Mi Gobierno me obliga a delinquir

- ¿Estás a favor o en contra del aborto?
- En contra.
- ¿Conoces a alguien que haya abortado?
- Si.
- ¿Crees que esa persona debería ir a la cárcel?
… (silencio)...

De esta forma tan gráfica y expresiva este breve vídeo nos muestra cómo, al mencionar el aborto y su regulación, se levantan barreras psicológicas e ideológicas que impiden un acercamiento reflexionado al tema. También nos pedía que “pensáramos en ello”.

El hecho innegable es que todos los años 44 millones de mujeres deciden terminar de forma voluntaria su embarazo. La mayor parte de ellas se encuentra en países en vías de desarrollo. Entre las que lo hacen en países donde el aborto sigue siendo un delito, muchas mueren o afrontan serias consecuencias para su salud física y psicológica.

En este contexto, ¿por qué defender que abortar sea legal, seguro y accesible para todas las mujeres? Existen muchas razones para hacerlo.

A través del famoso lema “mi cuerpo, mi decisión”, el movimiento de mujeres ha visibilizado durante décadas que el derecho a decidir de forma libre sobre nuestros cuerpos, la sexualidad y la reproducción es uno de los derechos humanos más fundamentales, que sistemáticamente está siendo negado a millones de mujeres en todo el mundo.

Sobre el papel, el derecho a decidir cuándo, cómo y si deseamos o no tener hijas o hijos está recogido en varios documentos y acuerdos internacionales. El pleno ejercicio de este derecho por parte de las mujeres depende del acceso al aborto legal, seguro y accesible, junto a elementos como el acceso a anticonceptivos y la educación sexual. Como recalca el relator especial de Naciones Unidas en su informe sobre el Derecho a la Salud, las leyes penales que castigan y restringen la interrupción voluntaria del embarazo son una barrera inaceptable que impide a las mujeres ejercer su derecho a la salud.

La realidad es que las mujeres abortan independientemente de lo que estipulan las leyes. Por ejemplo, en América Latina y África (dos de las regiones donde el aborto es ilegal en la mayoría de los casos), la proporción de mujeres que llevan a cabo abortos es considerablemente más alta que en Europa Occidental, donde el aborto generalmente está permitido: de cada mil mujeres en edad reproductiva, 32 abortan en América latina, 29 en África y 12 en Europa Occidental.

A diferencia de lo que consiguen las políticas que promueven la educación sexual y la planificación familiar, la penalización del aborto no redunda en que las mujeres dejen de abortar. Lo que sí consigue es que las mujeres opten por realizar los abortos de forma clandestina, en condiciones inseguras que pueden costarles la vida o causarles lesiones graves.

El aborto inseguro, llevado a cabo por personal no cualificado en condiciones insalubres, es un problema de salud pública que mata cada año a 47.000 mujeres. Otros cinco millones de mujeres sufren lesiones graves como consecuencia de ellos (incluidos daños a la salud mental, ya que las mujeres afectadas afrontan posibles consecuencias judiciales, que pueden llegar a ser penas de prisión).

Allí donde el aborto es legal, generalmente es también seguro, ya que es realizado por profesionales de la salud cualificados en condiciones adecuadas. Por el contrario, los abortos inseguros se realizan sobre todo en países donde el aborto está restringido o penalizado por la legislación. La misma OMS alerta de que existe una relación directa entre el grado de restricción o punición de las leyes que rigen el aborto y la proliferación de abortos inseguros. En Sudáfrica, donde se liberalizó la ley de aborto en 1997, el número de muertes ocasionadas por abortos se redujeron en un 91%.

Por tanto, las leyes penales que castigan y restringen el aborto son la causa de la muerte evitable de miles de mujeres.

En España

Lo avanzado tras años de luchas y activismo de organizaciones de mujeres, feministas, de salud, etc., hoy corre un riesgo serio.

En 2010 se aprobó la reforma, largamente esperada, de la ley del aborto que estaba vigente desde 1985. Esta reforma abandonó un sistema basado en supuestos para establecer un sistema de plazos, alineada con la legislación vigente en la mayoría de países europeos. La nueva ley del aborto ha supuesto un gran avance para las mujeres españolas, ya que garantiza el derecho de las mujeres a decidir y a terminar su embarazo de forma voluntaria durante las primeras 14 semanas de gestación sin obligarle a justificar su decisión.

Hasta 1985, el aborto era un delito penado. En la reforma de aquel año, el aborto seguía siendo considerado delito, pero estaba despenalizado únicamente en tres casos: si el embarazo suponía un grave peligro para la salud o la vida de la mujer, si era probable que el feto naciera con graves deficiencias físicas o psíquicas, o si el embarazo era fruto de una violación.

A partir de 2010, el aborto se ha convertido en un derecho jurídicamente exigible y financiado públicamente (dentro de los plazos establecidos). Además, la reforma también hacía énfasis en la prevención, recogiendo el derecho a recibir educación sexual y la financiación pública, total o parcial, de anticonceptivos.

Tras la promulgación de esa ley en 2010, el Partido Popular, entonces en la oposición, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, cuya tramitación ha recaído en el magistrado Andrés Ollero (miembro del Opus Dei y conocido por sus estudios contrarios al aborto y al matrimonio homosexual). El pleno del Tribunal Constitucional ha reconocido que la deliberación de este recurso sobre la ley de plazos de 2010 no es un tema urgente, dado que tras el cambio de Gobierno el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), anunció en julio la promulgación de una nueva ley que previsiblemente hará tabla rasa de la actual ley de plazos para volver a una más regresiva (si cabe) que la de 1985, pues eliminaría alguno de los antiguos supuestos despenalizados, como el de la malformación del feto.

La derogación de la ley de 2010 en la línea anunciada por Gallardón supondría un retroceso de más de 35 años en los derechos de las mujeres, ya que la recién ganada libertad para decidir sobre su maternidad quedaría, una vez más, en manos de legisladores, personal socio-sanitario y peritos. Además, las reformas anunciadas aumentarán la desigualdad entre las mujeres que podrán costearse un aborto libre y legal en otro país europeo y las que, por motivos económicos, tendrán que recurrir a abortos clandestinos dentro de nuestras fronteras. También generarán una situación de inseguridad jurídica para las mujeres que decidan abortar, y que podrían ser cuestionadas y encausadas.

Hasta ahora, a menudo las actuaciones de España y la Unión Europea han tenido un “efecto espejo” en otros países. En el caso de España, era especialmente América Latina quien miraba hacia nosotros reconociendo los avances en materia de derechos, pero hoy la situación es a la inversa: mientras nosotros retrocedemos en salud y derechos sexuales y reproductivos, países como Uruguay aprueban legislaciones a favor de los derechos de las mujeres y la igualdad.

Frente a las políticas reaccionarias, los movimientos y las ONG que trabajamos para defender la igualdad y los derechos de las mujeres defendemos el aborto legal, seguro y accesible para todas las mujeres como derecho fundamental. Y exigimos, aquí en España, mantener los avances logrados en la garantía de los derechos de las mujeres. La ecuación es sencilla: para evitar la muerte de miles de mujeres cada año, es imprescindible legalizar y asegurar el acceso a abortos seguros, garantizando así a las mujeres un derecho universal.

Quizás si “pensamos en ello” conociendo los hechos, nuestra respuesta sea diferente.