“Ah, ¿tenía padres?”: el desprecio de las autoridades a las familias de migrantes muertos en España

Mamadou viajó de Almería a Melilla para obtener respuestas. Cuando le comunicaron el fallecimiento de su sobrino, del mismo nombre, aprovechó los escasos días libres que le permite su trabajo en el campo andaluz para intentar contestar a las preguntas que los padres del menor le hacían por teléfono desde Guinea Conakry: “¿Cómo ha muerto Mamadou?”, “¿qué tengo que hacer para identificar el cuerpo y enterrarlo?”, “¿puedo tener información a la investigación de su fallecimiento?”.

Tras pasar dos días en la ciudad autónoma, acudió a diferentes instituciones, preguntó y repreguntó, espero y se desesperó. Hoy atiende a eldiario.es desde Almería, donde vive desde 2001. Ha regresado a casa “sin respuestas”.

“Me fui a Melilla. Iba para hacer estas tres preguntas. Fui a tres instituciones diferentes. Nadie me contestó”, dice el hombre guineano. “Estaba muy nervioso pero no pude pelear más, tenía que regresar a Almería a trabajar”. Las trabas con las que se ha chocado Mamadou se repiten en otros muchos casos en los que las familias de migrantes tratan de identificar los cuerpos de sus allegados muertos en España en circunstancias sin aclarar.

En el último mes, ya son tres los casos documentados en los que los padres, madres o hermanos se desplazan a España para pedir respuestas tras la muerte de un ser querido en su proceso migratorio y no son atendidos por las autoridades responsables como cualquier otro ciudadano.

Los familiares de Mohamed Bouderbala, fallecido en la cárcel de Archidona (Málaga) tras 18 horas de aislamiento; los padres de Soufiane, el último menor muerto tutelado en Mélilla; y el tío de Mamadou son los últimos de una larga lista.

El viaje “para nada” de Mamadou

El adolescente guineano fallecido, llamado Mamadou como su tío, vivía en Melilla tutelado por la ciudad autónoma. El joven sufrió “varias paradas cardiorrespiratorias”, según el Gobierno melillense. Tras el primer infarto, fue ingresado en el Hospital Comarcal de la ciudad donde permaneció hasta su fallecimiento a finales de diciembre. La asociación Prodein denunció que su muerte “fue consecuencia de una paliza” en el centro para menores infractores donde vivía.

Su tío no ha podido ver el cuerpo de su sobrino ni obtener una partida de defunción a pesar de acudir a la sede de la institución responsable de la tutela del menor y a otros tantos organismos. “Fuimos a la Consejería de Bienestar Social. Nos echaron la bronca. Nos decían que por qué estábamos allí, que no tenía la acreditación, que por qué no habían venido antes, que ahora estaba muerto, etc”, decribe el activista José Palazón, quien acompañó a Mamadou a las diferentes instituciones. “Nos dijeron que no había nadie para recibirle pero, después de insistir mucho y amenazar con poner una queja, pudimos hablar con el director general de la Consejería, pero no le dio respuestas”.

Mamadou se trasladó entonces al juzgado de menores de Melilla y al centro donde estaba acogido el menor. Fue recibido, pero no logró la información que buscaba. “Mi sobrino vivía en un pueblo sin casi electricidad ni agua, pero, al menos allí, si alguien se muere, la familia puede saber qué pasó y enterrar su cuerpo”, vomita con rabia el tío del adolescente fallecido.

“No consiguió ninguna información, ni ver el cadáver, ni ninguna comunicación oficial. Si dejaron claro que, al tener Mamadou familia reconocida y cercana, no pagarían ningún gasto de sepelio”, ha indicado Palazón.

Los ataques institucionales a los padres de Soufiane

Los padres de Soufiane, el menor tutelado hallado muerto en la cama de su centro de acogida en Melilla, llevan varios días en la ciudad tratando de saber qué ha pasado con su hijo. Según explicó su abogada, fue ella quien ha financiado el traslado de la pareja desde Marruecos dado que su precaria situación, aquella que aspiraba a mitigar su hijo con un soñado trabajo en Europa, les impedía costearlo.

El Gobierno de Melilla, del que dependía la tutela de su hijo, no contactó con ellos para informar de su muerte. La familia conoció la noticia a través de José Palazón, director de la ONG Prodein. A su llegada, se chocaron con las palabras de desprecio del responsable de los menores que viven solos en la ciudad autónoma: “¿O sea, que este menor tiene padres y han aparecido ahora, o Palazón sabía que existían y tenían contacto con ellos?”, afirmó el consejero de Bienestar Social a través de Twitter.

“No voy a recibir a los padres del fallecido porque para que vengan a llevarse un cadáver que hubieran venido antes a por su hijo”, recalcó en declaraciones a los medios locales. La familia, a través de su abogada, se ha visto obligada a enviar una carta para “pedir respeto por la memoria” de Soufiane. Tras la dolorosa muerte de su hijo, la letrada tuvo que solicitar a las autoridades melillenses que dejase de lanzar “presunciones o afirmaciones que parecen indicar que la familia del menor pudo haberle abandonado”.

La odisea de la familia del joven fallecido en Archidona

A más de 270 kilómetros del lugar donde las familias de Soufiane y Mamadou se esforzaban en ver el cuerpo de los menores, el hermano de Mohamed Bouderbala, muerto en la cárcel-CIE de Archidona (Málaga) se desplazaba desesperado de institución en institución para confirmar con sus ojos lo que no era capaz de creerse.

En cuanto conocieron la noticia del fallecimiento de su hermano, viajó desde Francia, el país donde reside, a Málaga. “Nada más llegar, fueron al centro de Archidona y la Policía ni les recibió, ni les dejó entrar. Les dijeron que el cuerpo estaba en el Instituto de Medicina Legal, en la Ciudad de la Justicia de Málaga”, explica uno de sus abogados, Fran Antequera. “Entonces, fueron para allá, pero no les dejaron entrar porque estaba cerrando”, añade. Era viernes: no podrían volver hasta el lunes.

Tras un largo y doloroso fin de semana, la familia fue al Juzgado de Archidona para que facilitase la vista del cuerpo. “Dijeron que no debería haber problema pero, cuando fuimos al Instituto, nos denegaron de nuevo la entrada: pedían una orden judicial”, añade. Lo hicieron y ya no pudieron verlo hasta el día siguiente. “Pasaron cinco días desde que le comunicaron la muerte de Mohamed hasta que se les permitió ver el cuerpo. Cinco días de ansiedad total”, apunta Antequera.

“No son comunes tantas dificultades. Todo apunta a que las trabas se deben a las muchas dudas que generan las circunstancias que han rodeado la muerte de Mohamed”, explica el abogado de la familia. “Si la Policía ha declarado que el chico tenía tendencia a autolesionarse, ¿cómo es posible que le dejen 18 horas en esa celda de aislamiento?”, se pregunta.

Son muchas las preguntas que, casi cinco años después, siguen sin respuesta también para los familiares de las 14 personas que fallecieron en el espigón del Tarajal entre pelotas de goma y botes de humo de la Guardia Civil. Desde Camerún, se han organizado con el apoyo de la ONG Caminando Fronteras. Ellas tampoco fueron nunca contactadas por ningún representante del Gobierno de España.

Cuando lograron la financiación y los requisitos necesarios para viajar a Ceuta, el Ministerio de Exteriores español les denegó el permiso de entrada. Querían someterse a la prueba de ADN necesaria para confirmar que alguno de los cuerpos enterrados sin nombre en la ciudad autónoma corresponde a su hijo o hermano. Otros buscaban únicamente ver la playa donde murieron, coger un poco de arena para un ritual con el que intentar así completar su duelo.

Cinco años después el Gobierno español se lo ha impedido.