Europa no ha hecho nada por bajar las muertes tras Lampedusa, según Amnistía Internacional

Mientras las muertes en el Mar Mediterráneo se han cuadruplicado desde enero, los “fallos estructurales” en los sistemas de búsqueda y salvamento de la Unión Europea no se han corregido, según ha denunciado Amnistía Internacional. El pasado 11 de octubre de 2013, un error de comunicación entre los Centros Coordinadores de Salvamento italianos y malteses y los servicios de rescate marítimo retrasó durante horas el auxilio de una embarcación con más de 400 inmigrantes a bordo. Murieron más de 200 personas. Las reacciones llegaron rápido: los dirigentes europeos clamaron una respuesta inmediata al “drama migratorio”. La acción, sin embargo, se retrasa: ha pasado casi un año y lo ya anunciado por el incremento de los fallecimientos ha sido documentado en un informe: “la pasividad” de la Unión Europea continúa.

“Los dirigentes de la UE no tomaron ninguna medida significativa después de las protestas internacionales desatadas tras la protesta de Lampedusa”, denuncia Admistía Internacional. Según detalla, las exigencias de mayores esfuerzos para salvar vidas en el mar tuvieron su efecto en el Gobierno italiano, a través de la operación Mare Nostrum. Pero la operación de Italia, aseguran, no ha sido suficiente: cerca de 2.200 personas han muerto ahogadas en le Mediterráneo en lo que va de año, afirma AI.

Después de una investigación en zonas de alta intensidad migratoria de Malta e Italia, los autores del documento Lives Adrift concluyen que la excesiva preocupación por el control migratorio por parte de los Estados Europeos ha reducido la capacidad de los servicios de rescate marítimos en el Mediterráneo. Según detallan, el cierre de las fronteras ha acaparado la mayoría de los fondos de la Unión en materia migratoria, en detrimento de otras medidas para la atención humanitaria de los migrantes.

Tal y como detalla el documento, 2014 ha sido un año trágico. 2.500 inmigrantes fallecieron en aguas mediterráneas desde enero, 2.200 entre principios de junio y el 15 de septiembre. La cifra de este año ya cuatriplica la de 2013 cuando más de 600 personas perdieron la vida en el viaje entre África y Europa. Este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó unos datos similares que elevaban a 4.000 el número de inmigrantes muertos en el mundo durante una travesía marítima.

Amnistía Internacional explica que el Reglamento de Dublín -acuerdo que sostiene que el Estado que debe ocuparse de los solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes en situación irregular es el primero al que estas personas acceden- acarrea un efecto disuasorio para los países receptores. “El desembarco terminará sufriendo las consecuencias asociadas a la entrada de personas refugiadas y migrantes, como la recepción y tramitación de las solicitudes de protección”, apunta. De este modo, los Estados del sur de Europa, como Italia y Malta carecen de incentivos para llevar a estas personas a sus puertos.

En primer lugar, el documento apunta a la escasez de acuerdos sobre las regiones SAR (Sistemas de Búsqueda y Salvamento Marítimo), es decir, no existe un límite claro de los márgenes marítimos en los que cada país puede actuar. En el caso de Italia y Malta esas “fronteras” acaban por solaparse provocando un problema de coordinación entre equipos. Por otro lado, Libia ha incumplido el Convenio SAR en los últimos años. Esta falta de compromiso, exponen, se ha traducido en numerosas ocasiones en violaciones de derechos humanos y abusos para las personas refugiadas y migrantes que son devueltas a Libia.

Otro de los puntos débiles en relación al salvamento marítimo en el Mediterráneo es, según el informe, la interpretación de los conceptos “peligro en el mar” y “lugar seguro para el desembarco”. El Convenio del SAR, en vigor desde 1979, establece que una situación de peligro “es el desencadenante para la asistencia en el mar”, no obstante, las diferentes definiciones de peligro que han adoptado los países han ocasionado descoordinaciones entre los equipos de salvamento: “Para Malta, la embarcación debe estar a punto de hundirse y debe haber una solicitud de ayuda. Para Italia, en cambio, la innavegabilidad per se conlleva peligro”.

Algo parecido sucede con los criterios para calificar de “seguro” el lugar donde desembarcar a los inmigrantes una vez rescatados. En este caso no hay ningún criterio establecido y, según recoge el documento, “ningún Estado tiene actualmente la obligación de permitir que las personas rescatadas desembarquen en su territorio”. El principal problema que acarrea este aspecto está relacionado con el respeto de los derechos humanos ya que Italia sí acepta que las personas refugiadas y migrantes no sean llevadas a un lugar donde corran peligro sus derechos humanos pero Malta, por el contrario, mantiene que cualquier país donde se puedan satisfacer sus necesidades básicas es un lugar seguro.

Escasos recursos para el Frontex

Amnistía Internacional pone en duda a partir del informe la capacidad del Frontex para hacer frente a la situación migratoria. El 27 de agosto de 2014, la Comisión Europea anunció que Frontex pondría en marcha una nueva operación, llamada Tritón, para complementar la operación italiana Mare Nostrum.

Al hilo de esta investigación, el director del Programa Regional para Europa y Asia Central de AI, John Dalhuisen, especificó que la reciente propuesta de Frontex será un paso positivo “sólo si los Estados miembros de la UE despliegan suficientes medios en alta mar y si su mandato subraya claramente las funciones de búsqueda y salvamento”.

“La Operación Mare Nostrum ha salvado decenas de miles de vidas en el mar, pero no es una solución a largo plazo”, aseguró Dalhuisen a la vez que solicitó un esfuerzo concertado de los países de la Unión Eurpea para hacer frente a una responsabilidad de la propia Unión.

Mejora de las rutas migratorias

Aunque tanto la falta de coordinación en las tareas de salvamento como la escasez de recursos del Frontex son una de las principales consecuencias para el aumento de las víctimas a las puertas de Europa, según analiza el informe, mejorar la seguridad de las rutas supondría un gran adelanto para la protección de los migrantes.

“Hace falta hacer frente a la red de contrabandistas y traficantes que explotan y maltratan a quienes buscan desesperadamente llegar a las costas europeas”, aseguran, aunque matizan que acabar con ello no solucionaría “las fuerzas mayores que están en juego”.

Entre las numerosas recomendaciones incluidas en el informe y que interpelan tanto a los países concretos como al conjunto de la Unión y a la comunidad internacional, Amnistía propone una política largoplazista para abrir “más rutas seguras y legales” para entrar en la Unión Europea. Sin embargo, apuntan, “es evidente que el reto clave es reducir el número de personas que emprenden peligrosos viajes marítimos”.