“Es responsabilidad del Estado investigar los ataques contra los defensores de los migrantes”

Pocas veces se recuerda que la defensa de los derechos humanos es un derecho en sí mismo. Lo reconoció así la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando aprobó la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. En 2018 se cumplirán 20 años de aquel día y el escenario para quienes los defienden en primera línea continúa siendo sombrío.

Michel Forst es el relator especial de la ONU sobre la situación de estos defensores desde 2014. En sus informes ha alertado de la “preocupante rendición de cuentas” por parte de los gobiernos ante la ola de ataques que buscan silenciar las voces de los activistas de todo tipo.

El experto señala a los Estados, y también a las empresas. Y entre ellas, no solo a sectores como la minería, el petróleo, el gas y el carbón, sino al mundo de las finanzas, la tecnología y el textil. 

Forst ha estado en Madrid en una visita relámpago para reunirse con instituciones y activistas de diferentes colectivos. Es pronto, dice, para evaluar la situación de los defensores en España, pero advierte de la creciente criminalización contra los que denuncian la violación de derechos en las fronteras europeas en un contexto de auge de la xenofobia. Recuerda que las autoridades tienen la obligación de protegerlos e investigar los ataques que sufren.

¿Por qué ha visitado España? ¿Qué aspectos le preocupan más de nuestro país?

Para hacer un asesoramiento de la situación en un país hay que tomarse un tiempo para elaborar una evaluación contundente. Hoy, este no es el objetivo, sino hacer los primeros contactos que luego, en el marco de futuras visitas oficiales, servirán para hacer un asesoramiento. Para realizar una evaluación seria, hay que escuchar a todos los actores, no solo la voz de algunas organizaciones, sino también dar la oportunidad al Gobierno de presentar lo que ha hecho para que el trabajo sea lo más representativo posible.

He escuchado a algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, pero no podemos hacer una declaración oficial porque no hemos recopilado información de todos los actores. Sería demasiado fácil basarse nada más en testimonios. Para mí, lo importante es escuchar a distintas voces y recopilar más información para tener la mejor visión de lo que está pasando.

Los activistas que documentan la realidad en la frontera sur española denuncian las amenazas y presiones que reciben por su labor. En agosto, más de 200 organizaciones secundaron un manifiesto de apoyo a la defensora Helena Maleno, que recibió amenazas de muerte. ¿Existe un patrón de criminalización de estos activistas? más de 200 organizaciones secundaron un manifiesto

Todo lo que puedo decir es que he recibido muchos casos sobre la situación de las personas que defienden los derechos de los migrantes. Esto me ha llevado a decidir que el próximo informe, que presentaremos en marzo de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, sea sobre la situación de quienes promueven los derechos de las personas migrantes. En un par de semanas organizaré una consulta con defensores y defensoras que trabajan en esta temática en todas las regiones del mundo, de Europa también. Me parece importante documentar lo que está pasando con estos defensores.

Lo que he leído sobre ese comunicado que menciona también lo he escuchado en varios países, como Francia o Italia, donde realicé una visita académica el pasado mayo. También en Hungría y en México. Se ve que es un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de las fronteras y con los ataques contra las personas migrantes, que son vistas como 'invasoras'. En diferentes países, y lo hemos visto en Europa, se viven varias crisis a nivel social. Algunos políticos han usado como blanco a las personas migrantes para acusarlas de ser responsables de estas crisis. 

¿Qué debe hacer el Gobierno español, y los otros gobiernos, para proteger a estos defensores de los derechos de los migrantes?

Las recomendaciones son claras y son las mismas para estos defensores, y también para defensores de otras temáticas, como el medio ambiente. Y tiene que ver con la obligación de proteger a las personas que defienden a los derechos humanos. Además, la segunda responsabilidad del Estado es investigar de manera imparcial e independiente los ataques perpetrados contra los defensores de derechos humanos y de las personas migrantes.

¿Cómo se materializa en la práctica? Ustedes piden nuevos enfoques para garantizar que se adopten y se apliquen las medidas de prevención. 

A nivel nacional e interno, los Estados deben tomar medidas individuales para proteger a las personas defensoras dentro del país. A nivel internacional, deben proteger a los defensores que vienen de fuera buscando refugio y acogida temporal.

Para muchos, el problema principal es la impunidad, porque no se investiga de manera adecuada los ataques que se perpetran contra ellos. Es importante que se investiguen de forma independiente e imparcial. Que se pueda identificar al responsable, dar el nombre de la persona que cometió la agresión o la amenaza. Que se juzgue y se le sentencie a la pena adecuada. Esto es lo que va a romper el círculo de la impunidad, que es un combate a nivel mundial: está presente en muchos países y es lo que fomenta esta situación de ataques contra los defensores de derechos humanos.

¿Es cada vez más peligroso ser activista?

Sí. Hay cifras que muestran claramente que cada vez es más peligroso defender los derechos humanos. Por eso, es muy importante que haya una toma de conciencia por parte de los Estados de la necesidad de promover esa labor. Muchas veces, la mejor forma de proteger a estas personas es reconocer el papel positivo que desempeñan en la sociedad. Es, justamente, cambiar el discurso de que son 'terroristas', agentes extranjeros o personas opuestas al desarrollo, por el discurso de que son agentes de cambio o que tienen un rol muy positivo en el Estado de derecho y en democracia.

En 2018, se van a celebrar los 20 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos. Y debería ser una oportunidad para los Estados, en particular para el Estado español, de promover su labor y hacer, quizás, campañas para reconocer la contribución positiva de estas personas.

200 activistas fueron asesinados en 2016 por defender el medio ambiente, según Global Witness. Ustedes también han documentado en sus informes el creciente número de ataques contra estos defensores. ¿A qué se debe?

Por un lado, hay causas que son comunes a todos los defensores. Cuando una persona empieza a defender derechos humanos se le presenta como una persona que va en contra del desarrollo, un agente extranjero, se hacen campañas de difamación donde, por ejemplo, se les presenta como personas que se benefician económicamente de la lucha en favor de los derechos humanos.

Por otro lado, en cuanto a los defensores del medio ambiente, hay una tendencia a mercantilizar los bienes naturales: los ríos, los lagos, los bosques, la tierra... Es un lucha feroz en la que las empresas tienen un papel muy importante. En nuestro informe de 2016 ya explicamos la importancia de la actuación de estas empresas.

El último informe, que fue presentado hace dos semanas ante la Asamblea General de Naciones Unidas, muestra que las empresas internacionales a veces se benefician directamente e indirectamente de estos ataques. Son cómplices o están directamente involucradas en los ataques contra los defensores de derechos humanos. Por eso es importante mencionar este actor.

La mayoría de estas víctimas son indígenas.

Esto se enmarca en un contexto más global, porque las poblaciones indígenas quieren defender sus tierras, que a veces son sus propios medios de vida. Y hay empresas que solo ven de esas tierras el provecho económico que le pueden sacar. Empresas de las cuales los Estados se hacen cómplices, apoyando a las compañías y no a las comunidades locales.

Entonces, obviamente, cada vez se producen más agresiones y ataques contra los defensores. Y el informe de Global Witness solo habla de los asesinatos registrados, pero sabemos que hay un número mayor de asesinatos que, por alguna razón, no nos llegan, porque no se conocen bien los mecanismos y porque son muchos y ocurren en zonas aisladas.

Pero el asesinato es, dicen, la punta del iceberg, el recurso más extremo para silenciar sus voces. También se repiten otras formas de violencia como las amenazas o la criminalización.la punta del iceberg, el recurso más extremo para silenciar sus voces

En efecto, la desaparición forzada o el asesinato es la forma última de violencia contra los defensores de derechos humanos. Siempre conmueve escuchar a las personas que se dedican a la defensa de los derechos ambientales o de las poblaciones indígenas, que incluso hablan sobre su futura muerte, porque ya reciben amenazas, y saben que estas son cada vez más violentas y más recurrentes. Entonces, saben que en algún momento van a morir y lo dicen.

Y también es muy conmovedor escuchar a las familias, que después lloran a esas personas que desaparecieron o fueron asesinadas, y recuerdan que sabían el peligro que corrían, pero no podían dejar de luchar.