran plaza pública de uso gratuito para actividades de entidades cívicas.
Por su parte, los tinglados 4 y 5 tendrán usos relacionados con la cultura y la creatividad empresarial, donde se pretende que se isntalen industrias relacionadas con la inteligencia y la tecnología.
Llorens ha confirmado que la planificación mantiene el uso hotelero, en concreto para un edificio de hasta 30 plantas y 100 metros de altura que iría ubicado tras la estación marítima.
Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha comentado que “la Marina será el gran espejo desde el mar de una Valencia que ya mira al mar a través de la Marina”.
Ribó ha insistido en que los 440 millones de euros de deuda del Consorcio los debe asumir el Estado, tal y como hizo con las obras de las Expo de Sevilla o Zaragoza y con las Olimpiadas de Barcelona.
