La reforma sobre las devoluciones en frontera entra en vigor tres meses antes que el resto de la ley
La Ley de Seguridad Ciudadana, denominada 'Ley Mordaza' por varios colectivos sociales, fue aprobada por el Gobierno en solitario la semana pasada y este martes ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma, que bajo el paraguas de la “seguridad ciudadana” incluye diferentes , entrará en vigor el próximo 1 de julio, excepto un artículo: la disposición final primera, que regula las devoluciones de inmigrantes en Ceuta y Melilla, que lo hará hoy, cuatro meses antes que el resto de la norma.
“Esta Ley orgánica entrará en vigor el 1 de julio de 2015, salvo la disposición final primera, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”, recoge el texto de la ley. La disposición final primera enmienda la Ley de Extranjería para intentar amparar la devolución sumaria a Marruecos de los migrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla bajo la nueva figura jurídica que el Gobierno denomina del 'rechazo en frontera'.
Ante las críticas de la oposición en el debate en el Congreso previo a la aprobación de la norma, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz apuntó que la entrada en vigor de la norma demostraría que la ley se adecúa al marco jurídico nacional e internacional. Para las devoluciones en frontera la fecha de partida es este miércoles: a partir de ahora, las actuaciones de las fuerzas del orden en las alambradas de las ciudades autónomas deberán regirse por la nueva legislación.
La reforma establece que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
La disposición añade una coletilla incluida por el Partido Popular en el Senado: “En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”. La previsión en materia de derechos humanos surge de la oposición a la redacción inicial de la norma de varios coletivos sociales y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que veían peligrar entre otros el derecho de toda persona a solicitar protección internacional.
Las expulsiones inmediatas en las que un inmigrante es devuelto al otro lado de la valla sin preguntarle su nombre y sin ser identificado y sin ofrecerle asistencia letrada, impiden que estas personas expresen cualquier cuestión, entre ellas, la posibilidad de pedir protección internacional si su vida corre peligro. Este derecho está amaparado por la Convención de Ginebra, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos y la Directiva de Asilo, entre otras normativas.
El Ejecutivo se negó a dar marcha atrás en la aprobación del “rechazo en frontera”, pero anadió el matiz del respeto a los derechos humanos y las normas internacionales, un punto que según los expertos consultados se vulnerará si continúan las devoluciones de inmigrantes que se efectúan en la actualidad.
Las expulsiones actuales vulneran la nueva ley
Estas expulsiones en las fronteras de Ceuta y Melilla se remontan al menos a 2005, como ha admitido el ministro del Interior. El 6 de febrero de 2014, 15 personas murieron en un intento de entrada en España frenado por las fuerzas de antidisturbios de la Guardia Civil. Las imágenes de ese día, que el Ministerio del Interior hizo públicas a raíz de la presión de la prensa por conocer lo sucedido, hacían público también otro número: las 23 personas que consiguieron entrar en España y que fueron devueltas en caliente a Marruecos.
Jorge Fernández Díaz no negó la actuación policial, pero sí que se tratase de una operación ilegal. Aseguró que las expulsiones sumarias se realizaban desde 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que se basaban en un concepto “operativo” de frontera: los inmigrantes no entran en España hasta que han superado la totalidad del entramado fronterizo, que incluye el propio cordón policial. Si no superas a la Guardia Civil, no estás en España, según esta teoría.
Sin embargo, su Gobierno ha intentado legalizarlas. “Tenemos 25 guardias civiles imputados en Ceuta y Melilla y es obligación del Gobierno dotarles de la adecuada seguridad jurídica”, añadió Fernández Díaz en referencia a los agentes imputados por las muertes de Ceuta, por un lado, y a los que participaron en la devolución de un inmigrante después de haber sido golpeado y haber quedado aparentemente inconsciente; y al coronel que firmó una orden interna sobre expulsiones en caliente.
Según Margarita Martínez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense, “al día siguiente de su publicación en el BOE, la Guardia Civil no podrá actuar como lo viene haciendo”, apuntó a eldiario.es. Para que cualquier entrega de ciudadanos extranjeros a fuerzas de otro país sea conforme con el ordenamiento jurídico es necesario, asegura, un procedimiento en que se respeten los derechos de audiencia del interesado y a la asistencia letrada y de un intérprete, que deberá ser gratuita en caso de carecer de medios económicos.
La norma echa a andar este miércoles sin que exista todavía un protocolo de actuación las fuerzas de la Guardia Civil —en el que el Ejecutivo está trabajando—en las vallas, una de las críticas más repetidas (después de la vulneración de los tratados internacionales) por parte de la oposición en el Congreso de los Diputados. “Dejan a la Guardia Civil a los pies de los caballos”, denunció en la Cámara el diputado del PSOE, José Ignacio López Amor.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya ha expresado su falta de confianza en que las actuaciones policiales cambien y, repiten, si se mantienen como hasta la fecha seguirán vulnerando la ley. Pero a partir de este miércoles, vulnerán una nueva ley.
