Negocios, cooperación y deportaciones
El pasado lunes el rey Felipe VI recibió en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Senegal, Macky Sall. Según varios medios de comunicación, departieron sobre negocios bilaterales y proyectos de cooperación al desarrollo puestos en marcha por España en Senegal.
La visita del mandatario senegalés –que también se ha entrevistado con el presidente Rajoy– se gestó durante una visita diplomática española a Dakar en la que ambos gobiernos firmaron un programa de cooperación para el período 2014-2017 de 50 millones de euros con destino a Senegal. En aquella visita –el 2 de diciembre de 2013–, el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Gracia Aldaz, afirmó que “Senegal es un socio estratégico de España en África occidental, un socio en el que confiamos”.
Hace apenas dos semanas, aprovechando el encuentro en Roma de la IV Conferencia Ministerial Euroafricana sobre Migración y Desarrollo, España y Mali acordaron reforzar su cooperación en la lucha contra la inmigración irregular, especialmente en materia de seguridad y formación policial. Las autoridades de Mali aprovecharon el encuentro para agradecer a las españolas la próxima entrega de material informático valorado en más de 40.000 euros.
El próximo jueves 18 de diciembre un avión de deportación fletado por el Ministerio del Interior español y contratado a Air Europa se llevará por la fuerza a decenas de migrantes de nacionalidad maliense y senegalesa, expulsados de España. Su destino, Bamako y Dakar.
Las migajas de cooperación al desarrollo tienen contrapartidas: entre ellas, la colaboración estrecha en las deportaciones. Por eso las autoridades consulares malienses y senegalesas se apresuran a acudir a los Centros de Internamiento de Extranjeros para emitir salvoconductos que permiten a España tramitar las deportaciones (ver). Por eso la policía senegalesa, en el aeropuerto de Dakar, recibe al avión y contribuye a la obscena limosna que se paga a cada deportado al aterrizar en la ciudad senegalesa: a los y las migrantes los policías españoles les entregan 50 euros, mientras que los policías senegaleses que les esperan al pie del avión les dan 10.000 francos CFA a cada uno.
A cada una de esas personas que previamente ha sido llevada por la fuerza, la mayor parte de las veces sin ninguna de sus pertenencias, que se han quedado en España. Las pertenencias de 6, 8, 10, 12 años de vida en territorio español. Limosnas ridículas para quienes han sido humillados por la escolta policial española, que les dobla en número. Limosna entregada por los mismos policías que, en el CIE o en Barajas, les han esposado y golpeado, que incluso les han sedado en el avión si iban demasiado revueltos. Muchas de estas personas están siendo separadas de sus familias, que se quedan en España. Todas ellas llevan en el bolsillo una prohibición de entrada en la UE por tres, cinco o hasta diez años.
Los Estados son las verdaderas mafias de la frontera sur: baste recordar el testimonio de un piloto de Air Europa, que nos contaba cómo el responsable policial de un vuelo de deportación español llevaba esposado a su muñeca un maletín rebosante de dinero para negociar, en este caso con las autoridades nigerianas, el precio de la carga humana que España iba a dejar en Lagos.
Al parecer, el programa de cooperación español en Senegal pretende “consolidar la democracia y el Estado de derecho”. A cambio, la policía española recibe la cobertura de las autoridades senegalesas para atar y golpear a la riada de migrantes que son deportados. A Senegal parte un vuelo aproximadamente cada dos meses; en el año 2013 fueron 190 las personas expulsadas por España a Dakar. Para cubrirse las espaldas, los escoltas actúan en base al atroz Protocolo para las Repatriaciones aprobado por el Ministerio del Interior en época de Rubalcaba, cuarenta días después de que Osamuyi Aikpitanyi, migrante nigeriano, fuera asfixiado hasta la muerte por su escolta policial. El Protocolo –una larga enumeración de instrumentos represivos autorizados– recuerda a los escoltas que no deben atentar contra las constantes vitales de los detenidos.
En verdad, Felipe VI, Rajoy y Macky Sall tienen muchos motivos para agasajarse.
