DOCUMENTO | Interior admite que incumple la normativa en los CIE y teme que “conlleve su cierre”
En respuesta a un auto en el que la jueza de control del CIE de Gran Canaria exigió corregir los incumplimientos de la legalidad comprobados, el Ministerio del Interior ha reconocido en un documento, adelantado por El País y al que ha tenido acceso eldiario.es, que el reglamento que regula los CIE desde marzo de 2014 “no ha podido hasta ahora ser plenamente desarrollado”. Por esta razón, solicita un informe a la Abogacía del Estado ante su sospecha de que “podría conllevar una decisión de cierre” de este centro.
El documento, firmado por el secretario general de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Miguel Ángel Nogal Gómez, explica que como “la situación denuciada [del CIE de Barranco Seco]” en el auto de la magistrada María Victoria Rosell Aguilar emitido el pasado 31 de julio “es extrapolable al resto de centros, cabría imaginar resoluciones similares”. Es decir, reconoce que le constan incumplimientos de la normativa que rige el funcionamiento de los CIE en otros centros de internamiento peninsulares.
Según explica Nogal, “no se ha podido” aplicar el reglamento hasta ahora “debido a las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige”.
Los incumplimientos del CIE de Gran Canaria
En su auto, Rosell Aguilar hace un repaso del conjunto de incumplimientos de la normativa que regula los CIE que ha podido comprobar en el centro de Barranco Seco. La titular del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas cita, por ejemplo, que casi dos años después de la aprobación del reglamento “la administración del centro no se ha constituido” conforme a este, pues, indica, se han formado “sin los responsables de asistencia sanitaria y social”.
Esto se debe, desarrolla la magistrada, a que no se ha dotado de un médico perteneciente a la Administración General del Estado, como obliga el reglamento, ni tampoco se han incorporado “los servicios de asistencia social y cultural” ya que, recuerda, “no hay asistentes sociales [en Barranco Seco] desde al menos 2007”. Tanto el médico del sistema de salud público como algún miembro de los servicios sociales deberían formar parte de la junta de coordinación del centro pero estas figuras ni si quiera existen en el CIE.
Este es el “mayor incumplimiento” de lo establecido por el reglamento unido a la falta de un convenio para el servicio de orientación jurídica, en opinión de la magistrada. Según expone, “se consideran las carencias con mayor incidencia en la esfera de derechos de las personas internas”.
Además, recuerda que el CIE de las Palmas “no dispone de locutorios para entrevistas reservadas con abogados ni sala de visitas”. En este sentido, la Rosell Aguilar matiza que, en el caso de los encuentros con letrados han ofrecido como alternativa el despacho de la trabajadora social -que como recuerda se encuentra vacío desde 2007- pero no permite la realización de más de una entrevista simultánea.
En el caso de las visitas de familiares o amigos de los internos, el CIE no dispone de “ninguna alternativa”. Según recoge la jueza en su auto, hasta ahora se está utilizando una “dependencia previa al patio que en realidad es un corto pasillo con dos hileras de cinco sillas cada una enfrentadas y ancladas al suelo”. Esta circunstancia, añade, “no permite la realización de comunicaciones con un mínimo de dignidad y con respeto al derecho de la intimidad”. Por tanto, concluye, “no resulta viable desarrollar” los encuentros “conforme a lo previsto en la normativa”.
La magistrada denuncia además que el centro no tiene “folio, bolígrafo y un sobre” a disposición de las personas internadas para realizar las peticiones o quejas al director del centro y al Juzgado de control. “Se considera una restricción injustificada, máxime para personas privadas de libertad y alejadas de los suyos, que no disponen de acceso a internet”, reza el auto.
Desde la Campaña por el Cierre de los CIE han celebrado que el Gobierno admita el incumplimiento del reglamento que tantas veces han denunciado. “Si el propio Ministerio de Interior reconoce que es incapaz de cumplir un Reglamento y legislación que él mismo ha diseñado, en un Estado de Derecho sólo queda una salida apuntada: el cierre de estas instalaciones”, han afirmado en un comunicado.
“Veníamos alertando que la aprobación del reglamento de los CIE no era sino una maniobra de lavado de imagen e intento de legitimación al introducir algunos cambios en los centros, sin establecer en ningún caso mecanismos de garantía de derechos”, explican desde el colectivo. “La aprobación del reglamento respondió más a un intento de cubrir el vacío legal de los CIE ante el descontento generalizado, que a una voluntad real de garantizar los derechos de las personas internas”, consideran.
