El Gobierno planea gastar casi 12 millones de euros en vuelos secretos de deportación en 2016 y 2017
El Gobierno destinará 11.880.000 euros en 2016 y 2017 a costear los vuelos secretos de deportación de inmigrantes en situación irregular, operativos cargados de críticas de ONG y expulsados casi imposibles de contrastar debido a la opacidad oficial que les caracteriza. El Ejecutivo ha iniciado los trámites de la convocatoria del concurso público para el “transporte aéreo de repatriados”, que estará sostenido con este presupuesto máximo, muy similar al del anterior ejercicio.
El anterior concurso, dotado de un presupuesto de 12 millones de euros para 2015 y 2016, fue adjudicado a Air Europa y Swift Air, empresas que seguirán ocupándose de este servicio hasta mayo de este año, según fuentes del Ministerio del Interior. Es entonces, dentro de cinco meses, cuando entrará en vigor la adjudicación que resulte de la convocatoria actual, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 5 de enero.
Aunque el precio que le cuesta cada vuelo de deportación a las arcas públicas es desconocido, el pliego de la convocatoria anterior lo cifraba en decenas de miles de euros: una hora de trayecto podía alcanzar los 22.000 euros como máximo, según Interior.
Los números que marcó entonces el Gobierno variaban en función de la capacidad de la nave. Una hora en el aire de recorrido en las naves más pequeñas (de 75 plazas) se pagó a 9.000 euros en 2015. Si se trataba de un avión de 76 a 120 plazas, la hora cuesta 10.500 euros; de 121 a 200 asientos el precio se sitúa en 17.000 euros. La hora de vuelo en los traslados en aviones con capacidad para más de 200 pasajeros se pagan hasta mayo de este año a 22.000 euros. Por el momento, el Ministerio del Interior no ha concretado las condiciones de la nueva convocatoria.
El Ministerio del Interior fletó en solitario o en colaboración con Frontex un total de 134 vuelos en 2014 con los que expulsó a 3.373 inmigrantes a sus países de origen o procedencia, según los únicos datos oficiales existentes al respecto, recogidos por la Defensora del Pueblo a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Aunque las denuncias de abusos policiales en el interior de los vuelos no se reflejan en el informe, la institución pide al Gobierno la grabación de estos operativos “en especial cuando la repatriación se considera conflictiva”.
Los vuelos de deportación que parten de territorio español pueden ser de dos tipos: los fletados por el Ministerio del Interior en solitario o los efectuados en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex). Además, las repatriaciones también pueden producirse en vuelos comerciales, en los que el expulsado viaja junto a otras personas que nada tienen que ver con el proceso de devolución, o en barco, en el caso de, por ejemplo, las repatriaciones a Marruecos.
Según la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, este no es el coste definitivo de un vuelo de deportación. La convocatoria publicada en el BOE hace referencia únicamente a la contratación del servicio prestado por la aerolínea pero, recuerdan, a ello hay que añadir los gastos derivados del fuerte operativo policial desplegado en cada vuelo, y los propios Centros de Internamiento para Extranjeros.
El reglamento policial establece que, como mínimo, el número de policías presentes en cada dispositivo de deportación debe igualar al número de repatriados.
¿Qué pasa en los vuelos?
El Ejecutivo tan solo ha confirmado la iniciación de trámites para la adjudicación de un nuevo contrato público. Durante los dos años anteriores, Air Europa se ha encargado de las expulsiones en grandes vuelos con destino a América Latina, África subsahariana, Europa del Este y Asia, explican fuentes de la Campaña por el Cierre de los CIE que hacen seguimiento de los procesos de reptriación. Swift Air se dedicaba a los vuelos con destino a Marruecos, vía Melilla o Jerez de la Frontera, así como a los traslados internos entre diversos CIE dentro del Estado español, recuerdan.
Movimientos sociales, como la Campaña por el Cierre de los CIE, llevan varios años denunciando las vulneraciones de derechos humanos producidas en el interior de los vuelos de deportación o durante los traslados al aeropuerto. Se trata de operativos opacos, de los que el Ejecutivo no aporta prácticamente datos al respecto. El reglamento que determina las normas del dispositivo policial durante las repatriaciones permite prácticas cuestionadas por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por Amnistía Internacional, como las sedaciones forzosas siempre que lo determine un médico, que pertenece a la Policía, por “razones de seguridad”.
La Dirección General de la Policía creó este documento en septiembre de 2007, tres meses después de la muerte de Osamuyi Aikpitanyi, de origen nigeriano, en un vuelo de deportación Madrid-Lagos. Las ONG aseguran que murió de asfixia por culpa de la cinta que amordazaba su boca.
Sin embargo, las vulneraciones de derechos humanos son muy complicadas de demostrar, debido a la opacidad que caracteriza a estos operativos. La Policía tiene la orden de no dar información oficial al respecto excepto en casos puntuales. A ello se suma el compromiso de “confidencialidad” que obligan a firmar a las aerolíneas adjudicatarias, incluidas en los requisitos de las anteriores convocatorias (las actuales se desconocen por el momento). Lo que pasa en el avión, permanece en el avión.
