Colombia: hablar de paz teniendo hambre
Hace un año se hacía pública la noticia esperada por tantos: el Gobierno y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) habían firmado en La Habana (Cuba) el 'acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera'. Un mes después, en octubre de 2012, se iniciaba en Oslo (Noruega) una mesa de negociación entre ambos grupos que aún sigue vigente y que rescató la esperanza de gran parte del pueblo colombiano. Otros, por el contrario, se hacían una pregunta que hoy se imprime en los carteles de protesta de sindicatos y organizaciones campesinas: “¿Cómo es posible hablar de paz teniendo hambre?”
Colombia ha sido testigo durante el último mes de la mayor oleada de movilizaciones gremiales desde que el presidente del país, Juan Manuel Santos, llegara al poder. Campesinos, transportistas, mineros artesanales, empleados sanitarios y maestros han salido a las calles para exigir la garantía de unos derechos recogidos en el segundo título de la Constitución Política de Colombia de 1991 que, según lo dicho por activistas del Congreso de los Pueblos en la Cumbre Agraria y Popular celebrada el pasado jueves en la Universidad Nacional de Bogotá, “no parecen estar escritos para todos por igual”.
Con un balance de 12 muertos, cuatro desaparecidos, 660 casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, 485 heridos generales (entre los que se incluyen miembros de la policía, del ESMAD -Escuadrón Móvil Antidisturbios- y de grupos militares), 21 heridos por armas de fuego, 52 casos de amenazas contra líderes sociales y 51 “ataques indiscriminados” a la población civil, según líderes del Congreso de los Pueblos, los portavoces de la Mesa Nacional Agropecuaria y Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA) consiguieron firmar un acuerdo con la vicepresidencia de la República y los gobernadores de Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Meta, Tolima y Huila para iniciar diálogos directos que den respuesta a sus peticiones más inmediatas. Esto ha conseguido romper los bloqueos en las carreteras, pueblos y ciudades de país, pero no ha podido desarticular las movilizaciones.
“No estamos dispuestos a retroceder. Consideramos que el gobierno ha planteado iniciativas que sólo maquillan la crisis del campo. El pueblo colombiano pide una solución integral a estos problemas, por eso es necesario acabar con los Tratados de Libre Comercio (TLC), luchar por una reforma agraria democrática, por un reconocimiento político del campesinado”, expresaba el representante del Congreso de los Pueblos en la Cumbre Agraria y Popular, que reunía en Bogotá a 4.000 actores implicados en las reivindicaciones, según el movimiento político de izquierdas Marcha Patriótica, organizador del encuentro.
“Hay muchos acuerdos que esperamos que se cumplan, pero sabemos que eso no va a pasar, por lo tanto es hora de quedarnos levantados”, expresó a Desalambre Gilberto Ariza, miembro de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) y líder del pueblo Arhuaco, asentado históricamente en la Sierra Nevada de Santa Marta.
“Nosotros, como pueblos indígenas de Colombia, hemos contribuido al fortalecimiento del país. Nuestra mirada siempre ha sido la defensa del territorio, la defensa de nuestra libre autonomía. Es por eso que hoy, en defensa de la apropiación de nuestros principios y de la relación con la espiritualidad, estamos ligados a esta cumbre y promovemos el mantenimiento de todas las movilizaciones que se vienen dando desde hace más de 20 días”, agregó.
Las FARC, por su lado, calificaron al Pacto Nacional por el Agro de ser “limosnero” y expresaron en un comunicado su apoyo a la Cumbre Agraria y Popular, que trató de buscar la unidad de todos los implicados en la crisis del campo (campesinos, afrodescendientes, comunidades indígenas y activistas populares).
El Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural y la crisis ministerial
El pasado jueves, al mismo tiempo que se desarrollaba la Cumbre Agraria y Popular citada anteriormente, el gobierno de Santos esperaba en la mesa de negociación a los portavoces del sector agropecuario para iniciar el Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. Dada la falta de confianza de los campesinos en su palabra, la mayoría de portavoces campesinos no acudieron a la cita. Aun así el mandatario leyó sus propuestas: eliminación de los aranceles para los insumos agrícolas; creación de una comisión que vigile los precios de estos productos; fortalecer la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; eliminar un cupo de importaciones de lactosueros y formalizar por decreto el Sistema de Participación Popular.
Se trata de unas medidas que coinciden con el primer tema tratado con las FARC en la mesa de negociación en La Habana y que pretenden, según el presidente, “refundar el campo colombiano”. Habló de la restitución de las tierras a víctimas de la violencia, del cierre de la frontera agrícola, de la formalización de la propiedad para campesinos y de la nueva jurisdicción agraria, entre otros asuntos ya trabajados en Cuba. Se anunció, además, que Venezuela comprará de forma masiva productos del agro colombiano. Todas estas propuestas, que de llevarse a la acción supondrían un notable avance, pretenden recuperar esa confianza popular debilitada en las últimas semanas.
A nueve meses de las elecciones presidenciales y según una encuesta de Gallup Colombia, tanto la imagen personal de Santos como la valoración a su gestión descendieron, a un 21% su nota individual y a un 11% el manejo general del país, en concreto. Este estudio bimestral demuestra el pesimismo de los ciudadanos, pues el 82% cree que el país está empeorando. La desconfianza aumentó cuando la respuesta política ante el paro campesino supuso la dimisión de los 16 ministros que componen el Ejecutivo que, a pesar de su decisión conjunta, dijeron haberlo hecho para dejar al presidente total libertad en la gestión de Colombia de cara al último tramo hacia la reelección.
En la Cumbre Agraria y Popular los pequeños y medianos campesinos, sin embargo, ya mostraron su rechazo al nuevo líder del Ministerio de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, quien, por su experiencia en el sector privado, no consideran que pueda defender los intereses de los pequeños y medianos productores a pesar de su declaración pública de “darle un vuelco al sector”.
“Es un ministro impuesto por las transnacionales”, aseguraban líderes del Congreso de los Pueblos. Tiene nueve meses, no obstante, para lograr sentar las bases de las propuestas del mandatario.
Los motivos de la pobreza
Hasta hoy no ha existido una política de Estado que defina cuál es el modelo de agricultura que necesita el país y que sea rentable tanto para grandes como para pequeños productores. Según Orlando Pamo, campesino del departamento del Tolima, “Colombia tiene recursos suficientes para alimentar a todos y a todas bien”, hecho que no justifica la situación de extrema pobreza en los campos del país.
Un estudio de Planeación Nacional del Gobierno de Colombia ya había anunciado en 2007 que de cada 100 campesinos nacionales, 62 son pobres y 25 indigentes, sin embargo, el 72% de los productos que se venden en el país provienen de pequeños y medianos productores. Estos datos convirtieron el tema en el principal punto en la agenda de la legislatura de Santos, obviado, sin embargo, hasta esta reciente crisis.
No es un tema desligado a la búsqueda del fin del conflicto armado interno más largo de la historia de Latinoamérica. Según las declaraciones a Desalambre de Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para las Víctimas, la Reconciliación y la Paz de Bogotá, lo que concierne a las políticas agrarias “engloba el alma en los procesos que buscan la paz”, pues el narcotráfico, los intereses de las multinacionales mineras y agrícolas, los de los terratenientes y ganaderos y la inseguridad alimentaria de las poblaciones, “o bien fueron los principales motivos por los que la guerrilla comenzó a actuar, o bien han sido los motivos por los que miembros de la sociedad civil colombiana se han convertido en bajas mortales del conflicto o en desplazados de los territorios afectados”. Todos estos puntos han colocado a Colombia a la cabeza de las listas de países con más desplazados internos del mundo, superando a Siria con un total de 28.8 millones de personas, según datos de 2012 del Centro de Seguimiento para los Desplazados Internos (IDMC).
La inseguridad alimentaria de los ciudadanos del campo ha tenido que ver con el difícil acceso de los productos de tierra y mar, la pérdida de diversidad a través de la privatización de las semillas por multinacionales como Monsanto, el empobrecimiento de los campesinos a través de los Tratados de Libre Comercio y el otorgamiento de importantes subsidios a grandes empresas nacionales e internacionales que han concentrado el poder de la tierra en pocas manos y ha generado más competitividad entre pequeños y medianos productores. Y no sólo es un tema que afecte a los campesinos. Según un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia más de 20 millones de personas no tienen acceso a los productos básicos de subsistencia, lo que supone que el 34,1% de los ciudadanos vive en la pobreza y otro 10,6% en la indigencia, sean trabajadores del campo o no.
“Colombia necesita, para que haya paz, que se avance verdadera y profundamente en el respeto a los Derechos Humanos”, concluía Bernal. “No se puede hablar de paz teniendo hambre”, gritaban los carteles en la Cumbre Agraria y Popular.
