VÍDEOS | Radiografía de la “excepcionalidad jurídica” reinante en la frontera sur de España

Detrás de los alambres de la frontera sur del Estado español los derechos humanos quedan relegados a la última prioridad. Devoluciones en caliente, abusos policiales, impunidad, falta de acceso a mecanismos especializados para migrantes o víctimas de trata, arbitrariedad... Son muchas las denuncias que se suceden sobre las condiciones recibidas por los migrantes en Ceuta y Melilla donde, dicen las ONG desde hace años, “parecen espacios sin ley”.

A través de un web interactivo, Irídia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Novact y Fotomovimiento han presentado un detallado informe en el que recogen todas estas señales que alertan sobre “la excepcionalidad jurídica” en la zona fronteriza. A través del estudio, las entidades piden el “restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur” en relación a Marruecos, la valla, los CETI, el derecho a asilo, los menores no acompañados, las porteadoras y la represión de los derechos humanos.

La responsabilidad de España en el papel de Marruecos

Siempre que hay un salto en la valla, no solo ocurre lo que puede verse en el lado español de la frontera. “Hay mucha gente que se cae de la valla y es devuelta herida y es devuelta con piernas rotas o con fracturas abiertas o con cortes profundos”, explica Mayte Blanco de Sos Racismo. Más allá de los acercamientos a la alambrada, la vida de quienes tratan de llegar a España a través de la frontera sur se choca con la violencia “sistemática y grave” que ejercen las fuerzas de seguridad marroquíes, como las redadas realizadas en los campamentos donde los migrantes esperan el momento de intentar alcanzar territorio europeo.

“La valla es muy peligrosa la situación en relación a la policía marroquí. Cuando te encuentran, es un tormento. Es un tormento. Pies rotos, dientes arrancados, cabezas heridas, personas que mueren. Personas en coma, personas que pierden la vida, que pierden partes del cuerpo, que pierden todo. En ese momento sólo queda Dios”. Guindiel.

Estas prácticas se unen a las actuaciones de las fuerzas marroquíes en los dispositivos activados en cada acercamiento a la valla y buscan el alejamiento de las personas de origen subsahariano de la frontera española.

“Los tratados entre España, la Unión Europea y Marruecos suponen una externalización del control migratorio como contrapartida de acuerdos en materia política y económica”, afirman los autores. “La responsabilidad del trato que Marruecos ofrece a la población migrante es también de España y de la Unión Europea, debido a que no incluyen en dichos acuerdos el respeto a los derechos humanos”.

Atención “deficitaria” de Cruz Roja tras los saltos

Las devoluciones en caliente, las concertinas o los abusos policiales en los que “se ha puesto en riesgo la integridad física de las mismas” con el objetivo de bajarlas de la alambrada también forman parte de la “excepcionalidad jurídica” estudiada.

“El Estado Español no está respetando el principio de no devolución consistente en la prohibición de expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas”, sostienen las entidades.

A pesar de los riesgos intrínsecos a los saltos de la valla, las entidades han detectado “las intervenciones de la Cruz Roja para ofrecer asistencia sanitaria tras un salto es completamente deficitaria”. Según han constatado, “solo intervienen en el caso de que la Guardia Civil lo autorice y no realizan una identificación y una ficha de las personas a las que atienden que posteriormente son devueltas de manera sumaria”. Los autores hablan de la existencia de indicios que apuntan a que en 2016 se han devuelto a Marruecos a personas que se encontraban en un estado de salud grave.

Mujeres víctimas de trata, viviendo con su tratante

El informe recuerda las deficientes condiciones de los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Cueta y Melilla. Como han denunciado ONG y organismos internacionales como Acnur, en los CETI “no se garantizan los derechos previstos en las Directivas europeas de asilo y en la normativa española sobre asilo”.

La sobreocupación sistemática, la falta de recursos necesarios para atención psicológica de los internos (a pesar de que muchos de ellos han experimentado vivencias traumáticas durante el proceso migratorio o en sus países de origen), la escasez de información a los migrantes o la arbitrariedad a la hora de imponer sanciones, son algunas de las denuncias destacadas por estas entidades. Por ello, insisten en la necesidad de crear un reglamento sobre el funcionamiento del CETI, inexistente hasta el momento.

El informe también enfatiza la necesidad de establecer mecanismos adecuados para garantizar la protección de las víctimas de trata. “No existen recursos específicos ni una efectiva coordinación con los grupos de la policía especializados en trata”, afirma el equipo de investigadores. El director del CETI de Ceuta reconoció en una entrevista realizada por los autores del estudio la falta de “recursos habitacionales específicos” para víctimas de género o de trata por lo que, admitió, “algunas víctimas en ocasiones se encuentran viviendo con su tratante en el mismo lugar”.

“No los consideran niños, los consideran enemigos”

Los menores no acompañados (MNA), tanto en territorio marroquí como en territorio español viven una especial situación de vulnerabilidad. Agresiones, chantajes, impedimentos y amenazas de acciones legales forman parte del día a día de estos jóvenes. Se calcula que hay cerca de 550 en Melilla, de los cuales 340 están en el Centro de Protección de Menores “La Purísima” (aunque tiene capacidad para 168 personas) y unos 100 en la calle. El resto, un centenar, están repartidos entre el Centro Asistencial “La Gota de Leche” y “La Divina Infantita”. Según el informe, el hecho de que La Purísima se encuentre por encima de su capacidad de manera sistemática repercute en las condiciones de los menores “ya que duermen hacinados y las condiciones higiénicas no son las deseables”.

“Estuve ocho meses en la calle. Cuando venía la policía subía para el centro pero no me quedaba allí porque no me gusta. En el centro hay abusos” explica Abdel. Harraga, un proyecto socioeducativo de acompañamiento a menores migrantes no acompañados, asegura que el 92% de los niños que han pasado por estos centros señalan “una situación de violencia” como el motivo por el cual han preferido dejar los centros y vivir en la calle. “Dentro del centro se dan situaciones de violencia física y psicológica, además de violencia documental, que son amenazas continuas con que si no llegan a unos mínimos impuestos por el centro, no van a tener acceso a la documentación”, asegura Sara Olcina de Harraga. Se calcula que en 2016, un 22% de los menores no acompañados se fueron de los centros de tutela para intentar llegar a la península haciendo risky, intentando subir a un barco.

Amnistía Internacional, el Defensor del Pueblo, Human Rights Watch, la asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) llevan años denunciando las condiciones de los centros de acogida de menores de Ceuta y Melilla y los malos tratos que se viven ahí. PRODEIN y Harraga también afirman que hay devoluciones ilegales de menores a territorio marroquí y que, en ocasiones, hay redadas durante la noche. Por todo ello, José Palazón, de PRODEIN, valora que “no los consideran niños porque les consideran enemigos”. En el informe también indican que “hay casos de abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad a menores no acompañados en situación de calle”. Cuando estos jóvenes cumplen los 18 años y alcanzan la mayoría de edad, muchos quedan en situación irregular administrativa.

Vulneraciones del derecho al asilo

La dificultad de acceso de asilo en Melilla están marcadas por las devoluciones en caliente que se producen en la frontera de forma sistemática. A través de la práctica denominada por el Gobierno como “rechazo en frontera”, estas personas son expulsadas de forma inmediata a personas sin preguntar su lugar de origen o si necesita protección internacional. Las puertas al asilo, por tanto están cerradas.

Por tanto, el informe concluye que las personas provenientes del África negra no pueden realizar la solicitud de asilo hasta que llegan al CETI“. Más allá de las expulsiones inmediatas desde la valla, las entidades recuerdan que estas personas no tienen acceso a los puestos de asilo fronterizo. Además, recuerdan, ”el puesto de asilo instalado en la frontera de Ceuta no ha sido utilizado desde que el mismo se abrió“ lo que, añaden, ”no han hecho reconsiderar las políticas de asilo que el Gobierno lleva a cabo en dicha ciudad autónoma“.

Además, recuerdan las condiciones recibidas por los solicitantes de asilo en las ciudades autónomas que, según describen, “desincentivan” las peticiones de protección. “Los tiempos de espera antes de pasar a península son inferiores para las personas que no solicitan el asilo que para las personas que sí que lo solicitan (excepto para aquellas de origen sirio)”, afirman.

“Por las buenas, bien. Por las malas, te corto todo”

Mientras sustentan el comercio atípico que genera cerca de 1.000 millones de euros anuales en Ceuta y Melilla, las porteadoras trabajan en una situación de “mayor fragilidad”. “Por las buenas, bien. Por las malas, te corto todo (la mercancía)”, amenaza un agente a las porteadoras como castigo si no siguen sus indicaciones en el paso fronterizo. Se trata de uno de los “abusos policiales” que detalla el informe y que avanzó eldiario.es. Este tipo de abusos caracteriza la gestión del tránsito de porteadoras por parte de los agentes fronterizos. Durante su investigación, el equipo ha sido testigo de “violencia verbal hacia las porteadoras, empujones y golpes tanto con las porras como con los pies”. Son ellas, las porteadoras —mayoritariamente mujeres– quienes deben transportar sobre su cuerpo los fardos (que pueden alcanzar los 90 kilogramos) que posteriormente se venderán a un lado y a otro de la frontera.

Represión a activistas y periodistas

Diversas organizaciones y activistas que trabajan en Ceuta y Melilla han denunciado en numerosas ocasiones la dificultad de defender los derechos humanos debido a la represión policial. El equipo de Irídia y Fotomovimiento fueron testigo de ello, ya que vieron obstaculizado su trabajo en reiteradas ocasiones y se les impuso una multa que podría superar los 3.000 euros en base a la Ley de Seguridad Ciudadana por “desobediencia a agentes de la autoridad”.

En la frontera Melilla-Nador, el grupo de fotoperiodistas y activistas de estas entidades fue retenido en dos ocasiones y sometido a “interrogatorios intimidatorios” por parte de la policía marroquí de la aduana. Unos días más tarde de vivir este episodio, volvieron a ser retenidos durante más de dos horas. Explican, además, que después de esta retención vieron que “las autoridades habían puesto en marcha un dispositivo compuesto por un coche y una motocicleta y al menos cuatro agentes policiales” que los siguió durante siete horas. Finalmente, cerca de la frontera con Beni-Enzar el equipo fue retenido por dos coches en medio de la carretera y, tras “amenazar con practicar detenciones” y hacerles borrar las imágenes de las cámaras les escoltaron hasta la cola de vehículos que da acceso a la frontera con Melilla.

Estas entidades recuerdan que lo que ellos vivieron fue “solo un ejemplo más de la situación de excepcionalidad jurídica que se aplica día a día en la Frontera”. Por ello el informe concluye e insta al Gobierno a que garantice que en Ceuta y Melilla se respetan los derechos de libertad de prensa, asociación, reunión y manifestación y también que asegure que el trabajo de intervención social se realiza de una manera adecuada.