Expertos creen que el Gobierno no podrá legalizar las devoluciones en caliente

Si el ejecutivo pretende legalizar las devoluciones de inmigrantes sin identificación previa en Ceuta y Melilla incumplirá importantes tratados internacionales y, según sostienen los expertos consultados por eldiario.es, también su propia constitución. El Partido Popular presentó este miércoles 25 enmiendas a la Ley de la Seguridad Ciudadana entre las que se encuentra una enmienda de adición para la reforma de la Ley de Extranjería que ampare las devoluciones 'exprés' en la frontera de la ciudad autónoma.

“La única forma que tiene el Gobierno de legalizar las devoluciones en caliente es renunciar a tratados internacionales como la convención de Ginebra”, ha asegurado este miércoles Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid. Martínez presentó en junio un informe junto a otros juristas en el que se concluía que las devoluciones en caliente “vulneran frontalmente el ordenamiento jurídico”.

Este tipo de prácticas se llevan a cabo en la valla de Melilla al menos desde 2005, según la denuncia de las asociaciones, pero no ha sido hasta este año cuando la justicia ha cuestionado la legalidad de las mismas. El pasado septiembre, un juzgado de Almería imputó al coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martínez Villaseñor, debido a un posible delito de prevaricación por permitir las expulsiones inmediatas de inmigrantes en la valla melillense, ilegales según la Ley de Extranjería y el convenio bilateral hispano-marroquí.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió posteriormente al coronel al asegurar que esas devoluciones no incumplían lo establecido por la Ley de Extranjería. “Si las devoluciones son legales, ¿para qué hay que modificar la ley?”, ha cuestionado la catedrática a la vez que ha sugerido que “igual lo que pretenden es la desimputación del coronel”.

Poco después de que se conociera la intención de modificar este apartado de la ley, numerosos colectivos judiciales han rechazado la medida. Mientras el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido ante la polémica que es necesario dar garantías legales a la actuación de los agentes en la frontera, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha cuestionado la legalidad de la propuesta.

En la misma línea, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha explicado a eldiario.es que, de aprobarse la medida, el Gobierno estaría rechazando los compromisos internacionales que ha adquirido. “Cualquier intento de modificar la ley para contemplar devoluciones exprés es inconstitucional, es ilegal y violaría el derecho internacional”, ha subrayado.

Al mismo tiempo, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, ha recordado que la legislación solo habla de repatriaciones en las que se respete la dignidad y los derechos humanos, pero no se recogen las devoluciones en caliente. “No puede ser que existan dos categorías de ciudadanos, que unos tengan derecho a la protección internacional y otros no”, ha denunciado.

¿Por qué es ilegal la reforma?

Las devoluciones en caliente suponen un conflicto en la medida en que se suprime el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo o alegar cualquier otra cuestión. “Las actuaciones de la Guardia Civil son resoluciones adminsitrativas y por lo tanto exigen el derecho una audiencia donde los inmigrantes puedan alegar lo que precisen”, apunta Margarita Martínez.

Para Paloma Favieres, coordinadora de los servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la reforma “atenta contra el principio de no devolución y contra el protocolo 4 del convenio de derechos humanos”. Según el principio de no devolución, recogido en la Convención de Ginebra de 1951, “ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión o nacionalidad pertenencia determinado grupo soical, o de sus opiniones políticas”.

Cuando se ejecuta una devolución en caliente, explica, “no se identifica al inmigrante, no se le concede una asistencia letrada y tampoco se le concede protección internacional” en el caso de necesitarla. “Si eres firmante la Convención de Ginebra no puedes devolver a personas donde no tienes certeza de que no existe peligro para su seguridad”, añade.

Por otro lado, la reforma se enfrenta a un obstáculo “procedimental”. Favieres considera “una barbaridad” que se haya planteado la legalización de las devoluciones a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana y no a la Ley de Extranjería.

Margarita Martínez coincide con Favieres: para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana hace falta el dictamen del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Según la experta en derecho penal, a estas alturas y con la Ley tan avanzada los órganos ya no pueden pronunciarse. Si saliese adelante, “se incumpliría el procedimiento”.

¿Podrá el Gobierno sacar adelante la reforma?

Jorge Antonio Quindimil, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de A Coruña, se ha mostrado tajante ante la polémica: “este asunto no tiene vuelta de hoja desde el punto de vista legal”. Según ha explicado, para legalizar las devoluciones en caliente habría que modificar la Carta Magna: “nuestra propia Constitución obliga en el artículo 10.2 al cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos”.

Todos los expertos consultados por este diario han coincidido con Quindimil: o se modifica la Constitución -y por tanto se rechazan los compromisos internacionales sobre derechos humanos- o el Gobierno no podrá llevar a cabo la reforma.

No obstante, Paloma Favieres explica que el Gobierno intentará amparar las devoluciones dentro de un protocolo de actuación en la frontera que hasta ahora no existía. En un comunicado del ministerio del Interior, distribuido este martes, se detallan los puntos principales que compondrán dicho protocolo. Sobre la entrada de inmigrantes de forma ilegal, el documento explica que los agentes “procederán a su entrega documentada en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía”. Hasta la posible aprobación de la reforma, el protocolo no puede contemplar las devoluciones en caliente como un mecanismo legal de expulsión.