Ciudad de México promulga una constitución “histórica” para el movimiento feminista y LGTBI
El 11 de enero, la diputada Lol Kin Castañeda llegó al pleno de la Asamblea Constituyente de Ciudad de México con un ramo de flores blancas. Una a una, las repartió a todos los diputados que habían apoyado su propuesta. “Le dimos a ese lugar tan frío, lleno de política y falto, a veces, de argumentos, un toque de alegría, de cariño, de esperanza, de vida”, recuerda la activista mexicana por el matrimonio igualitario a eldiario.es.
Kin salió el día anterior a la tribuna para defender que la nueva constitución, surgida de la reforma política que convierte la Ciudad de México (antigua México DF) en el Estado número 32 del país, incluya la igualdad de derechos de las parejas LGBTTTI (gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales) que estén bajo la figura de cualquier unión civil, incluido el matrimonio.
Era un momento delicado. La expectación, enorme. Tras varias intervenciones de todos los grupos parlamentarios, incluso los diputados más conservadores votaron a favor. La sala estalló en aplausos. El matrimonio civil de las personas LGBTTTI quedaba reconocido explícitamente en la primera constitución de la capital del país, que se promulgará el 5 de febrero. Una Carta Magna con un catálogo de derechos que “traduce demandas históricas” del movimiento de mujeres y el colectivo LGBTI, según la red de organizaciones Ciudad Feminista.
Las flores fueron un símbolo de paz, “un pacto de respeto que dice ‘tú me reconoces y yo te respeto. Ahora solo has puesto tu voto para la igualdad y eso a mí me da un trato digno'. Están dados los argumentos para cambiar nuestra sociedad”, concluye la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El Código Civil de esta ciudad que cuenta con casi nueve millones de habitantes garantiza el matrimonio civil igualitario desde 2009. Un fallo de la Suprema Corte de Justicia abrió el camino para todo el país, donde 10 de 32 estados lo han legalizado. Desde 2009 se han celebrado más de 8.500 matrimonios LGBT en la Ciudad de México. Ahora, sin embargo, se eleva rango constitucional y se vuelve “inderogable”.
“Una vez perdí el conocimiento. Judith, mi compañera, me llevó al hospital y no pudo tomar ninguna decisión médica por mí, tenían que venir mis padres. Yo no tenía familia más cercana que ella”, asegura Kin. En marzo de 2010, tras años de activismo, Kin y Judith fueron las primeras lesbianas en casarse en el país, también en América Latina. “Lo recuerdo con mucho entusiasmo y responsabilidad, pero lo asimilé una vez terminó. Quien no conoce la libertad ni siquiera reconoce que existe, yo no podía celebrar hasta que al final entendí lo que significaba ese momento histórico”, afirma.
“Nunca más un México sin nosotros y nosotras”
La constitución reconoce a la comunidad LGBTTTI como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Parte de la prohibición de “toda forma de discriminación, formal o de facto” que tenga como resultado la “restricción de los derechos de las personas y comunidades” motivada por el género, “la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales”.
Sin embargo, conceptos como “la preferencia sexual” han despertado algunas críticas. “Nos parece un error incluirlo”, señala Cristian Galarza, portavoz del Frente Orgullo Nacional. “Es peligroso porque puede dar lugar a interpretaciones erróneas por parte de los grupos conservadores, que pueden legalizar las terapias de conversión para adolescentes”, asegura.
“Este término lo ha ocupado la derecha, que considera que la sexualidad es cuestión de preferencia, por lo que se puede 'corregir'. Nosotras hablamos de 'orientación sexual'”, añade Roberto Pérez, coordinador de la Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual.
Asimismo, la carta de derechos reconoce a las personas LGBTTTI, –al igual que las mujeres–, como un grupo de atención prioritaria que, debido a “la desigualdad estructural”, enfrenta “mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus libertades fundamentales”. Protege el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, el derecho a la familia e insta a las autoridades a establecer políticas públicas para erradicar conductas de exclusión de este colectivo.
La Ciudad de México es la primera del país en crímenes de odio y homofobia. Según el último informe de la organización Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, entre 1995 y 2016 se produjeron 193 asesinatos de personas en la capital y 1.310 a nivel nacional. Estos datos sitúan a México como el segundo país del mundo con mayores delitos por homofobia, solo detrás de Brasil.
“Enunciar cada grupo de población específico significa afirmar: 'Nunca más un México sin nosotros y nosotras”, sentencia Kin. La activista LGBTI destaca que es “la primera constitución a nivel mundial” que reconoce de manera explícita estos derechos.
“Es un texto realmente innovador y contiene un enorme potencial transformador. Ninguna otra constitución, que yo sepa, reconoce tan abiertamente la igualdad de derechos sin perjuicio de la identidad sexual o de género”, confirma Ruth Rubio, experta española en constitucionalismo y género.
“Soy una persona joven. Este documento refleja una realidad que he venido ejerciendo día a día, pero ahora la veo protegida. Confío en que nos dé un marco amplio para vivir nuestra sexualidad de manera libre”, celebra Pérez.
Galarza es más comedido: “Hay que celebrarla como un logro, pero hay que ser conscientes de que no se desarrolló del todo”, dice en referencia a que el texto “deja fuera” a las familias monoparentales. “Es un marco legal avanzado para nuestra realidad, que sigue retrasada. Dos chicos gays pueden ir ahora besándose en el metro, pero la discriminación ha ido adoptando formas mucho más sutiles”, asevera.
Avances desde el feminismo
Otras “grandes conquistas” de esta constitución se atribuyen al movimiento de mujeres y a la participación, como diputadas, de feministas de larga trayectoria como Marcela Lagarde. La Asamblea ha estado compuesta por la misma cantidad de diputadas que de diputados, 50 y 50.
La carta de derechos reconoce “la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad” y la equidad de género. El texto también especifica que las autoridades deben aplicar la perspectiva de género de manera transversal.
“Se establece un mandato claro para que en todos los órganos de gobierno se salvaguarde la paridad, una perspectiva que debe regir toda actuación de las autoridades. Esto no tiene precedentes en nuestro país y será un buen ejemplo a nivel internacional”, explica la abogada y diputada Claudia Aguilar en una entrevista con eldiario.es. “La paridad no solo se piensa desde la mera cuota”, señala Kin, “sino en su importancia en términos de enriquecimiento y de inclusión social”.
La misoginia es considerada expresamente como una forma discriminación contra la dignidad humana. Además, el texto insta a adoptar todas las medidas necesarias “para erradicar la discriminación, desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres”. En México casi el 47% de las mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de violencia de género, según datos oficiales y la ONU.
Por otro lado, recoge los derechos sexuales (a decidir sobre la sexualidad y a ejercerla de forma libre, responsable e informada) y los reproductivos. No se prevé, como tal, el “derecho al aborto” –despenalizado desde 2007 en la ciudad– pero sí incluye los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación personal y la libertad de elección sobre tener o no hijos.
A última hora, con el impulso de diputados conservadores se debatió sobre mencionar o no el derecho a la vida, que podía derivar “en un revés respecto a los avances que en materia de aborto se han tenido en la Ciudad de México”, argumenta Aguilar. Finalmente, no se incluyó.
Una batalla de las organizaciones civiles
El texto final se aprobó el 31 de enero y ha contado con la participación de universidades, personalidades de la cultura, activistas, independientes y organizaciones de derechos humanos de la ciudad. Mesas de discusión, debates, reuniones, miles de firmas a favor de peticiones de Change.org... la sociedad civil ha estado presente tanto en la elaboración del borrador como en la batalla para asegurar la permanencia de los derechos.
“Una vez entregadas las propuestas, hicimos un seguimiento a través de las diputadas constituyentes para que no hubiera un retroceso”, explica Pérez, cuya fundación ha sido una de las participantes en el proceso junto a otras 14 organizaciones LGBTI.
Las negociaciones para la aprobación de determinados derechos, como los LGBTTTI, según Kin, no fueron sencillas. “Había un compromiso de vida y ético con las organizaciones y no podíamos permitir que se tumbaran estas garantías”. Aguilar lo reafirma: “Para avanzar no basta con tener la razón de manera teórica, es necesario convencer al otro con la mayor cantidad argumentos posibles”.
Que no quede en “papel mojado”
La constitución entrará en vigor en septiembre de 2018 y existe una necesidad generalizada de “aterrizar” estos derechos en la vida cotidiana de la gente mediante leyes locales y políticas públicas. “Desde el feminismo y el colectivo LGBT tendremos que pelear para que la legislación respete la constitución y que la gente conozca sus derechos”, indica Pérez. “Seguiremos vigilantes”, añade Galarza.
Kin, la activista que celebró con flores la aprobación del matrimonio igualitario, es también una gran aficionada a la pintura. ¿Cómo plasmaría este momento? “Pintaría una silueta dentro de un gran corazón, que simboliza la posibilidad de emerger y dar fuerza a un corazón que nos permite cada día ponernos de pie, tomar decisiones y caminar hacia donde elegimos”.
