Los 300 de Poblenou: manual político para hacer invisibles a los inmigrantes desalojados

Los desalojados de la nave de Poblenou de Barcelona el pasado julio todavía no han recibido ninguna solución, a pesar de las promesas. Los días antes de que fuesen expulsados las más de 300 personas de origen subsahariano que ocupaban el recinto, se les ofreció la tutela del Ayuntamiento hasta su inserción laboral. Pero no llega. Estos días se cumplen tres meses de la presentación de las primeras solicitudes de regularización. El subdelegado del Gobierno en Catalunya Emilio Ablanedo, da una primicia: “Tres han sido resueltos de forma favorable estos días, y otros dos parece que serán positivos también”. Son muchos más. “Se han remitido 52 a la Secretaría General de Migración e Inmigración de Madrid”. Sobre estos, no tiene información de fechas de entrada, o decisión al respecto.

Aún el cómputo no llega hasta los llamados “300 de Poblenou”: un grupo amplio de mujeres y hombres, prácticamente todos subsaharianos que desde hacía dos años ocupaban una de las naves del barrio. Se dedicaban a la recogida de chatarra, actividad no reglada pero defendida por los vecinos que les dan apoyo. “Limpian nuestros contenedores y escombreras, su labor es positiva”. Es una situación alegal, y otro de los puntos en la lista de reivindicaciones para normalizar su situación.

A finales de julio de este año se produjo el desalojo a instancias de un juez de Barcelona que ordenó la actuación inmediata de los mossos y a favor de los dueños del edificio. No son otros que la familia Iglesias Baciana que, paradójicamente tiene una fundación que se dedica a ayudar económicamente a “mujeres menores de 30 años y evitar la marginación social”. Nunca quisieron reunirse con los habitantes (hombres y mujeres) de la nave ni con los organismos ciudadanos que les defienden. Tampoco ha sido el único desalojo de edificios este año en Barcelona, gestionado por el alcalde, Xavier Trias de CiU, que anunciaba programas de ayuda y alojamiento vía twitter mientras se vaciaba la antigua nave.

La situación legal de este grupo de inmigrantes es insólita y va más allá de los procesos habituales. Salieron del edificio con el compromiso del Ayuntamiento de quedar tutelados por el Consistorio hasta su inserción laboral. “Esto implica, necesariamente la obtención de papeles, ya que no se puede tener empleo sin permiso de trabajo”.

Enrique Mosquera, de Papeles Para Todos lo tiene claro. “Para nosotros, esto significa la regularización”. El comisionado de Inmigración del consistorio Miquel Esteve, no está en absoluto de acuerdo con esta interpretación. “A lo que el alcalde Trías se comprometió fue a dar alojamiento y manutención a los habitantes de la nave, a incorporar a procesos de reinserción laboral y a presionar a la Delegación del Gobierno español para que regularizase este problema”. Y carga contra algunos de los representantes del colectivo de inmigrantes: “No sé si por buena fe o no pero algunos han sobreestimado su poder de movilización y pensaron que lograrían un proceso de regularización general que en ningún caso prometimos, y es que no tenemos competencias”.

El alto cargo del Ayuntamiento asegura que han cubierto de sobra sus funciones asistenciales, ya que ahora en diciembre y cinco meses después, siguen haciéndose cargo de unos 140 inmigrantes (les pagan pensión o albergue) sin fecha de finalización, y la solución, repite, no está en sus manos. Anteriormente a este plan específico, se les echaba a la calle al tercer o cuarto día. “Hasta que el Gobierno español no reinterprete la Ley de Extranjería, no podemos sacar conejos de la chistera”.

No parece que esto vaya a producirse pronto, como mínimo de forma favorable a este colectivo, al leer la letra pequeña de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que, según se conoció este miércoles, cambiará y endurecerá la legislación actual, incorporando como delitos su participación en escraches, “ofensas a España”, hacer botellón u obstaculizar la actuación policial. Todos ellos penados con la no obtención de permisos de trabajo o residencia, o si son calificados como graves, la expulsión inmediata del país sin que haya ningún tipo de principio de proporcionalidad, existente hasta ahora.

Por su parte, Emilio Ablanedo que representa al gobierno de España se cubre con la legislación vigente: “No podemos hacer nada que se salga de la norma, y es más, la Comisión Europea ha dejado claro que no se pueden hacer regularizaciones masivas. Cada caso será tratado de forma individual”.

A Raquel estos datos le quedan muy lejos. Es originaria de Camerún y una de las pocas mujeres de las que estaban en la nave que quiere hablar con periodistas. No acepta ser fotografiada ni filmada. Recuerda el día 24 de julio: “Enrique nos dijo que el Ayuntamiento nos aseguraba casa, papeles y trabajo, por eso salimos de la nave sin ofrecer resistencia”. Tiene 41 años y dejó cuatro hijos hace tres: el mayor de veinte, la menor de nueve. Se le pregunta si en el tiempo que lleva en España ha podido trabajar legalmente: “Nunca, ni un solo día”.

“Las conversaciones no quedaron por escrito”, apunta Enrique. Interpretaciones aparte, el hecho es que mucho no se ha avanzado. Sin embargo, no es tan exacto que no haya documento que acredite lo hablado: el día 10 de julio en TV3 era el mismo comisionado Miquel Esteve quien se refería al proceso en estos mismos términos. Una vez más, existe la hemeroteca de los medios.

“Es la primera vez que una Administración municipal fomenta un plan integral específico”, aseguraba en la entrevista, días previos al desalojo y en plena negociación con los representantes de los inmigrantes. A la solicitud de concreción por la conductora del espacio, Esteve llega a afirmar que “hay un catálogo muy amplio de ofertas laborales con empresas...”, llegando a citar a La Caixa. En este debate televisado Manel Andreu, portavoz vecinal de la red solidaria con los desalojados, recriminó al representante oficial que “no se hubiera explicado a los beneficiarios este plan”. El comisionado termina la entrevista sentenciando: “El alcalde Xavier Trias quiere liderar esta demanda de regularización al Gobierno central”.

Al teléfono y tras varios meses, el comisionado dice no haber entrado en ninguna contradicción: “Nos referíamos a los que tuvieran los papeles regularizados o estuvieran en situación de obtenerlos”. Sin embargo, en el contexto de la nave de la calle Puigcerdà no parece difícil imaginar que la proporción de ciudadanos con permiso de trabajo no fuera muy alta. “Había de todo”, concluye.

Eran una, dos y tres administraciones

La madeja se enreda en este punto. Y es que como en todos los casos de tramitación de papeles para inmigrantes, hay tres administraciones involucradas en ella: El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y en última instancia, la Dirección General de Inmigración dependiente del Gobierno Central de España. Pero fue la primera la que, según los colectivos implicados, adquirió los compromisos para todo el proceso, aunque desde el Ayuntamiento lo niegan. Los inmigrantes y sus representantes se han reunido varias veces con todos ellos, siempre por separado.

Se abrió la posibilidad de un trato especial que consistía básicamente en la tramitación por circunstancias excepcionales de los papeles. Esto significa que no se solicitara por la vía ordinaria que exige permiso de trabajo. Resumiendo: estando en la lista de la nave desalojada, los únicos papeles a presentar serían el pasaporte, empadronamiento y certificado de penales -documento emitido en el país de origen que acredita al titular libre de delitos-. Se intentaría tramitar esta alternativa contemplada en la actual Ley de Extranjería pero que únicamente puede autorizar el Gobierno central, es decir, el español y que excluye la necesidad del arraigo. Al teléfono, el Subdelegado ni afirma ni desmiente la posibilidad: “la concesión de papeles por la disposición adicional primera de la ley relativa a ”colaboración con autoridades y administraciones“ está en manos de la Secretaría General en Madrid, no podemos hacer más”.

“A mí no se me puede reclamar nada que vaya más allá de la atención asistencial y humanitaria, y esto lo estamos haciendo” - insiste Miquel Esteve. “Tienen que saber que no es cosa del ayuntamiento. Y vienen cíclicamente ante nuestro edificio oficial a protestar, y no solo de Barcelona. Llegan de toda Catalunya. Reclama que, en todo caso, en las reuniones esté presente la Federación de Municipios. ”Desde Barcelona no podemos asumir los papeles porque no es nuestra competencia, ni la asistencia de los que vengan de otros lugares, tienen que saberlo o que se les explique: ¿pero qué se han creído? Esto no es un gulag“

La asociación vecinal y colectivos (Papeles Para Todos y otros) asumieron la responsabilidad de acreditar ante la subdelegación del gobierno quién era habitante de la nave y quién se acercaba por el efecto llamada a intentar entrar en esta vía abierta que aceleraba el proceso. Y así lo hicieron. Miquel Esteve no quiere saber nada de esta lista: “me parece muy peligroso que un colectivo recoja un listado de personas vulnerables que reconozcan su irregularidad. Nosotros desde el ayuntamiento nunca la pedimos”. “Se están produciendo efectos de llamada con una supuesta carta blanca. Hace dos semanas, en la sede de Papeles Para Todos acudieron casi mil quinientas personas pidiendo papeles”.

El desencuentro está servido. Enrique Mosquera habla en nombre de la organización: “nosotros no hicimos convocatoria, y en el acta de los mossos así queda constancia: fue una concentración no autorizada, y no convocada”.

Nos explica la situación actual con las tres administraciones, según él, “se pasan la pelota unos a otros”:

Sin embargo, también están tramitando solicitudes con arraigos concedidos. “Si es que cada caso es un mundo, para muchos no es la primera vez que tramitamos sus papeles, algunos tienen una documentación y otros, otra”. Y por descontado, tampoco deniegan la ayuda a esa segunda lista de indocumentados que no eran habitantes de la nave de Puigcerdà pero, que solicitan información y asistencia en la tramitación, aunque en listas separadas. Emilio Ablanedo lo confirma: “de los cincuenta y dos expedientes que hemos tramitado, siete no estaban en la nave de Poblenou”. Los vecinos están desbordados.

Enrique, Montse, Carlota, Norma, Andrés, Manel, son algunos de los vecinos, pero también asistentes sociales, abogados y ciudadanos en general que dan asistencia continuada a los sin papeles de Poblenou y abren una oficina improvisada todos los martes y jueves en el Flor de Maig, el ateneo popular ocupado en el barrio. Preguntamos cuántas horas dedica él a la semana a esta labor, que es cien por cien voluntaria. “Pues fácilmente, unas setenta”. ¿Y en la familia, qué te dicen? “¿Ves aquella otra mujer recogiendo papeles? Pues es mi señora. Así que no hay problema”. Todo queda en casa.

Entra en la sala otra vecina conocida del barrio, Carlota: “Enrique, te traigo al que se va a casar”. “Pues déjame que le de el pésame”. Risas entre inmigrantes y activistas. Wanta, de Gambia, sabe que siempre les gasta bromas. “Es más que un padre para nosotros”:

Poblenou, esa aldea al noreste de la Galia

Montserrat Milà, o Montse como la llaman todos, nos explica el valor de esta red solidaria y el trabajo de todas las organizaciones que en ella participan. Incluso una de ellas nacida en el barrio, Apropem-nos, forma parte de un plan de desarrollo comunitario financiado por la Generalitat y el Departamento de Inmigración del Ayuntamiento. En la práctica esto significa que hay tres profesionales trabajando, uno a jornada completa y los otros dos media. Sin embargo, denuncia Montse, muchas veces, la administración del distrito “nos va a la contra, a pesar del trabajo que hacemos:”.

Es decir: el trabajo de asistencia social es bienvenido, pero las instituciones ya tienen más reparo en acompañar y apoyar los procesos de denuncia de desigualdades, ya en el terreno del discurso político. Los vecinos no renuncian en ningún caso y llevan a cabo las dos de forma simultánea.

La actitud de este barrio y sus habitantes tiene raíces profundas en la historia de sus calles. Profundas y antiguas -Poblenou fue la zona industrial por excelencia de Barcelona a principios de siglo, germen del movimiento obrero y sindicalista- y reciente: por la cantidad de naves y antiguas fábricas abandonadas, inmigrantes sin papeles han ido concentrándose en sus edificios vacíos durante años tejiendo una estrecha relación con los vecinos. Montse y el resto de la asociación vecinal llevan ayudando a este colectivo desde 2001, cuando se produjo el encierro de la iglesia del Pi, que toda la ciudad recuerda:

El certificado de penales que se autodestruye en seis meses

En la situación de los desalojados de Poblenou hay tensiones (entre ellos y la administración, y entre los colectivos mismos: algunos de ellos se han separado de la Asamblea por desavenencias en liderazgos y representación, todo un clásico) pero, si hay algo en lo que hay absoluto consenso, es en calificar el protocolo para obtener el certificado de penales como surrealista. Cada país tiene sus tiempos, sus costes y sus requisitos, y la obligatoriedad de aportarlo cada vez que se solicitan los papeles roza el absurdo. Enrique nos da las claves:

Lo de los penales daría para un chiste si no fuera porque muchos de los inmigrantes no tienen dinero ni para pagarse la mitad que deben aportar ellos. “Por ejemplo”, apunta Carlota señalándo a una mujer que deambula por la sala sin un objetivo fijo. “Lo que le pasa es que ni ella ni su familia tienen dinero para el papeleo, y nosotros no podemos darle más”. Vicente, nigeriano de 32 años se enfada: “yo llevo desde 2006 en España. Y cada año: ¡cada año!, he pagado el certificado de penales a mi país. Nigeria es de los países más complicados: ”tiene que venir un policía y tomarme las huellas y te vuelvo a decir: ¡cada vez!. Yo pago, y nunca ha servido para nada“. Preguntamos si lleva la cuenta de lo que le ha costado llegar a España. ”No me acuerdo, es imposible: primero llegas a Marruecos y pagas, luego saltas la valla y pagas, y luego aquí... no sé, he gastado mucho dinero en este tiempo“. Era uno de los habitantes de la nave de Puigcerdà, aunque llevaba poco en el barrio de Poblenou. ”Nunca antes me habían ayudado los vecinos, en ningún otro sitio. Tengo la esperanza de que, esta vez sí, conseguiré los papeles“.

Caso aparte es el de unas quince personas de la nave que llegaron a España antes de ser adultos, o de ser considerados adultos por las autoridades a través de pruebas óseas. Durante un tiempo fueron tutelados por el Estado y teóricamente, esto les aseguraba el permiso sin solicitar los penales, ya que era imposible que hubieran delinquido en sus países de origen, siendo menores de edad. Pero al ser registrados ya en la nave como adultos, se les pide también este paso cuando no tienen documentación en su país, tipo dni -salieron siendo niños- ni, en muchos casos, familia que se lo tramite.

Muchas son aún las dudas al respecto de cómo acabará este proceso con los inmigrantes de la nave, y no menos son los retos de vecinos y colectivos para asistirles. Por ello han pedido una reunión con las tres administraciones, aún sin fecha. Mientras tanto, han convocado un encuentro para este viernes y este sábado bajo el título “Contra l'Apartheid Jurídic i Social” con talleres específicos sobre regularización, vivienda, empleo, salud, derechos sociales y libertades de los ciudadanos inmigrantes. Desde el principio, los colectivos han exigido que estas personas sean tratadas como ciudadanos sujetos a derecho y que no sean excluidos de los fundamentales para una vida digna. Esto es, como suelen cerrar sus manifiestos: techo, trabajo, papeles y dignidad.

La conversación telefónica con el Comisionado del Ayuntamiento de Barcelona Miquel Esteve termina refiriéndose a este evento: ¿Van ustedes a ir, ya que están pidiendo que las personas vulnerables (en ningún momento ha utilizado la palabra inmigrante) estén bien informadas? “No, no iremos”, responde rápido. “La idea de hecho fue mía, pero lo han organizado de forma independiente. Y veo ausencias en esas jornadas”. Extraño, siendo un encuentro abierto a toda la sociedad, en la que se ha invitado a más de cien colectivos (asociaciones, sindicatos, partidos y otras formaciones) y a cualquier ciudadano a participar en los talleres y la elaboración de la resolución final.

Por su parte, el Subdelegado del Gobierno Emilio Ablanedo dice no estar al tanto de las jornadas. “Llevo todo el día corriendo de un lado para otro”. De hecho, en el momento de la conversación telefónica, el presidente de la Generalitat Artur Mas está haciendo pública la redacción de la pregunta y la fecha concreta para solicitar el referéndum sobre la soberanía de Catalunya. Efectivamente, no parece un día fácil para él. “En cualquier caso, subdelegado, la convocatoria es de hace unos días, ¿nadie le ha informado”. “Pues no, desgraciadamente tengo que decirle que no sé nada al respecto”.

Que ningún miembro de las tres administraciones involucradas en este proceso acudan a estas jornadas, como si nunca hubiese ocurrido nada, o como si ningún representante hubiese hecho promesas a este grupo de personas sin papeles que desalojaron sin violencia, pero con palabras bonitas, parece confirmar una estrategia política. O dicho de otra manera: se pretende hacerles una vez más y definitivamente, invisibles.

La cuenta corriente de ayuda, prácticamente el 100% destinada a financiar la tramitación del certificado de penales y su traducción, es: Catalunya Caixa 2013 1538 17 0200363520 a nombre de Carlota Falguera y Montse Milà.

Nos hemos puesto en contacto para recabar sus opiniones y valoraciones con Xavier Bosch, Director General de Inmigración de la Generalitat de Catalunya como segunda administración involucrada. Ha declinado hablar por motivos de agenda.