El gerente de la Epsar nombrado por Compromís oculta información al Síndic de Greuges que beneficia a afines al PP

El Síndic de Greuges ha emitido un demoledor informe contra el gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) nombrado por Compromís, Enrique Lapuente, en el que le afea que no le haya entregado información relevante en un expediente abierto contra la entidad y su gestión. El defensor del pueblo valenciano cesura que Lapuente esté demorando un año y siete meses la contestación a un recurso de una empleada que reclama que se saquen a concurso tres puestos de trabajo cubiertos a dedo en la etapa del PP. Concretamente, estos empleos -uno de ellos cargo directivo- los ocupan Patricia Stuyck Pons -prima del eurodiputado valenciano Esteban González Pons-, el concejal del PP de Aldaia Héctor Ferrandis y la secretaria del actual Consejo de Administración, Sabela García.

Una trabajadora de la Epsar solicitó en noviembre de 2015 a la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, que iniciara la convocatoria pública de tres puestos de trabajo de la entidad, la Dirección del Área Jurídica (ocupada por Stuyck), una plaza de técnico de régimen jurídico (ocupada por García) y otra de técnico de contratación (donde trabaja Ferrandis). Los tres habían entrado sin concurso público en la anterior etapa del PP. El 12 de enero de 2016 el gerente Enrique Lapuente denegó la petición a su empleada sin posibilidad de recurso, aunque posteriormente tuvo que rectificar y dar un plazo de un mes para presentar un recurso de alzada.

El 16 de marzo de 2016 la trabajadora presentó el recurso de alzada que un año y siete meses después no ha sido contestado cuando el plazo que marca la ley es de tres meses. Ante la demora injustificada, la empleada inició una queja en la Sindicatura de Greuges que abrió el correspondiente expediente y que ha acabado con la censura del gerente de la Epsar.

Pese a no haber dado respuesta a la trabajadora, el 30 de mayo de 2017 Enrique Lapuente contestó al síndic con un escrito en el que le explicaba la situación. En ese documento, Lapuente reconoció que la Abogacía de la Generalitat concluye que debe sacar a concurso dos de los tres puestos de trabajo solicitado. Pero el proceso se demoró en distintas ocasiones en su paso por el Consejo de Administración, donde una de las afectadas es la secretaria.

El síndic se escandaliza de la demora del proceso y relata: “El informe del gerente específicamente manifiesta como en el Consejo de Administración de la Epsar se pospone la aprobación de propuesta de resolución fundada en informe de la Abogacía de la Generalitat, ¡dos veces! (28 de junio y 2 de noviembre), por falta de acuerdo o discrepancias, no se sabe sobre qué, solicitando un nuevo informe a la Abogacía de la Generalitat ¡el 3 de abril de 2017!”.

Tras evidenciar el retraso injustificado con la propia contestación de Lapuente, el síndic reprende al gerente por ocultarle el informe clave de la Abogacía de la Generalitat: “No se ha facilitado a esta institución información sobre el contenido del informe de la Abogacía de la Generalitat que tantas dudas y discrepancias siembra en el seno del Consejo de Administración, ni por supuesto sobre el alcance de las mismas”. El síndic considera que la actuación de la Epsar “ni es eficaz, ni eficiente, ni transparente, ni evidencia la voluntad de colaboración de la administración afectada”. Para sentenciar posteriormente que no se ha comportado de una manera “respetuosa” con la empleada denunciante.

Este es el segundo varapalo que la Sindicatura de Greuges da a Enrique Lapuente en sus dos años al frente de la Epsar, la entidad que gestiona las depuradoras de la Generalitat. El primero fue por pagar más a hombres que a mujeres por el mismo trabajo.