Carpetazo definitivo al caso contra los guardias civiles que apalearon a un migrante en Melilla
La Audiencia Provincial de Málaga ha archivado definitivamente la causa contra los ocho guardias civiles que fueron imputados por su actuación durante un salto a la valla de Melilla el 15 de octubre de 2014. Según documentó un vídeo de la ONG Prodein, aquel día varios agentes aporrearon a un joven subsahariano mientras se encontraba encaramado en la alambrada, hasta que cayó desde unos tres metros de la altura. El auto, dictado por la Audiencia el 6 de abril, desestima el recurso de apelación que habían presentado las cuatro ONG denunciantes por entender que la actuación de los agentes está justificada por la supuesta violencia ejercida por algunos de los inmigrantes.
El juez de instrucción imputó inicialmente a ocho guardias civiles (seis agentes, un comandante y un teniente) por un posible delito de “trato degradante” y anticipó la posibilidad de imputar un delito de lesiones si éstas podían verificarse. Los tres magistrados de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Málaga (con sede en Melilla) consideran que la acción de los agentes fue “proporcionada a la dimensión del problema suscitado por el intento de entrada ilegal”.
Aquel día unos 300 inmigrantes intentaron acceder a la ciudad saltando la valla. Según la resolución, a la que ha tenido acceso eldiario.es, se trata de una “avalancha”: “asaltos coordinados y violentos protagonizados por un gran número de personas”.
La resolución confirma el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número dos de Melilla en agosto de 2015 y desestima los recursos de apelación presentados por ProDeIn, Andalucía Acoge, SOS Racismo y APDHA. El Juzgado de Instrucción decidió archivar el caso al entender que era imposible continuar la investigación sin tomar declaración a los migrantes devueltos a Marruecos, a los que no pudo localizar. La devolución inmediata de los inmigrantes, un hecho que según el propio juez de instrucción se produjo “sin observar la legislación aplicable”, tuvo así el efecto de impedir la continuación de la investigación por imposibilitar la práctica de diligencias “esenciales”.
Para resolver el dilema entre “devolver” a los inmigrantes a Marruecos o investigar las posibles lesiones de los inmigrantes (“optarse por la identificación, que hubiese conllevado la entrada en el territorio de Melilla”), la Audiencia Provincial alega ahora la posible actuación violenta de algunos de quienes intentaron saltar la valla: “Como en el mismo auto no se descarta que hubiesen podido incurrir en responsabilidades penales los mismos ciudadanos extranjeros (…), la opción por la segunda posibilidad supondría el peligro de que el acometimiento contra los agentes de la Guardia Civil o cualquier otra acción delictiva susceptible de ser cometida durante un asalto a la valla se generalizase como medio de conseguir el propósito buscado”. Dicho de otro modo, la Audiencia Provincial parece decir que en esos casos es mejor no investigar identificando a los lesionados, porque ello podría provocar una repetición de asaltos supuestamente violentos a la valla.
El coronel Ambrosio Martín ya fue exonerado de responsabilidad por ordenar las devoluciones en un auto de 7 de abril de 2015. En la fecha de esa resolución ya había entrado en vigor la Disposición Adicional 10ª, lo que dio “cobertura” a la actuación de los agentes, según el auto dictado ahora. Sin embargo, en el momento de las devoluciones no estaba vigente la Disposición Adicional 10ª a la Ley de Extranjería, con la que se pretende revestir de legalidad las devoluciones en caliente.
Vídeo “parcial”, según la Audiencia Provincial
Vídeo “parcial”, según la Audiencia ProvincialEl auto de la Audiencia Provincial contiene también una carga de profundidad contra las pruebas aportadas por las ONG. Según los magistrados, el vídeo fue “preparado al efecto” para mostrar una visión “parcial” de lo que ocurrió. En ese documento se observa a una gran cantidad de migrantes encaramados a la valla. Algunos bajan por unas escaleras hacia el lado español. Mientras desciende, Danny, un inmigrante camerunés, recibe varios porrazos hasta que cae de la escalera. Posteriormente es arrastrado por varios agentes, aparentemente inconsciente, y apartado en una cuneta, hasta que es llevado de vuelta al lado marroquí.
El auto da credibilidad a una versión diferente a la que se aprecia en ese documento: recoge la existencia de otro vídeo en el que se vería a Danny con “algo” en la mano con lo que “mantener a raya” a los agentes e interpreta que cayó de la escalera por el “efecto combinado” de su inestable posición, sus “propios movimientos” y la “acción de los agentes”. El personal sanitario no actuó, lo que “sugiere la posibilidad de que el desmayo fuese, simplemente, fingido”, según el auto conocido ahora. Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior ahora en funciones, ya anticipó esta resolución al calificar entonces los hechos como “simulados”.
La actuación de la Guardia Civil ese día sigue siendo investigada, no obstante, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
