El Gobierno discriminó a migrantes al expulsarlos del CETI de Melilla por ser marroquíes

El Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI) de Melilla ha cambiado de criterio con respecto a los solicitantes de asilo de origen marroquí. Si en febrero expulsó a catorce de ellos, ahora ha readmitido a los que han resistido contra viento, frío, peleas y robos a las puertas del centro, esperando que alguien volviera a abrirlas. El origen de este cambio está en varias resoluciones judiciales dictadas en Madrid, que ordenaron el reingreso “inmediato” de los expulsados en vista de las penosas condiciones en las que quedaron, el riesgo para su salud y la ausencia, aseguran ellos, de un procedimiento de expulsión. Hay dos procedimientos abiertos en sendos juzgados de Madrid por la posible vulneración de derechos fundamentales.

Hasta la fecha, tres resoluciones dictadas por los juzgados números cinco y siete de lo contencioso administrativo de Madrid han quitado la razón a la dirección del CETI y el Ministerio de Empleo. El auto de 15 de marzo del juzgado número cinco ordenó readmitir “inmediatamente” a Badr Hamouni, y fue confirmado por el mismo juez, después de oír al Abogado del Estado y al fiscal. Posteriormente fueron Mohamed y Ouafe, la pareja siria-marroquí, quienes reingresaron en el CETI por orden del titular del juzgado contencioso-administrativo número siete de Madrid: en un auto dictado el 6 de abril, el juez asegura que “los intereses generales no se ven comprometidos” por autorizar su vuelta al CETI.

En vista de las resoluciones ordenando el reingreso de sus compañeros, la dirección del CETI buscó el martes por la tarde a Mohamed Achkar, el último de los acampados que había solicitado formalmente el reingreso, para invitarle a pasar al centro. El Ministerio se limita a destacar que está cumpliendo “escrupulosamente” con las medidas cautelares impuestas por el juez y que “espera” a la decisión judicial definitiva. La dirección del CETI remite a lo que responda el Ministerio.

Los catorce marroquíes fueron expulsados el pasado 4 de febrero. Según mantienen desde entonces, ni se les notificó la expulsión por escrito, ni se les explicaron los motivos. Una mañana, después del desayuno, les indicaron que debían abandonar el centro. “Nos echaron en pijama. No hay derecho. Lo hicieron muy mal”, protestan desde entonces. Habían solicitado asilo por distintos motivos (persecución por razones religiosas o sexuales, la mayoría) y fueron expulsados cuando su solicitud fue resuelta en vía administrativa, sin esperar a un posible recurso contencioso.

Sin embargo, en el CETI habitan nacionales de distintos países en idéntica situación a los que no se les expulsa hasta que se resuelve el recurso judicial o hasta que la autoridad administrativa emite una orden de expulsión o devolución a su país. Esta discriminación es uno de los motivos de queja. “En la actualidad en el CETI de Melilla se encuentran admitidos numerosos extranjeros en una situación equivalente a la de nuestros representados. Y la Administración no explica por qué motivo se trata dos situaciones iguales de manera diferente”, se lee en el recurso.

Las expulsiones han dado lugar al inicio de al menos dos procedimientos por vulneración de derechos fundamentales, en los que se han dictado las medidas cautelares que ordenan el reingreso en el CETI de los expulsados. En esos procesos se denuncia que no se siguió “procedimiento administrativo alguno”, ni se informó de los motivos de expulsión, ni se explicó el por qué se denegó nuevamente la entrada. Cristina Manzanedo, la abogada que los ha representado, cree que estos casos se han gestionado “sin reglas”: “¿Qué es eso de expulsar a la gente sin un procedimiento?”.

Unas normas internas inexistentes u opacas

Fuentes conocedoras del sistema de acogida del CETI admiten que esta práctica respondía a la necesidad de evitar que el centro melillense se convirtiera en un “albergue” para los marroquíes. El CETI carece de un reglamento que regule su funcionamiento, los criterios de expulsión, el régimen disciplinario o el orden de salida a la península que todos los internos anhelan.

Estos centros acogen no solo, ni principalmente, a solicitantes de asilo, sino también a extranjeros “que se hallen en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social”, según el Reglamento de Extranjería. Ese texto remite para lo demás a las normas de funcionamiento interno, que deben ser aprobadas por el Ministerio de Presidencia y esas normas, de existir, no son públicas. “Los protocolos internos no son opacos, pero tampoco son públicos”, dicen en Empleo.

El vacío legal permite actuaciones discrecionales (o, al menos, no justificadas por escrito) y fomenta los agravios comparativos entre los migrantes. No es difícil encontrar internos que dicen haber sido expulsados durante varios días sin que se haya instruido expediente alguno, y es conocido, por ejemplo, que los argelinos pasan meses y a veces años antes de que se autorice su traslado a la península. El Ministerio de Empleo no ha respondido a las preguntas de este medio relativas a los motivos de expulsión, el cambio de criterio, si esos criterios son distintos para una nacionalidad u otra, las normas internas de funcionamiento o a la existencia o no de procedimientos escritos de expulsión.

Un mes a la intemperie

Los catorce marroquíes fueron expulsados el 4 de febrero, y ese mismo día iniciaron una acampada a apenas 30 metros del centro. Algunos se fueron y nunca más se supo, pero lo que empezó siendo un débil chiringuito con cañas hoy es una sólida chabola forrada de plástico con una suerte de cimientos de piedra, una estancia separada, para la pareja, y un modesto recibidor cubierto de lona, donde cocinan. Han tenido el ánimo y el humor de equipar el lugar de sutiles autorreferencias cargadas de ironía: hay una antena parabólica, un espejo de pared, y un reloj por el que no pasa el tiempo. A la pequeña perra que adoptaron la llaman “Salida” y al lugar, “Casa del Pueblo”. Si el líder rifeño Abdelkrim no preside la tienda es porque su retrato se extravió en una mudanza: han resistido también los traslados forzosos de la Guardia Civil, que los alejaba progresivamente de la zona visible.

Han transcurrido más de dos meses desde que echaron a Mohamed, y durante este tiempo el chico, que dice profesar la religión cristiana y estar perseguido por ello en Marruecos, no ha parado de insistir: “Estos no son los derechos humanos que yo estudiaba”. Mohamed es un marroquí que cita a Marx y a Locke, y que tiene anotaciones sobre Hegel en una libreta que durante este tiempo alguien le guardó en el CETI para que no se la robaran.

Tiene once hermanas en su ciudad, Meknesh, y cuando se le cuestiona por su petición de asilo, explica que en Marruecos no hay respeto para los homosexuales, para los cristianos o, simplemente, para los disidentes. En su caso ya no hubo necesidad de solicitar el amparo judicial. Su abogada telefoneó al CETI, expuso las resoluciones y desde el centro se buscó al joven y se le invitó a entrar al lugar del que un día le echaron.