“El petróleo no ha sacado aún a Ecuador de la pobreza, pero sin tierra nosotros sí somos pobres”
Dejaron Quito sin ser recibidas por nadie del Gobierno. No callaron, hablaron, pero se sienten ignoradas. Tras 220 kilómetros recorridos desde la ciudad amazónica de El Puyo hasta la capital ecuatoriana, después de permanecer a la espera durante diez días, las mujeres amazónicas que pretendían dialogar con el presidente ecuatoriano sobre la explotación petrolera que pende de forma constante sobre sus tierras regresaron.
Llegaron el 12 de octubre para hacer una propuesta: un cambio de modelo a nivel energético pero también social que modifique la concepción de la Amazonía. “Podemos conseguir que se conserve como lo que es. Apostamos por la vida, no solamente por dinero, no solamente por los recursos, sino por la vida de las futuras generaciones”, advirtió la representante de la comunidad Kichwa Sarayaku Patricia Gualinga ante la Asamblea Nacional del país. No pararán, dice, continuarán su lucha en su territorio. En su mente se mantiene vivo el ejemplo: la victoria de los sarayaku.
Eriberto Gualinga estaba a 8.755 kilómetros de Quito aunque, mientras charlaba con nosotros, su cabeza estaba allí, con su hermana Patricia, y con las mujeres indígenas que la acompañaban. Su mente también se desplaza en el tiempo: retorna a 2002, cuando la empresa petrolera argentina CGC llegó a su localidad sin consulta previa. Recuerda su lucha y la victoria posterior. El activista visita Madrid con la intención de dar a conocer, bajo el impulso de Amnistía Internacional, el documental que muestra ese triunfo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón. Su objetivo ahora es la aplicación de la sentencia: piden que el Gobierno reconozca y garantice su derecho a ser consultados cuando sus territorios están en juego.
En 1996, el Gobierno dio permiso a la petrolera CGC para que realizara perforaciones en las tierras del pueblo indígena Sarayaku, un territorio en el que esta comunidad ha vivido desde hacía siglos. Ellos poseen los títulos de las tierras desde 1992.
“Los helicópteros aparecieron en 2002”, comienza a explicar Gualinga en tono pausado. “Los técnicos de la empresa vinieron con seguridad armada, con militares que les protegían, y empezaron a entrar en el territorio. No lo podíamos consentir y nos organizamos. Levantamos campamentos por los caminos a través de los cuales la petrolera pretendía acceder por tierra a nuestra localidad. Como éramos pocos y entraban por varios recorridos, teníamos que ir corriendo de camino a camino”. Y, así, de asentamiento en asentamiento, transcurrió un año.
Las tentaciones por la lucha hermana surgieron, reconoce, pero abandonaron la idea. “Las mujeres frenaron a los hombres que apostaban por las armas”, apunta el entrevistado. Defendieron la estrategia a través del diálogo y recordaron el potencial de los medios de comunicación, hasta ese momento monopolizados por el Gobierno de turno que los utilizaba en su contra, según indica Gualinga. “Daban la versión de la empresa petrolera y la oficial. Éramos el punto rojo de la Amazonía, nos llamaban terroristas”. Fue entonces cuando Eriberto, cámara en mano, comenzó a documentar lo que ocurría en Sarayaku. Los medios se interesaron y encontraron su hueco.
“Sarayaku hizo la vida imposible a la empresa petrolera para conseguir que abandonase el terreno. Su constancia les obligó a retirarse. Aunque estaban militarizados, no pudieron avanzar”, celebra manteniendo la tranquilidad en sus palabras. “En 2003 la petrolera se retiró, pero siguió intentando acceder de diferentes formas, incluso hubo amenazas telefónicas. Finalmente la empresa denunció al Estado de Ecuador por no poder realizar su actividad”.
La sentencia de la Corte Interamericana
Necesitaban garantías de que aquella situación no se volvería a repetir. Abrieron otra línea de acción en su batalla pacífica: la justicia. Mientras agotaban las vías judiciales de su país sin cosechar ningún éxito y acumulando sendos fracasos, optaron por acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “No queríamos que se quedase así. El Gobierno se negaba a admitir lo que había hecho y nos fuimos a Costa Rica –sede de la Corte– para acabar con la impunidad del acoso a las comunidades indígenas”.
El tribunal internacional falló a su favor y pidió al Gobierno de Ecuador que adoptase una legislación para garantizar la consulta a los pueblos indígenas. Ahora exigen su cumplimiento. “El Gobierno tiene que dialogar con las comunidades, ellos son los dueños de los territorios donde se encuentra la deseada oferta petrolera. Saben que nos opondremos y el discurso de Rafael Correa se aferra a que unos pocos no podemos perjudicar al resto de la población ecuatoriana”, denuncia.
“Ecuador es un país petrolero desde toda su historia. Correa está al frente del poder desde 2006. Es verdad que en esta época han subido los precios del petróleo, lo que ha aportado grandes beneficios. Pero no hemos visto un beneficio real de la extracción. Hemos visto mucha publicidad y hasta ahora no hemos salido de la pobreza, mientras que hemos sido petroleros durante todo este tiempo”, explica el cámara, quien se niega a pensar que las poblaciones indígenas deban prescindir de su tierra por un bien común promulgado por el Gobierno. “Sin embargo, si nos quitan la tierra, nosotros sí somos pobres. El mantenimiento de la Amazonía es aportar algo que no es dinero, es aportar vida”.
El ejemplo más reciente del incumplimiento de esta sentencia es la aprobación por la Asamblea Nacional de Ecuador de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, al este de la Amazonía ecuatoriana. En un principio, a través de la iniciativa ambiental Yasuní-ITT impulsada por el Gobierno de Correa, se pretendía no tocar las reservas de crudo del parque a cambio de un fondo internacional de 3.200 millones de dólares que compensaría la pérdida de ingresos. Pero la cifra recaudada se quedó en los 13 millones. El plan fue suspendido y la extracción sigue adelante. “Allí viven pueblos en aislamiento voluntario. Si llegan las petroleras, seguramente los más afectados serán ellos”, lamenta Gualinga. No afectaría a los sarayaku pero su lucha, como la de las mujeres indígenas, es conjunta. “Es una batalla de todos. La victoria de Sarayaku ha tenido mucho que ver en la unión de los pueblos. Ahora tenemos mucha más experiencia sobre cómo se puede resistir. Con idiomas y culturas diferentes, nos hemos unido y esperamos la victoria”.
