51 menores han estado encerrados en los CIE en 2016
El número de menores encerrados en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) se ha triplicado en 2016 con respecto al año anterior: 51 adolescentes fueron identificados como menores durante su internamiento en los CIE, según las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio del Interior al Servicio Jesuita de Migrantes.
Este es, según denuncia la red de organizaciones religiosas, un efecto más de la ineficacia y “desproporcionalidad” de los CIE, donde dos de cada tres internos son privados de libertad de “forma gratuita”, sin ser finalmente expulsados.
El Servicio Jesuita de Migrantes carga de nuevo contra los Centros de Internamiento para Extranjeros a golpe de cifras oficiales, contextualizadas con su experiencia en el interior de los CIE. Los propios datos del Ministerio del Interior evidencian, concluyen, que se trata de una medida cautelar “desproporcionada en términos económicos y humanos”.
Según recuerdan, solo el 29% de las personas internadas en un CIE en 2016 fueron finalmente expulsadas, por lo que en el 70% de los casos el encierro en los CIE “no queda legitimado por su finalidad”. O lo que es lo mismo, explica Santiago Yerga, abogado del programa de CIE de Pueblos Unidos, este mecanismo provoca un “sufrimiento gratuito de dos de cada tres personas internadas en España”.
El Servicio Jesuita busca una de las raíces del problema en detenciones por estancia irregular. El año pasado, 35.882 personas fueron detenidas en España por no tener su documentación en regla, mientras que 9.241 personas fueron repatriadas de forma forzosa: un 26% con respecto a las personas detenidas, advierte el documento.
“Mala práctica policial”
La Fundación considera que existe “una mala mala práctica policial que solicita el internamiento meramente para identificar a un sujeto, a sabiendas de que el internamiento no va a desembocar en la repatriación”. Esta “mala práctica”, añade, culmina en el internamiento, dictado por orden judicial, “por la facilidad con la que le Ministerio Fiscal se atiene al criterio de la Policía y con la que los jueces se atienen al criterio de la Fiscalía”.
Las cifras muestran que los CIE, defendidos por el Ministerio del Interior por ser una medida “imprescindible para controlar la inmigración”, no son una pieza clave en el mecanismo de repatriación de inmigrantes. Según analiza el informe, cerca de 25 personas han sido repatriadas de forma forzosa cada día, sin embargo, el 76% de las 9.241 personas que en 2016 fueron devueltas o expulsadas a sus países de origen no ha pasado por un CIE.
Este hecho también preocupa a los autores del documento, pues temen que detrás de esas cifras pueden esconderse devoluciones exprés que “no se salvaguardan las garantías procesales”. Este tipo de deportación son ejecutadas desde comisaría, en las 72 horas posteriores a la detención del migrante, lo que obstaculiza su capacidad de acceder a asistencia letrada efectiva, recuerdan las organizaciones.
Uso de los CIE como “centros de acogida”
El mayor porcentaje de personas encerradas en vano se registra en los CIE localizados en la frontera sur. De las 7.597 personas internadas en el CIE en 2016, 5.695 personas fueron encerradas directamente tras su llegada a las costas españolas en patera, a pesar del agotamiento o, como ocurre en muchas ocasiones, después de haber visto morir a algunos de sus compañeros. El 75% de quienes son encerrados en los CIE lo hacen en las horas posteriores de arriesgar su vida en el Estrecho, en centros que acumulan denuncias de vulneraciones de derechos humanos como el de Algeciras.
“Nos preocupa el uso de los CIE como centros de acogida o de primera recepción, cuando se trata de lugares cuya finalidad es la expulsión. Se debe afrontar la acogida de otra manera”, cuestiona Miguel González, coordinador del SJM.
Los centros de la frontera sur han registrado en 2016 el mayor número de mujeres encerradas. “Es cuestionable que el internamiento sea la respuesta a la llegada de las mujeres que huyen de sus países, en las circunstancias en las que sabemos que lo hacen”, lamenta Yerga.
Por otro lado, el documento llama la atención sobre el número de órdenes de expulsión incoadas y aquellas que finalmente acaban siendo ejecutadas. De las 25.042 órdenes abiertas, 12.770 fueron dictadas y 5.051 culminaron en una repatriación. “Las personas que cuentan con una orden de expulsión que no llega a efectuarse viven en un limbo jurídico”, ha recordado Santiago Yerga.
