El PP elimina la obligación de crear un protocolo de devoluciones en caliente por “razones técnicas”
El Grupo Popular en el Senado ha aprobado para su remisión al Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana que, entre otros cambios, reforma la de Extranjería y legaliza las devoluciones en caliente de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla. Contra lo que pedía ACNUR y lo que había previsto inicialmente el PP, la reforma no impondrá al Ministerio del Interior elaborar un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad en este perímetro fronterizo.
En total, el proyecto ha salido adelante con 134 votos a favor y 84 en contra, los de toda la oposición, que venía criticando entre otros preceptos de la ley, la disposición adicional introducida durante el trámite en el Congreso para legislar bajo la figura jurídica del “rechazo en frontera”, las devoluciones sumarias a pie de valla en las ciudades autónomas.
El Grupo Popular enmendó esta disposición introduciendo salvedades: el rechazo deberá ejecutarse respetando los derechos humanos y los convenios internacionales, las solicitudes de asilo podrán pedirse en las oficinas creadas para tal fin en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla y, en todo caso, Interior “aprobará un protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad en los perímetros fronterizos”.
Esta es la previsión que ahora ha eliminado el PP, según explican fuentes parlamentarias a Europa Press, por “cuestiones técnicas”. Entienden que al tratarse de una Ley Orgánica no se podría desarrollar en el futuro reglamento.
No obstante, las fuentes 'populares' consultadas garantizan que desde el Ministerio del Interior existe el compromiso de dotar a las fuerzas de seguridad de este protocolo de actuación que tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) como las propias fuerzas de seguridad, en particular los guardias civiles, vienen reclamando.
De este modo, el redactado final de la Ley mantiene que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
Especifica, en línea con la adición realizada por el PP, que este rechazo “en todo caso se realizará respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional de la que España es parte”.
Por último, añade que “las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional”.
Se acerca su aprobación definitiva
La Ley finaliza así su tramitación en la cámara alta en la que se han introducido algunas novedades como la que abre la puerta a que el ordenamiento jurídico español regule el registro de pasajeros en aviones, una propuesta defendida por varios países de la Unión Europea como medida para combatir la llegada de terroristas yihadistas.
En concreto, es la enmienda que modifica el apartado 1 del artículo 25 sobre las “Obligaciones de registro documental” en el que se dice que quienes “ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana” quedarán sujetas a “las obligaciones de registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables”.
Entre esas “actividades relevantes” la Ley incluía numerosas categorías como hospedarse en un hotel, comprar un teléfono móvil, alquilar un coche, compraventa de joyas u obras de arte. La novedad que introduce ahora el PP en el texto es que entre esas activades, se añade también el “transporte de personas”.
CINCO ENMIENDAS ACEPTADAS
Durante el trámite del Senado, los votos del PP han rechazo hasta ocho vetos de la oposición y en el Pleno de este jueves los 'populares' han aceptado hasta cinco enmiendas, dos de ellas presentadas por el PNV sobre cuestiones competenciales como la de compartir con las comunidades autónomas algunas bases de datos nacionales como los tributarios, de seguridad Social o tesorería.
Las otras tres son enmiendas transacionales, dos de ellas de carácter técnico y una tercera que hace referencia a reconocer de un modo específico en la Ley a la policías administrativas como es el caso de la Policía Portuaria, aunque en ningún caso se les reconoce competencias en materia de Seguridad Ciudadana.
