Las víctimas acusan a la jueza de “no buscar” respuestas y querer acabar la investigación “cuanto antes”
La Asociación de Víctimas del Metro (AVM3J) ha analizado lo sucedido desde que el pasado 20 de enero la Audiencia de Valencia instara a la jueza Nieves Molina a reabrir la investigación por el siniestro ocurrido el 3 de julio de 2006 en el que fallecieron 43 personas y resultaron heridas otras 47, “aquel 20 de enero fue un día muy especial porque después de más de siete años se iba a investigar el accidente que costó la vida a nuestros familiares y amigos”.
Todavía quedan muchas incógnitas por resolver, “¿por qué descarriló el tren? ¿se rompió el bogie? ¿fallaron los frenos? ¿se desvaneció el conductor? ¿qué pasó? ¿lo sabremos algun día?”. Según explican desde AVM3J “es difícil obtener respuestas cuando no se buscan”, y en este sentido acusan a la jueza de no buscarlas, “se limita a hacer, según sus palabras, lo que le han dicho por orden de la superioridad, y cuanto antes mejor”.
Desde la asociación denuncian que a Molina no le importa que aún no se haya aportado toda la documentación solicitada porque, “según ella no aporta nada nuevo, no importa que la información sea de alto contenido técnico que no entendemos ni que los abogados no tengan tiempo para preparar las comparecencias. Nada importa, sólo acabar cuanto antes”.
Se repite la historia
Así, comentan que no debería sorprenderles, “ya lo sufrimos en la primera instrucción”, cuando Molina “se limitó a establecer que pasando a 83 kilómetros por hora por la curva, un tren descarrila, y ya está, nada más”, por lo que lamentan que “no investigara” las causas del accidente, ni las responsabilidades de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por la “falta de medidas de seguridad en la Línea 1 de Metrovalencia”.
Las víctimas recuerdan que la Audiencia Provincial dijo que “ante la más mínima duda, hay que agotar la investigación”, por lo que pensaron que “esta vez iba a ser diferente”, aunque viendo cómo se desarrolla la instrucción “vemos que la historia se repite, prisas por acabar y sin ganas de investigar”.
Sin embargo, explican que la instrucción les da la razón en muchas cosas, como los testimonios que han asegurado que programando una baliza en la curva se podía haber evitado el accidente, así como también “se ha puesto en evidencia la falta de rigor en la cadena de custodia de pruebas” o que la lectura de la caja negra se hizo sin presencia judicial, “un grave error por el que nadie ha dado explicaciones”.
En este sentido, recuerdan que el personal de FGV insistió en extraer el contenido de la caja negra esa misma madrugada, en las instalaciones de Ferrocarrils pese a que sus órdenes eran “trasladarla a jefatura para custodiarla”, por lo que se preguntan “por qué tanto interés en llevar la prueba principal a FGV” y les llama la atención que los datos “se borraran al leerlos. ¡Qué casualidad y qué gran mentira! Ya que el propio fabricante confirma que los datos no se borran al leerlos, sino que debe hacerse manualmente”.
De igual forma, acusan a Ferrocarrils de “mentir” al perito judicial que realizó el informe en 2007, “dijo que no había habido descarrilamientos previos”, mientras que el directivo Alepuz afirmó que no se informó “porque no se preguntó”, lo que lleva a las víctimas a asegurar que “uno de los dos miente y la juez debería averiguar quién”, ya que “manifiesta que FGV no hizo las cosa bien y a Molina no le importó y el Consell lo consintió”.
Todas estas irregularidades, explican desde AVM3J, se le comentaron al Presidente Alberto Fabra, “que no quiso valorar”, al tiempo que insisten en que “no se puede seguir manteniendo la validez” de la Comisión Parlamentaria, por lo que abogan por abrir una nueva “sin vetos y sin respuestas aprendidas” para depurar responsabilidades políticas, “sólo esperamos que no pasen otros 7 años”.
