Unos 300 solicitantes de asilo sin hogar y sin ayudas: “No somos goteras”

Zahour T.A. saca del bolso una tarjeta roja: “País no reconocido”. Es el documento de carácter temporal que se le otorga a los solicitantes de asilo mientras se tramita su admisión en España. Sin embargo, el Estado se olvidó de ella hace nueve meses. Dentro de un mes abandonará el centro de acogida para refugiados y se verá obligada a vivir en la calle. Tiene tres hijos y su marido sigue en Palestina. En aquella guerra que no termina nunca, dice. Apunta en su diario los días que sus hijos llevan separados de su padre.

Zahour es uno de los más de 300 casos registrados de solicitantes de asilo a los que se les ha negado la ayuda básica para vivir. Es la denuncia de la parroquia San Carlos Borromeo, que ha concentrado frente a la sede de la Secretería de Estado de Inmigración a decenas de personas para exigir al Gobierno que cumpla la legislación internacional. Según explican, casi trescientas personas solicitantes de protección internacional en España viven en la calle o en recursos inadecuados a la espera de una plaza en un centro de acogida.

Frente al imponente edificio en una céntrica calle de Madrid, personas de numerosas nacionalidades aguantan el calor con una premisa clara: “No somos goteras, somos refugiados y tenemos derecho”. Las pancartas en diferentes idiomas contestan a las polémicas declaraciones del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien comparó este lunes el reparto de refugiados con las goteras que se filtran en los edificios.

Para el activista y párroco de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, las declaraciones del ministro del Interior confirman la voluntad política de tratar a migrantes y personas refugiadas como “deshechos de obra”. “Aquí no hay goteras, aquí de lo que estamos hablando es de chorros de sangre”, protestaba esta mañana en declaraciones a eldiario.es justo antes de dirigirse a la secretaría de Estado para presentar una carta en la que emplazan al ministro a una entrevista. “Queremos hablar con él para presentarle las necesidades de estas 300 personas, queremos intentar sensibilizarle”, ha añadido. Ha entrado al edificio acompañado de otros dos solicitantes de asilo que minutos antes leían el manifiesto “Refugiados sin Refugio” para los allí congregados.

En el texto, reclaman que el Gobierno cumpla sus obligaciones legales y que garantice un sistema de primera acogida ágil y el derecho a una vivienda digna para los refugiados. Además, un día después de que la negativa de España y otros estados haya evitado cumplir con el reparto de 40.000 refugiados, los organizadores de la convocatoria y los solicitantes presentes en la concentración han pedido que se incrementen los cupos de reasentamiento en España y en Europa.

“Hemos llevado al Ministerio varias veces cartas con nuestros problemas pero ahora mismo no vemos ninguna solución”, lamenta Ibrahim. Llegó a España hace cerca de tres años. Salió de su Eritrea natal junto a otro grupo de ochenta. Atravesaron el conflicto de Libia y dieron el salto a Túnez antes de llegar a España. Son solicitantes de asilo de uno de los países más pobres del este de África. Después de tres años únicamente percibe del Gobierno una renta mínima de 500 euros para los cinco miembros de su familia. “¿Cómo puedo sobrevivir así?”. Pide auxilio con la mirada. Lleva media vida huyendo y tres años reclamando una situación más digna.

A su lado está Derar con su mujer y sus dos hijos, que ya contaron a eldiario.es su precaria situación. La mayor traduce a su padre, quien sostiene en las manos una carta del banco. Vinieron junto a Ibrahim a España, pasaron nueve meses en un centro de acogida para refugiados y ahora el banco les echa a la calle después de dos años. No pueden pagar el piso porque el Gobierno les ha retirado las ayudas, se ha olvidado de ellos. “Ahora nos han cortado las ayudas y no tenemos viviendas públicas. La mayoría de las familias que vinieron a España se han ido fuera porque aquí no tienen ayuda”, recuerda con la carta en la mano, esa carta que les impone un plazo de un mes para abandonar su hogar.

Se manifiestan constantemente porque no les queda otra opción. Zahour ha visitado varias veces la oficina donde puede regularizar su situación pero cuenta que cada vez que acude y pregunta por la persona que se encarga de su caso no obtiene respuesta. O está ocupada, o ha salido... su carta roja caduca en treinta días y, al igual que Derar e Ibrahim, tendrá que vivir con sus hijos en la calle. No se explica por qué ocurre todo esto. “Sólo vengo aquí para que se escuche mi voz, tiene que escucharse mi voz”, susurra.

Para Baeza, esta actitud es una muestra más de la “torticera voluntad” del Gobierno contra los inmigrantes y solicitantes de asilo. “No quiere ningún tipo de atención a los migrantes, lo hemos visto con la desobediencia clara del sistema de cupos de la UE. Unos cupos irrisorios en comparación. Estamos gobernados por políticos que no cumplen el derecho internacional”, insiste al tiempo que destaca lo importante es que este tipo de injusticias se hagan más y más visibles.

La ONU denuncia unos recursos de asilo insuficientes

La crítica de los solicitantes de asilo y de los activistas y colectivos que han convocado la protesta de hoy ha sido secundada además por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). “Nos llegan a diario personas en situación de calle y que no tienen plaza en centros de acogida. España tiene que aumentar los recursos, que no son los adecuados para proporcionar una vida digna a las personas que han llegado a España”, ha manifestado este martes en declaraciones a eldiario.es su portavoz María Jesús Vega.

Precisamente y aunque la ONU, a través de Acnur, ya había denunciado a eldiario.es que las condiciones de acogida y asilo en España no estaban a la altura del aumento actual de peticiones de protección, este martes ha reiterado su crítica en un comunicado en que la institución ha recordado que este 21 de julio entra en vigor la Directiva Europea sobre normas de acogida de los solicitantes de protección internacional y España no llega a los mínimos.

La Directiva comunitaria, en su artículo 17, establece que los estados miembros deben “velar por que las condiciones materiales de acogida proporcionen a los solicitantes un nivel de vida adecuado”, recuerda Acnur, algo que España, según Vega, no está proporcionando en la actualidad.

La portavoz de Acnur en España insiste en que la respuesta del Gobierno es urgente, tanto de aumento de plazas de acogida como de sus plazos de duración: “Ya estamos en una situación desesperada para muchas personas, caótica”.