La justicia ordena reabrir la causa de las muertes de Ceuta
ESPECIAL: toda la información sobre la muerte de 15 inmigrantes en la frontera de Ceuta
Las muertes del Tarajal volverán a ser investigadas. La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha ordenado reabrir la causa del fallecimiento de 15 personas en un intento de entrada a nado a la ciudad autónoma disuadido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo en 2014, según ha adelantado El Español y ha confirmado eldiario.es. El juzgado encargado de la investigación no realizó todas las pesquisas necesarias antes de sentenciar su carpetazo, según concluye el auto al que ha tenido acceso este medio.
Tras los recursos de apelación interpuestos por las tres ONG –Coordinadora de Barrios, Observatori DESC y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado– que forman parte de la acusación popular al archivo del procedimiento acordado por el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, la Audiencia Provincial ha estimado la necesidad de reabrir la causa al considerar que el juzgado no ha realizado las investigaciones necesarias para concluir la falta de responsabilidad de los guardias civiles imputados.
La magistrada ceutí María del Carmen Serván concluyó en octubre de 2015 que los 16 agentes de la Guardia Civil imputados emplearon el material antidisturbios “con efecto disuasorio”, alegando que “no existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material”.
La Audiencia de Ceuta difiere en esta última afirmación y echa por tierra sus conclusiones al señalar que “es claro que la investigación no ha alcanzado los grados de suficiencia y eficacia que serían exigibles”. Por esta razón insiste en la importancia de continuar las pesquisas ya que, señala el auto, “ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las diligencias indagatorias”.
Por tanto, sentencia, “nada excusa la dejadez o tibieza” a la hora de investigar cualquier hecho, pero “mucho menos cuando la vida, la integridad física o la dignidad en general de las personas se haya podido ver conculcada por la actuación de personas que obran por cuenta del Estado y que, en el desarrollo de tal labor, pueden hacer un uso de la fuerza y emplear medios específicamente destinados a tal fin que son especialmente peligrosos”.
El auto afirma que en el procedimiento de las muertes de Ceuta es “un supuesto en el que las labores de investigación debían reforzarse en extrema medida”. La Sala justifica su conclusión añadiendo que los hechos “están relacionados con una intervención de agentes de la Guardia Civil que habrían empleado unos medios de contención no despreciables y se vieron implicadas autoridades de otro país (Marruecos)”.
“Prisas innecesarias” en los informes forenses
Entre las pruebas que, según la Audiencia, pudieron no realizarse “con eficacia y esfuerzo” se encuentran los informes forenses de los cinco cuerpos hallados en España, que fueron enterrados en poco más de las 24 horas posteriores de su localización. El auto destaca que el estudio de los cadáveres se realizó “con prisas innecesarias” y echa en falta análisis específicos, “como los toxicológicos e histopatológicos”, para determinar el daño realizado por los botes de humo y las pelotas de goma, recogiendo la solicitud de Coordinadora de Barrios.
Del mismo modo, estima la petición de las ONG personadas en la causa de realizar con éxito la identificación de dos de las personas encontradas muertas en España. “Tras el dictado de la resolución recurrida que no había sido posible con la información remitida, la instructora podrá replantearse en cualquier caso la necesidad de agotar otras fuentes de indagación no contempladas hasta ahora”.
En el marco de la investigación, el Juzgado de instrucción número 6 de Ceuta imputó a 16 agentes de la Guardia Civil, entre ellos un capitán, un teniente y un sargento, en servicio el pasado 6 de febrero que utilizaron material antidisturbios para repeler el intento de entrada a Ceuta en el que murieron 15 personas.
La magistrada investigaba la posible relación causa y efecto entre el uso de botes de humo y pelotas de goma hacia el agua y el posterior fallecimiento de los cinco migrantes cuyos cuerpos aparecieron en aguas ceutíes –el resto de cadáveres fue localizado en la zona alauí–.
Una de las conclusiones más polémicas del auto que dio carpetazo provisional a las muertes de Ceuta y cuya revocación ha sido ordenada por la Audiencia Provincial es la consideración de que los migrantes fallecidos no tenían por qué ser auxiliados por la Guardia Civil.
“Los inmigrantes no eran personas en peligro en el mar que precisasen ayuda”, afirmó la jueza Serván. “Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil”, añadió.
El 6 de febrero de 2014, un grupo de cerca de 200 personas trató de entrar de forma irregular en Ceuta rodeando a nado uno de los espigones que separan Marruecos de la ciudad autónoma. Durante la tentativa, la Guardia Civil disparó pelotas de goma y botes de humo al menos cerca de los migrantes que se acumulaban en las aguas fronterizas, según se desprende de las imágenes difundidas por el Minsiterio del Interior.
En un primer momento, el Ejecutivo español negó toda intervención por parte de los efectivos españoles, asegurando que el operativo policial había corrido a cargo de los agentes marroquíes. Después de una retahíla de versiones oficiales contradictorias, los testimonios de los supervivientes de la tragedia y las imágenes de los hechos empujaron a Interior a reconocer el uso de pelotas de goma y botes de humo hacia el agua en los momentos en los que estas personas trataban de entrar a Ceuta a nado.