Interior oculta que la cárcel donde encierra a 464 migrantes es un centro penitenciario, lo que incumple la ley

“Los jueces autorizan trasladar a un centro de Archidona (Málaga) a los inmigrantes llegados este fin de semana a Murcia”. Este es el titular con el que el Ministerio del Interior arranca el comunicado oficial con el que anuncia el envío, tras la autorización judicial, de 464 personas a la nueva cárcel de Málaga, que aún no se había inaugurado. La palabra “penitenciario” no aparece en ningún momento en la nota de prensa, pues la normativa española impide encerrar a personas en una prisión por una falta administrativa.

El comunicado describe un “centro” equipado “con las últimas tecnologías” que dispone de “enfermería, aula, campos deportivos, peluquería”. Ni rastro de que se trata de un centro penitenciario, registrado como tal en el BOE en marzo de este año, pero que aún no había comenzado a funcionar y apertura estaba prevista a principios de 2018.

La Dirección General de la Policía publicó este lunes una convocatoria para que 52 agentes, en atribución temporal de funciones, se incorporen durante “un mes” al que ya denominan “Centro de Internamiento de Extranjeros de Archidona (Málaga)”, a pesar de que no se trata de un verdadero CIE.

Este martes, el ministro del Interior ha sido preguntado al respecto y ha defendido la decisión, alegando que, aunque el centro “se ha construido para ello (como institución penitenciaria) no ha empezado a funcionar y no tiene las condiciones ni el régimen, ni el personal de instituciones penitenciarias”, ha explicado Juan Ignacio Zoido en Onda Cero, en una entrevista recogida por Europa Press.

Detrás del esfuerzo gubernamental del Ejecutivo por no denominar al centro penitenciario como tal se encuentra la prohibición de encerrar a migrantes en una cárcel por encontrarse en situación irregular en España, pues ello supone una falta administrativa, no un delito. Los espacios habilitados para ello en la normativa nacional son los Centros de Internamiento Para Extranjeros (CIE) que son dependencias policiales donde se priva de libertad a estas personas durante un máximo de 60 días con el objetivo de proceder a su expulsión.

“Los centros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, destinados a la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión”, determina el reglamento de funcionamiento de los CIE.

Sin embargo, estos centros, calificados por juristas y ONG como “peores que las cárceles”, han sido muy criticados por privar de libertad de circulación a personas por haber cometido una falta administrativa. Además, los datos oficiales evidencian que estas dependencias no cumplen su objetivo como mecanismo de expulsión: el 70% de las personas encerradas en 2016 no fueron finalmente deportadas.

Esta medida, de carácter temporal, la han adoptado los jueces de forma extraordinaria ante la imposibilidad de alojar a los más de 500 personas que han llegado en los últimos dos días a las playas de Murcia por la capacidad limitada que tienen en estos momentos los diferentes centros que existen en la región.

Segín Zoido, los inmigrantes trasladados a Archidona “están igual que en los CIE” que se encuentran “desbordados”. El ministro alega que se ha tomado esta decisión para evitar tener que alojarlos “en campamentos como se han visto en otros países”.

“El efecto llamada se corta devolviéndolos”

Interior defiende que se trata de una medida “excepcional” que ha sido autorizada por siete jueces de Murcia debido a la “saturación” de los CIE. En esta línea, recuerda su proyecto de construir tres centros de internamiento, presupuestados y acordados con la UE desde 2013.

“El Ministerio está consensuando con las distintas fuerzas parlamentarias el nuevo modelo de Centros de Internamiento que quiere aprobar el Gobierno en las próximas semanas, con el apoyo, hasta el momento, de Ciudadanos”, afirman en el comunicado.

El ministro del Interior vuelve a agitar el argumento del “efecto llamada”. Según defidende, “hay que cortarlo” con la devolución de los recióen llegados “ahora que está cundiendo nuevamente que Europa está saliendo de la crisis”. Las ONG especializadas recuerdan que ese “efecto llamada” no existe, sino que el flujo irregular de migrantes está motivado por la falta de vías legales y seguras para llegar a la Unión Europea.