El Gobierno de Bahréin retira la nacionalidad a activistas: “Soy oficialmente un 'sin país”
“Mi nombre es el número 49 en esa lista, así que ahora soy oficialmente un sin país. Ni siquiera sé lo que significa”. Era la primera reacción de Ali Abdulemam, bloguero y activista por los derechos humanos, al conocer la lista de las 72 personas a las que el gobierno de Bahréin ha decidido revocar la nacionalidad. Una decisión que se anunciaba en la página del Ministerio de Interior el 31 de enero.
“El Ministerio es responsable de proteger la seguridad y estabilidad de Bahréin. Parte de esa responsabilidad es la lucha contra el terrorismo e identificar a quienes participan en esos actos”, señala la página, que a continuación ofrece la lista de personas afectadas.
Las acusaciones incluyen espionaje y reclutamiento de personas a través de redes sociales, financiación de grupos terroristas, y difamación de la imagen del régimen o de los de países hermanos. Según el documento, de hecho, la difamación contra la monarquía se coloca al mismo nivel que la lucha contra el contrabando de armas y milicianos embarcados en conflictos en países vecinos.
“Muchas de las personas en la lista son activistas pacíficos”, afirmaba Ali Abdulemam en una entrevista con eldiario.es. “La mayoría están ya fuera del país, pero algunos todavía viven en Bahréin. Para esos, la medida supone convertirse en indocumentados. No podrán moverse, viajar, controlar sus propiedades, perderán derecho a la seguridad social, a abrir una cuenta bancaria, comprar medicinas y casarse, entre otras cosas”, enumera el activista.
Un mensaje claro
El mensaje es claro no sólo para los 72 nombres de la lista, activistas conocidos por su implicación en las protestas contra la monarquía de los Jalifa, aliada estratégica de la monarquía saudí en la región. Es también disuasorio para quienes planeen actividades de cualquier tipo que pongan en cuestión al régimen en el país, y en los países vecinos.
Bahréin es el último país en sumarse a una medida que ya se ha llevado a cabo en otros países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, que en 2011 revocó la nacionalidad a siete miembros del grupo islamista Al-Islah.
En Egipto, bajo el gobierno del general Sisi, que en los últimos meses ha recrudecido la persecución de toda forma de disidencia, se experimenta también con la nacionalidad como arma arrojadiza. El decreto presidencial aprobado en diciembre, en plena polémica por la condena de tres periodistas de Al Jazeera a siete años de prisión, empuja a personas de doble nacionalidad como Mohammed Fahmy a renunciar a la nacionalidad egipcia.
Respecto a la reacción internacional, no parece que estas últimas medidas vayan a alterar el funcionamiento de las relaciones estratégicas de Bahréin, Egipto, y otros países de la región con el resto del mundo. La acogida de la Conferencia de Desarrollo Económico que prepara Sisi para impulsar su gobierno, y la ausencia de condenas internacionales a Bahréin indican lo contrario. El propio secretario de Asuntos Exteriores británico alababa en enero la implementación de “reformas significativas” en Bahréin, días después de que Reino Unido firmase el establecimiento de una base militar permanente en el país.
