España niega la nacionalidad a los refugiados saharauis por proceder de un “país no reconocido”

Zahra cumple con todos los requisitos para conseguir la nacionalidad española: lleva viviendo en España más de diez años, no tiene antecedentes penales y está cobrando un salario como trabajadora. Pese a todo, la Administración le ha denegado hasta en dos ocasiones su solicitud. Su hándicap: provenir de los campos de refugiados saharauis en Tinduf. España exige una partida de nacimiento “de un país reconocido”, una categoría que no está reservada para la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Zahra no es un caso excepcional.

El Ministerio de Justicia reconoció en diciembre la existencia de problemas administrativos porque los documentos que entregan los saharauis “no son oficiales” y están generando “problemas en la Dirección General del Notariado”. La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE) calcula que hay unas 400 saharauis que atraviesan la misma situación.

Lehbib encarna otro ejemplo. Lleva en España desde el año 2000, cuando aterrizó en Asturias para cursar un seminario de medicina gracias a un programa de cooperación. Después se desplazó a Alicante donde trabaja como personal sanitario en un hospital. Asentado en nuestro país, inició los trámites para optar a la nacionalidad en 2010. Su sorpresa fue mayúscula cuando le comunicaron que la cita no sería hasta 2012. Dos años después la Administración resolvió su solicitud: no reconocemos su país. Respuesta calcada a la facilitada a Zahra.

“Es una injusticia”, clama Lehbib. Dos años atrás el Gobierno español cambió la doctrina y dejó de dar validez a los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que España no reconoce. Ni el argumento de que sus padres son españoles –atesoran el DNI español por haber vivido en una colonia- les ha servido para algo. España tampoco reconoce ahora esa circunstancia.

Frente a una persona de origen ecuatoriano, que solo necesita dos años de residencia legal para optar a la nacionalidad –unos casos muy delimitados-, o un ciudadano chino, que debe haber pasado, como la gran mayoría, más de diez años en territorio español, los saharauis de los campos de refugiados están desamparados. Adquirir la nacionalidad se les antoja una misión imposible. Un muro institucional, denuncian, cimentado a base de largas esperas, enorme burocracia, papeleo inútil y pago de tasas. Todo para recibir siempre la misma respuesta, que dicen, les deja impotentes.

¿Por qué ocurre esto con los saharauis, y en cambio, los kosovares, cuyo país no reconoce España, no tienen problemas? La contestación de Zahra es meridiana: “Los saharauis que llegan de las zonas ocupadas con pasaporte de Marruecos tienen todas las facilidades. El resto, con DNI del RASD o con un permiso de viaje de Argelia, nos hacen la vida imposible. Lo que quieren es que pidamos el pasaporte en la embajada marroquí”. “Obedece a una razón política, con Marruecos detrás”, clama Lehbib. Han pasado de ser colonizados por España a no ser reconocidos por los mismos conquistadores.

Un vía crucis para alcanzar la nacionalidad española que carece de fundamento desde el punto de vista jurídico. Lo piensa así Sidi Talebbuia, presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España. “La mayoría de los perjudicados son gente que vino a España de pequeños, y que han estudio aquí con becas, que su lengua materna es ya el español, que cotizan y pagan impuestos y que durante más de diez años han podido residir legalmente”.

Los tribunales no son el único terreno en los que han planteado batalla para conseguir dar un vuelco al panorama actual. En el Congreso de los Diputados han entregado a varios grupos políticos una enmienda para modificar el artículo 22 del Código Civil para que a los saharauis les baste con dos años de residencia legal, como ocurre con los sefardíes, por ejemplo, para poder solicitar la nacionalidad. Remarcan que no dudan de la conveniencia de otorgar la nacionalidad a los descendientes de los judíos hispano-portugueses expulsados en 1492 de la Península. Pero, del mismo modo, entienden que es un agravio comparativo puesto que ellos, que fueron una colonia española, como Filipinas o Guinea Ecuatorial, son el único pueblo damnificado.

“Un delincuente o un futbolista puede llegar a España y en unos pocos meses tener la nacionalidad. Nosotros, en cambio, esperamos diez años y nada. Abusan de los débiles y no de los fuertes”. Al poco de acceder a la Moncloa, el Gobierno del Partido Popular aprobó una ley que facilitó los requerimientos para hacerse con la nacionalidad española. Pero solo para los que vinieran con 160.000 euros bajo el brazo: los extranjeros que compren una vivienda con precio superior a esa cantidad reciben como contrapartida el permiso de residencia.

Existe una alternativa. Pero es, atestiguan los expertos, demasiado farragosa y requiere grandes dosis de paciencia. Se trata de la condición de apátridas. Para ello, tendrían que presentar la solicitud en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o en la Policía. A renglón seguido, deberán esperar dos años, y cuando tengan la cédula de inscripción, podrán solicitar por enésima vez la nacionalidad que tardará dos años en resolverse. El problema es que algunos desconocen esta posibilidad, o no la llegan a valorar porque les significaría reconocer de forma implícita que el Sahara no es un Estado.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reconoció la existencia de esta situación y aseguró en diciembre que su Ministerio está trabajando en ello: “He puesto de manifiesto nuestra mejor disposición a encontrar un cauce razonable y con garantías jurídicas”, defendió.

Zahra se mantiene firme. A pesar de que le han rechazado en dos ocasiones la solicitud de nacionalidad no piensa desistir. “Que nos traten como a ciudadanos, sin que se antepongan los intereses de Marruecos. La nacionalidad me corresponde por derecho. He pasado las entrevistas, he aportado todo los documentos y he estado cotizando en este país….”, apostilla. Su lucha personal se disputa ahora por los tribunales que tendrán la última palabra, como en el caso de más de 400 compatriotas.