Europa denuncia la ambigüedad de la enmienda que pretende legalizar las devoluciones en caliente

Los cambios en la enmienda que aprobará las devoluciones en caliente no les han convencido. Ni la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) ni el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, se han mostrado satisfechos con la enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada este jueves en el Senado. Ambos organismos exigen al Gobierno la ejecución de un protocolo que determine qué pueden y qué no pueden hacer las fuerzas de serguridad a la hora de devolver a las personas que saltan la valla.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Euroma, Nils Muizkiens, ha denunciado que la nueva enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana, que pretende legalizar las devoluciones en caliente, “no es suficiente al no proporcionar claras garantías contra la devolución de expulsiones colectivas ni establecer las salvaguardas adecuadas para que toda personas puedan solicitar asilo, independientemente del método de entrada”, ha asegurado a través de un comunicado.

Muizkiens considera que la reforma española puede “abrir una brecha en las garantías por las que la comunidad internacional ha luchado duramente desde la II Guerra Mundial”. Por este emotivo, el comisario ha realizado un llamamiento a las autoridades españolas para que lo reconsidera.

“Mientras tanto —continúa—, debe aplicar la enmienda sin ambigüedades sobre las devoluciones en caliente adoptando un procotolo para asegurar que las fuerzas de seguridad fronterizas tengan las órdenes claras sobre cómo aplicar la normativa”, asevera Muizkiens, en referencia a la eliminación de la creación de un marco procedimental para la Guardia Civil.

En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha exigido al Gobierno la creación de un protocolo de las fuerzas de seguridad que determine cómo van a expulsar a las personas que salten la valla y a su vez “respetar la normativa internacional de derechos humanos”, como queda reflejado en la enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada este miércoles.

Aunque ACNUR solicitó al Gobierno la retirada de la totalidad de la enmienda que garantiza las devoluciones en frontera, celebra “la inclusión de una referencia a las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos”. Sin embargo, recuerda la necesidad de elaborar un “marco procedimental claro para la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y la suspensión inmediata de las devoluciones automáticas, según un comunicado de la agencia de la ONU.

Fuentes de Acnur contactadas por eldiario.es recuerdan que si las personas expulsadas no fuesen previamente identificadas y atendidas de forma individualizada, el Gobierno incumpliría la normativa internacional. Con ello, el Ejecutivo también vulneraría la Ley de Seguridad Ciudadana ya que el PP ha añadido una enmienda a través de la que se compromete a respetar los derechos humanos en estas actuaciones.

Por tanto, las devoluciones en caliente que se están llevando a cabo en la actualidad en cada uno de los saltos fronterizos incumplirían también la nueva normativa nacional, pendiente de su aprobación definitiva en el Congreso.