DDHH en Marruecos: HRW denuncia que hay más retrocesos que avances

“Es la paradoja que caracteriza a Marruecos. Hay puntos positivos y nuevas leyes, pero en los derechos de base, la libertad de asociación, de reunión, y en lo referente a juicios justos y la violencia policial, no hay avances. Incluso hay retrocesos en algunos puntos”, ha señalado Eric Goldstein, director adjunto de Human Rights Watch para el Magreb y Oriente Próximo en la presentación del informe anual de la organización. Los derechos humanos en Marruecos y el Sahara Occidental no han avanzado, es la conclusión del informe que se ha presentado en Rabat.

La Constitución de 2011 representó un cambio respecto a las disposiciones sobre derechos humanos, “pero hay que poner fin a las prácticas que van en contra de los nobles principios expresados en la Carta Magna”, explica Goldstein. El texto constitucional, más aperturista, fue la respuesta del reino alauita a la oleada de protestas que sacudieron los países del norte de África en 2011.

Sin embargo, más de tres años después, la libertad de expresión, de asamblea y de asociación pacífica se han visto limitadas sobre todo en las leyes que penalizan los actos que puedan atentar contra la figura del rey o contra la monarquía, el Islam o la integridad territorial del país, en especial la soberanía que defiende Marruecos en el Sahara Occidental. Es decir, las famosas tres líneas rojas e intocables: Dios, patria y rey. “Las reformas llevan tiempo, pero también requieren voluntad política, y eso es lo que ha faltado”, según HRW.

La organización ha hecho balance del estado de los derechos humanos agrupándolos en varios puntos:

Inmigrantes y refugiados

HRW valora de manera positiva la nueva política migratoria que ha puesto en marcha Marruecos y su proceso de regularización de inmigrantes, tratando el fenómeno con otra perspectiva, aparte de la de seguridad. “Se ha puesto fin a las expulsiones de inmigrantes subsaharianos a Argelia y caído el número de redadas en ciudades. Sin embargo, algunos refugiados se encuentran ahora con la tarjeta de residencia caducada y sin saber cómo renovarla”, explicaba Goldstein.

“Y las fuerzas auxiliares siguen empleando la fuerza en la frontera con Melilla una vez que los inmigrantes son expulsados por las fuerzas de seguridad españolas”, uno de los aspectos que destaca el capítulo español del informe sobre Europa.

Libertad de expresión

“Un punto positivo es el proyecto de ley para reformar el código de la prensa, pero hace diez años que hablamos de la reforma. En un año, ´inshallah´, –decía Goldstein– podremos felicitarnos porque tendremos un código nuevo y mejorado”.

Los medios de comunicación independientes en Marruecos, muchos de ellos online, siguen criticando la actuación del gobierno y sus políticas, pero son conscientes de que no pueden traspasar ciertos límites porque se enfrentan a la cárcel si publican información considerada maliciosa, falsa o difamatoria, explica HRW en el informe.

Un ejemplo es el caso del periodista Ali Anouzla, director de lakome.com: las autoridades marroquíes le acusan de apología del terrorismo por haber incluido un link que llevaba a un vídeo donde un grupo de combatientes yihadistas llamaban a los jóvenes marroquíes a hacer la guerra santa.

Más recientemente, después del atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, las autoridades prohibieron la entrada de publicaciones extranjeras que reprodujeran caricaturas del profeta Mohamed. La semana pasada, la policía irrumpió en la grabación de un programa de la televisión francesa France 24 en el momento en que entrevistaban a un polémico dibujante marroquí, Khaled Guedar, antiguo colaborador de Charlie Hebdo, y el humorista Ahmed Snoussi, alias Bziz.

Libertad de asociación

El informe refiere el “annus horribilis” de asociaciones legalmente reconocidas como la AMDH (Asociación Marroquí de Defensa de los Derechos Humanos), que en el último año ha visto cómo las autoridades prohibían numerosas actividades y conferencias. El aspecto positivo es, según HRW, que la AMDH ganó la demanda en los juzgados y un tribunal administrativo de Rabat consideró ilegal la prohibición e impuso multas al Ministerio de Deportes y al Ministerio del Interior. “Son dos decisiones que encuentro excelentes, muy valientes”, valoraba Goldstein. La prohibición alcanzó también a una de las actividades que tenía programada Amnistía Internacional.

Durante 2014, las autoridades siguieron impidiendo a muchas asociaciones obtener el registro legal. Es el caso de la plataforma Freedom Now, un nuevo grupo en defensa de la libertad de expresión a quien se impidió celebrar una conferencia de prensa. En el Sahara Occidental, se sigue negando el reconocimiento legal a todas las asociaciones vinculadas al independentismo.

Libertad de reunión

No hay cambios en este punto, según el informe. Hay manifestaciones toleradas y otras son prohibidas categóricamente o dispersadas por las fuerzas del orden. El informe señala el caso del pasado 6 de abril, cuando la policía detuvo en Casablanca a 11 jóvenes que participaban en una manifestación para pedir reformas. Fueron condenados a penas de prisión basándose en confesiones ante la policía que después los acusados negaron ante el tribunal. En el Sahara Occidental, en El Aaiún, “ninguna manifestación saharaui de asociaciones pro derechos humanos o próximas a las tesis independentistas son toleradas. Se reprimen sistemáticamente”, ha dicho Goldstein en Rabat.

Tortura y sistema judicial penal

“El desafío central para mejorar los derechos humanos en Marruecos es la independencia de la justicia”, comenzaba Goldstein. “Está muy bien la reforma que anunció en 2009 el rey Mohamed VI, pero apenas se aplica”. Según el informe, Marruecos está comprometido con erradicar la tortura, pero sigue existiendo, algo que reconocen también las autoridades del país. Se sigue utilizando también la declaración verbal ante la policía, obtenida a veces bajo coacción, amenazas y tortura, como prueba ante el juez y se disuade a los ciudadanos a que denuncien estas situaciones, porque la denuncia también se castiga, concluye.

En octubre de 2014, Marruecos aprobó la ley para evitar que los civiles sean juzgados ante un tribunal militar. La ley entrará en vigor seis meses después de su aplicación, pero las organizaciones de derechos humanos señalan que el Tribunal Militar no tiene ya competencias para juzgar a civiles. El pasado 21 de enero se aplazó sine die el proceso contra Mamadou Traoré, un maliense acusado de matar a un agente de seguridad en la frontera con Melilla, en 2012. También está a la espera de juicio ante el Tribunal Militar el activista saharaui Mbarek Daoudi, que permanece en prisión preventiva desde hace un año y medio por posesión de armas.

Goldstein ha dicho, en sus conclusiones, que valora el hecho de que las autoridades marroquíes les hayan dejado trabajar con libertad y entrevistarse con quien han querido para elaborar el informe. “En Egipto, en cambio, hemos tenido que cerrar y en Libia una investigadora se ha marchado por cuestiones de seguridad personal”, explicaba. “Eso sí, nos damos cuenta de que estamos siendo seguidos por la policía, eso es claro, sobre todo, en el Sahara Occidental”.