Europa deberá responder si “instará” al Gobierno a no legalizar las devoluciones en caliente
“¿Va a instar la Comisión al Gobierno Español a no aprobar esta ley, posicionándose así junto a la ONU y al conjunto de la sociedad civil, o va a permitir que no se respeten los derechos humanos en su frontera sur?”. Es la pregunta que la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol dirige a la Comisión Europea sobre la legalización de las devoluciones inmediatas en las vallas de Ceuta y Melilla, que el Gobierno pretende aprobar en la Ley de Seguridad Ciudadana.
La Comisión Europea, como “guardián de los Tratados” de la Unión Europea, vela por el cumplimiento de la la legislación comunitaria. La eurodiputada cuestiona así a la institución sobre su respuesta a la legalización de las denominadas 'devoluciones en caliente' (la expulsión sumaria de un inmigrante que alcanza territorio nacional sin las garantías legales exigidas), que “son una clara violación de la Directiva de Retorno (2008/115/CE)”, expone Albiol en su pregunta, a la que ha tenido acceso eldiario.es.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ya comunicó la vulneración de la normativa comunitaria y de los tratados de las Naciones Unidas suscritos por España que supondría la legalización de las devoluciones en caliente que el Congreso de los Diputados envió al Senado, donde la ley espera la luz verde. Nils Muiznieks sentenció entonces que la norma “sería el principio del fin del sistema de asilo comunitario”.
El grupo del Partido Popular en el Senado incluyó más tarde una coletilla a la enmienda que aborda las devoluciones sumarias, para que “en todo caso, se realizarán respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional de la que España es parte”. Nils Muiznieks recordó al Gobierno la prohibición de las expulsiones colectivas y advirtió que seguiría “muy de cerca estos desarrollos normativos y los pasos que se den a continuación”.
Ahora, la Comisión Europea deberá responder a una nueva pregunta sobre las intenciones del Gobierno de agilizar las expulsiones en las vallas de Ceuta y Melilla. El principio internacional de No-devolución prohíbe el retorno forzoso de personas a lugares en el que pudiera estar en peligro su vida o su integridad física. El derecho al asilo exige que toda persona pueda solicitar protección internacional, una garantía que se ve imposibilitada en las expulsiones sumarias de inmigrantes en las que ni siquiera se los identifica.
El comisario europeo de Inmigración visitará España en marzo
La Comisión Europea ya ha respondido a otra cuestión sobre la legalización de las devoluciones en caliente en España, gracias a una pregunta oral de todos los grupos políticos de la Eurocámara, salvo el PP europeo y los conservadores británicos. El comisario de Inmigración, el conservador griego Dimitris Avramopoulos, admitió “la preocupación” de la Comisión ante la cobertura legal que el Gobierno español pretende otorgar a estas devoluciones.
Aunque Avramopoulos recordó que “la Comisión no dudará en adoptar las medidas apropiadas cuando hay pruebas de que un Estado miembro ha violado las leyes de la UE”, en esa ocasión pidió tiempo para comprobar si existía esa vulneración. Para ello, el comisario afirmó que sus equipos estaban estudiando la enmienda y apuntó que necesitaba recabar la versión del Ministerio del Interior.
El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz invitó al responsable europeo a visitar Ceuta y Melilla, un encuentro que tendrá lugar este mes de marzo, según informó Europa Press. El viaje de Dimitris Avramopoulos podría coincidir con la inauguración de dos oficinas para el asilo y la protección internacional que el Gobierno abrirá en Ceuta y Melilla también en el mes de marzo, aunque no se conoce aún la fecha exacta del viaje del comisario.
La nueva pregunta de la eurodiputada Marina Albiol vuelve a exigir a la Comisión que se pronuncie, después de los cambios añadidos y de un periodo de tres meses desde la respuesta de la institución, para que aclare las medidas que tomará en su función de “guardián de los Tratados” de la Unión.
