El Gobierno justifica las devoluciones en caliente con la misma teoría del guardia civil imputado
La orden que permite las devoluciones en caliente en la valla de Melilla, que ha costado la imputación por posible delito de prevaricación al coronel jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, es la utilizada por el Gobierno para justificar las expulsiones inmediatas y la entrada de tropas marroquíes en la valla. El Ejecutivo esbozó una vez más este argumento en una respuesta parlamentaria que ha trascendido este lunes y que hace referencia a los hechos que están siendo investigados. Una vez más, justifica estas prácticas ilegales según la Ley de Extranjería bajo la teoría de que los inmigrantes, al no traspasar la totalidad de la valla, no habían alcanzado territorio español.
En respuesta a una pregunta parlamentaria referente a la actuación violenta de los agentes marroquíes y las devoluciones en caliente efectuadas el día 18 de junio, el Ejecutivo rechazó, una vez más, que los inmigrantes hubiesen alcanzado suelo español.
“Cuando no existe vulneración del sistema anti-intrusión, y por tanto los inmigrantes no llegan a acceder a territorio español, en algunos casos, las fuerzas de seguridad marroquíes intervienen haciéndose cargo de los inmigrantes”, indica la respuesta gubernamental.
Según demostraron las imágenes entregadas al juzgado por ONG, los subsaharianos se encontraban en la zona de “entre vallas”. El Ejecutivo, como el coronel de la Guardia Civil de Melilla imputado, contesta: “la valla interna materializa la línea con la que el Estado delimita, a los efectos del régimen de extranjería, el territorio nacional”. Es la respuesta del Ejecutivo a las preguntas parlamentarias registradas el 20 de junio por el diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, quien se interesaba por los hechos ocurridos en la alambrada de Melilla el pasado 18 de junio.
Esta justificación de las devoluciones en caliente, incluida en el protocolo operativo de la frontera de Melilla, ha costado la imputación Ambrosio Martín Villaseñor, debido a un posible delito de prevaricación por permitir las expulsiones inmediatas de inmigrantes en la valla melillense, ilegales según la Ley de Extranjería y el convenio bilateral hispano-marroquí.
El auto, difundido este lunes, arremete contra el “protocolo operativo de vigilancia de fronteras”, una orden interna firmada por el acusado, que avala las devoluciones sin identificación previa de aquellas personas que no han superado la última alambrada, la más cercana a la ciudad autónoma. Tras recordar que la soberanía española recae sobre todo el entramado fronterizo, el juez considera que este argumento, también defendido por el Ministerio de Interior de forma sistemática, no se sostiene bajo la legislación nacional ni los tratados internacionales.
