Los acusados de Greenpeace aseguran que nadie les organizó ni les impidió el acceso a Cofrentes
Ha concluido la primera sesión del juicio a 16 activistas de Greenpeace y el fotoperiodista Pedro Armestre (Premio Ortega y Gasset) que se enfrentan a penas de hasta dos años y ocho meses de prisión y multas e indemnizaciones por valor de 360.000 euros acusados de lesiones daños y desórdenes duranta una acción de protesta desarrollada en febrero de 2011 en la central nuclear de Cofrentes, donde pintaron en una de sus torres 'Peligro nuclear'.
Los acusados han declarado -en el juzgado de lo Penal número 11 de Valencia- que no conocían quién organizaba la acción, para la que se les convocó por medio de sms. Además, han negado haber causado daños, así como que su objetivo era que no se ampliara el plazo de explotación de de la instalación, mostrando su oposición a la energía nuclear con el fin de que se cerrara la central de Cofrentes.
De igual forma, han asegurado que esta acción participaron cerca de medio centenar de personas -17 son los inculpados-, además de explicar que nadie les impidió el acceso -entraron a través de agujeros en las vallas, aunque han afirmado que no vieron radiales aunque sí la pintura y unos monos naranja que se pusieron- y que les resultó “fácil” el acceso al recinto, lo que les sorprendió. Tampoco, han insistido, hubo nadie que diera las instrucciones u órdenes acerca de lo que tenían que hacer.
Derecho a la defensa
Desde Greenpeace reclaman el derecho a defender el medio ambiente al tiempo que consideran “desproporcionada” la petición para los acusados -provienen del Ministerio Fiscal, Iberdrola y los guardias que estuvieron presentes el 15 de febrero de 2011-, “nos enfrentamos al juicio más duro de la historia de Greenpeace”, aseguraba Mario Rodríguez, director de la organización en España que llegaba a Valencia a bordo del Artic Sunrise, símbolo del activismo pacífico.
“Creemos que hay un afán intimidatorio, de amedrentar a la ciudadanía más movilizada”, ha denunciado Rodríguez, y ha insistido en que “Greenpeace no le van a parar con amenazas de cárcel o multas millonarias”, así como lamentaba que “cada vez sale más caro defender el medio ambiente. ¿Es justo y proporcionado que por pintar 'peligro nuclear' en una torre de refrigeración en Cofrentes, 16 activistas y un fotoperiodista independiente se expongan a penas de cárcel y se pida a Greenpeace 360.000 euros? No puede salir más caro defender el medio ambiente que destruirlo”.
Desórdenes públicos, daños y lesiones
El Ministerio Fiscal, Iberdrola como empresa propietaria de la central nuclear y los guardias jurados del recinto presentes el 15 de febrero de 2011 acusan a los 17 de desórdenes públicos, daños y lesiones. Sobre aquella protesta pacífica, el CSN afirmó entonces que “en ningún momento los miembros del grupo ecologista han accedido a zonas vitales de la instalación ni se ha puesto en peligro la seguridad de la planta”.
