El Gobierno no garantiza la atención primaria a los inmigrantes un año y medio después de su anuncio

Este jueves se cumplen cuatro años desde que el Gobierno retiró cientos de miles de tarjetas sanitarias, muchas de ellas a inmigrantes en situación irregular. El 31 de marzo de 2015 parecía que su suerte iba a cambiar. El entonces ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, renegó, aunque solo en parte, de su propia reforma sanitaria de 2012. “No tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria”, dijo Alonso. Desde entonces, un año y medio después de anunciar que les devolvería el derecho a acudir al médico de cabecera, no hay rastro del documento prometido para ello.

Aunque la reforma sanitaria modificó muchos aspectos del sistema sanitario –como el copago farmacéutico–, la ley es conocida por algunos colectivos como el decreto de “exclusión sanitaria”. El 1 de septiembre de 2012 entró en vigor la retirada de los documentos de acceso al sistema público. De un día para otro, cerca de 870.000 personas se vieron despojadas de sus tarjetas.

Con el real decreto 16/2012, los inmigrantes en situación irregular tienen derecho a acceder a la atención pública en los casos de urgencia, si se trata de menores de edad y de embarazadas. Posteriormente, se amplió la atención en los casos de enfermedades infecciosas y cada comunidad autónoma ha regulado en función de sus competencias con más excepciones.

Algunas regiones se declararon insumisas al decreto y proporcionaron una mayor atención, como País Vasco, Navarra y Andalucía, pero las tarjetas sanitarias dependen de la Administración central, por lo que los inmigrantes también se vieron algo afectados en parte en estos territorios.

El número de personas que carecen de tarjeta hoy en día no ha sido actualizado por el Gobierno. Alfonso Alonso dejó claro que la intención del Ejecutivo no es devolver las tarjetas sanitarias a los inmigrantes sin papeles, ni derogar el decreto que recoge la exclusión negro sobre blanco. Su justificación es que con la tarjeta pueden viajar a otros países de la UE y obtener cobertura sanitaria, algo por lo que Bruselas abronca supuestamente al Ejecutivo.

Sin el documento prometido

En cambio, el Gobierno de Rajoy prometió una alternativa, aunque era menos garantista. Sanidad se comprometió a crear un documento que permitiese acceder a la atención primaria a los inmigrantes sin papeles y que estuvieran empadronados al menos seis meses. Ese documento aún no existe.

La acreditación pretendía homogeneizar las diferencias de atención entre comunidades autónomas, como defendió Mariano Rajoy, que se han generado tras la reforma. Dependiendo de dónde resida un inmigrante tiene unos derechos u otros en materia sanitaria, denuncian Yo Sí Sanidad Universal y Médicos del Mundo.

Sanidad justificó el retraso en acordar el documento con las comunidades autónomas por la formación de los distintos gobiernos regionales tras los comicios del 24 de mayo. Rajoy puso después una fecha, septiembre de 2015, que tampoco llegó a cumplir. La falta de Gobierno ahora a nivel nacional, tras las elecciones del 20D y del pasado junio, ha alargado aún más la espera.

Desde los colectivos a favor de la sanidad universal critican la maniobra de Alfonso Alonso como una estrategia de propaganda electoral y “publicitaria de su gestión al frente del Ministerio, tras la salida de Ana Mato”, dicen en Yo Sí Sanidad Universal. “Ha habido mucho cálculo electoral del PP”, critica Manuel Espinel, portavoz de Médicos del Mundo en Madrid. 

Qué queda de la exclusión sanitaria

Entonces, ¿cuáles son los restos de la exclusión iniciada hace cuatro años? “Muchos”, temen en Médicos del Mundo. “Se cambió de un sistema universal, en el que el derecho a la salud va ligado a la ciudadanía por otro de aseguramiento, en el que está relacionado con la cotización a la Seguridad Social”, explica Espinel. También la desigualdad de acceso a la sanidad  pública según el territorio de residencia y “mucha discrecionalidad”, subraya.

En Yo Sí Sanidad Universal destacan en el balance de estos cuatro años “que el decreto ha costado vidas humanas”. Murieron tres personas, Alpha Pam, Soledad Torrico y Jeanneth Beltrán, que no tenían tarjeta y cuyos casos se asocian a los errores causados por la ley. “A saber cuántas otras han empeorado en sus patologías o han regresado a sus países por no tener sanidad en España”, afirma Antonio Saiz, miembro de la plataforma. 

Los casos de irregularidades en la atención han sido constantes. “Hoy en día continúan”, coinciden en Yo Sí y Médicos del Mundo. “Y muchas incumplen las propias excepciones del decreto, incluso en regiones que no lo aplican”, insiste Manuel Espinel. El motivo más señalado: la inexistencia de campañas institucionales que informen a la población y a los profesionales sanitarios de los casos de atención y de las normativas autonómicas. “El mensaje que ha calado en mucha gente es el de 'no tengo derecho al médico”, lamenta Espinel.

En los próximos días se presentará una actualización del informe REDER, que vigila la desatención sanitaria. El publicado en abril informó de 541 casos de irregularidades en los anteriores ocho meses: había ilegalidades en cuanto a niños (36), embarazadas (28) y urgencias (47). 

Otras disposiciones posteriores siguieron la estela de este decreto. Desde 2013 los emigrantes españoles que residen más de 90 días en el extranjero pierden su derecho a la tarjeta. Aunque la pueden volver a solicitar a su llegada, los emigrados no pueden ir al médico cuando están de visita en España, como ha denunciado la Marea Granate.

La exclusión en los tribunales

Los ascendientes reagrupados por sus familiares a España, con papeles, también han sido víctimas de las consecuencias del decreto 16/2012. La Seguridad Social les deniega la tarjeta sanitaria porque considera que deberían tener un seguro privado. Cuando los afectados ya estaban en España, sin que les hubieran pedido ese seguro para darles los papeles, la justicia ha fallado siempre a favor de los inmigrantes. Como en el caso del padre de Annie, que acaba de conseguir la tarjeta sanitaria tras dos años de batalla en los tribunales contra la administración. 

“Ahora lo usan como política migratoria y no dejan reagrupar a familiares si no tienen seguro”, critica Manuel Espinel. El Gobierno ha reconocido a este medio que manda a revisar los expedientes de residencia de los ascendientes reagrupados sin seguro privado.

Una importante novedad de este año es la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado julio, que avaló el recorte de de la asistencia sanitaria por motivos de urgencia y ahorro económico. En varios autos anteriores, al alto tribunal concluyó que el Gobierno no había probado este ahorro, pero ahora apunta que es legítimo limitar el derecho a la salud de estas personas. Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y otras organizaciones ya han mostrado su rechazo conjunto a la decisión y consideran que no respeta los estándares internacionales de derechos humanos.

Yo Sí recuerda además que hay consenso entre los especialistas en que la atención en urgencias y especializada es más cara que la prevención que garantiza la atención primaria. Así lo concluyó también el pasado año un informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE.

Las entidades piden al próximo Gobierno que derogue el decreto “y aplique medidas para resolver el daño que ha hecho, que ha sido mucho”, sentencia Espinel. Saiz, de Yo Sí, teme un futuro equipo formado por PP y Ciudadanos, los únicos partidos defensores de la exclusión. “Todas las regiones menos La Rioja han ampliado la cobertura sanitaria, lo que demuestra que el decreto es un desastre”, concluye.