El juez imputa a nueve empleados 'ficticios' de Imesla por 'enriquecimiento' en las indemnizaciones
Con la parte gruesa del 'caso Taula' aún bajo secreto de sumario, el juez Víctor Gómez ha vuelto a dar un empujón más a la pieza separada que investiga las contrataciones ficticias en la empresa pública -ahora rebautizada como Divalterra- dependiente de la Diputación de Valencia. Gómez ha imputado a nueve trabajadores más de la mercantil origen de toda la 'operación Taula', entre ellos el exdirector financiero de la sociedad.
El juez toma esta decisión para investigar las indemnizaciones que percibieron dichos empleados de Imelsa al extinguirse su vínculo laboral con dicha empresa pública. Y es por eso que pide el expediente laboral, las cartas de despido y los finiquitos. El instructor pretende aclarar las sospechas sobre si pudo existir algún tipo de “maquinación concertada” entre la empresa y algunos trabajadores para que estos cobraran elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un “innecesario y arbitrario enriquecimiento” a costa del erario público.
Con esta providencia, además, el magistrado acuerda requerir a Imelsa los expedientes laborales de los 15 contratados sobre los que existe la sospecha de que percibían un salario de la empresa sin desempeñar actividad laboral alguna para la misma. Es decir, actuaban como auténticos 'zombies' dentro de la empresa que supuestamente saqueó la cúpula política vinculada al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.
En esta pieza separada figuran como investigados 28 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus; su jefe de gabinete, Emilio Llopis; el arrepentido y exgerente de Imelsa, Marcos Benavent; el exdirector financiero de dicha sociedad y la que fuera jefa de Recursos Humanos de la misma, por sus atribuciones para llevar a cabo las contrataciones bajo sospecha. A todos ellos se les imputan los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental.
Como imputado en esta rama de la investigación del 'caso Taula' también figura José Adolfo Vedri, responsable de la empresa Engloba, por su participación en la supuesta contratación fraudulenta de dos de sus trabajadores cuyo sueldo costeaba Imelsa. La misma modalidad de contratación que se daba presuntamente con un jugador del Olimpic de Xàtiva bajo el mandato de Rus.
