Marruecos condena a cadena perpetua a activistas saharauis procesados en el juicio de Gdeim Izik

El Tribunal de Apelación de Salé, cercano a Rabat, ha condenado en la madrugada de este miércoles a 23 saharauis a penas que oscilan entre cadena perpetua y dos años de cárcel. Los procesados han sido juzgados por el desmantelamiento en 2010 del campamento de Gdeim Izik, en el que miles de manifestantes pedían el fin de la ocupación marroquí. Murieron 11 agentes marroquíes y dos civiles saharauis.

Este nuevo juicio, que comenzó el pasado mes de diciembre, se ha celebrado en un tribunal civil después de que el Tribunal de Casación revocara las penas pronunciadas contra los saharauis por el Tribunal Militar en 2013 y ordenara la repetición del juicio.

En esta ocasión, las sentencias fueron dictaminadas por los seis miembros del jurado después de más de 14 horas de deliberaciones. El juicio se desarrolló en ausencia de los acusados que desde el pasado mes de mayo decidieron protestar contra el proceso no asistiendo a las audiencias.

Una “dura” sentencia

El juez confirmó la condena perpetua -antes pronunciada por el tribunal militar- a ocho de los acusados, mientras que las otras penas oscilaron entre 30 años para tres de ellos, 25 años de prisión contra cinco acusados y 20 años contra tres de ellos.

Mientras, rebajó entre cuatro años y medio y dos años las penas contra cuatro de los acusados, lo que significa su puesta en libertad tras haberlas cumplido.

El juez volvió a calificar los delitos y decidió descartar la acusación de “formación de una banda criminal” para la mayoría de los condenados, mientras les imputó por los delitos de “violencia contra las fuerzas del orden ocasionando lesiones, asesinato y mutilación de cadáveres a cada uno de los acusados en lo que le corresponda.

A la última sesión asistieron los familiares de las víctimas de los once policías del orden marroquíes que murieron en los disturbios que se registraron en Gdaim Izik en las afueras de El Aaiún. Nawfal Buamri, abogado que representó a los familiares de los agentes, calificó el juicio de “justo” pero insistió en que sus clientes “se merecen una indemnización”.

Varios observadores internacionales estuvieron presentes en juicio. Entre ellos, la abogada española Rosalía Perera Gutiérrez, miembro de la Consejo General de la Abogacía Española, que calificó las penas de “durísimas”. Además señaló que no ha hay pruebas de que se haya encontrado al autor responsable de la muerte de cada uno de los agentes marroquíes.

Al mismo tiempo estimó que el actual juicio civil ha sido “menos intimidatorio” que el anterior juicio militar y subrayó a Efe que el actual presidente de la sala “ha sabido llevar los tiempos y preservar el derecho de la defensa a la última palabra”.

Otro saharaui procesado en este juicio, y que se encuentra en libertad provisional, no pudo asistir a las anteriores audiencias por problemas sanitarios y su caso fue pospuesto al próximo 27 de septiembre para ser juzgado de forma separada.

Esto llevó al juez a nombrar cuatro abogados de oficio para defenderles y encargó a un secretario informarles sobre el desarrollo del juicio y de las condenas.

Por su parte, en declaraciones a Efe, el abogado marroquí Nawfal Buamri, que representó a los familiares de los agentes muertos en Gdaim Izik, calificó el juicio de “justo”, pero insistió en que sus clientes “se merecen una indemnización”.

Añadió que los abogados de la parte civil se plantean presentar un recurso de casación contra el juicio.

“Un juicio ilegal”

Desde Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara Occidental, consideran que las condenas “son una muestra más del odio que el régimen marroquí demuestra contra toda la lucha pacífica del Pueblo Saharaui en defensa de los derechos humanos”. Según han afirmado en un comunicado, la sentencia se ha decidido en un “tribunal extraterritorial e incompetente, dado que los hechos se circunscribieron al Sáhara Occidental, Territorio No Autónomo, ocupado ilegalmente por Marruecos”.

CEAS-Sáhara denuncia que las condenas se han basado en confesiones “presuntamente obtenidas mediante tortura y malos tratos”. El Comité de la ONU contra la Tortura concluyó en noviembre de 2016 que Marruecos había vulnerado la Convención contra la Tortura en relación a uno de los condenados, Naâma Asfari.

Miles de manifestantes pidieron en el campamento de Gdeim Izik en 2010 “el fin de la ocupación y el derecho inalienable a la libre determinación y la independencia”. En el desmantelamiento de la protesta (noviembre de 2010) hubo trece muertos: once policías marroquíes y dos civiles saharauis. Fue el momento más crítico vivido en la zona desde el alto el fuego proclamado entre Marruecos y el Frente Polisario en 1991.