Save the Children denuncia la desprotección de los niños migrantes en España

España “no está cumpliendo plena ni satisfactoriamente” con sus obligaciones legales respecto a los niños migrantes. Un informe de Save the Children denuncia que esos niños son objeto frecuente de trata para su explotación sexual, viajan y viven solos sin que nadie se ocupe de ellos y, en el caso de los refugiados, son tratados primando su condición de migrante antes que la de niño.

El documento, publicado este jueves, pone el acento en la pasividad e inoperancia con respecto a la situación de estos niños: falta voluntad política, personal capacitado y especializado en la infancia y recursos suficientes para atender adecuadamente a los menores, asegura Save the Children. La ONG detecta tres problemas en su informe, que titula con un explícito “Infancia invisible”, dos de ellos (los niños y niñas refugiados y los menores no acompañados) bien conocidos en Melilla, donde la entidad ha realizado parte del trabajo de campo.

La situación de los menores no acompañados en la ciudad se ha normalizado hasta el punto de que el consejero de Bienestar, Daniel Ventura, reconoció recientemente que la ciudad, tutora legal de estos chicos, no cumple la legalidad, según recogió El Faro de Melilla. Insistió, no obstante, en que son tratados “adecuadamente”.

La situación del centro La Purísima es de desbordamiento (340 niños sobre una capacidad de 160; hay más de 500 en la ciudad, repartidos en tres centros), y son frecuentes las quejas de estos chicos por el trato que reciben. El informe recoge el caso de un chico a quien los educadores del centro habrían agredido, según su relato. El muchacho no pudo denunciar porque no tenía la autorización de su tutor legal, la ciudad, que a su vez gestiona el centro a través de una concesión a una entidad privada. En las calles de Melilla es habitual encontrar a chicos que denuncian agresiones de un educador del centro que no han podido ser investigadas.

Por todo esto, muchos de ellos prefieren dormir en la calle e intentar entrar en los barcos que unen Melilla y la Península. En alguna ocasión esos niños han sufrido violencia policial, según podía apreciarse en un vídeo grabado por Prodein. El informe los cifra entre 20 y 60; Harraga, que trabaja con estos chicos, suele elevar la cifra a unos 80. En muchas ocasiones estos niños ni siquiera están registrados, recuerda el informe. Casi todos son varones, pero hace dos semanas Harraga denunció que había encontrado, hasta en dos ocasiones, a una niña viviendo en la calle.

“La mayoría de estos niños tienen entre 15 y 17 años y, aunque son niños, se tiende a primar su condición de inmigrantes y a olvidar que, como menores de edad, necesitan y tienen derecho a protección. En muchas ocasiones el sistema les excluye y les abandona sin ningún apoyo”, denuncia el documento, que también cuestiona las pruebas de edad a las que se les somete.

Esos test, que se realizan aunque el menor esté documentado, presentan un alto grado de error, han sido cuestionados por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo. Del resultado de las pruebas, que se realizan sin la asistencia de un abogado, depende si el chico puede quedarse o no. Este medio ha recogido testimonios de chavales que se quejan de la discrecionalidad de esa prueba.

Los chicos intentan colarse en el barco a diario (el “riski”), en el camión de la chatarra, a la carrera o a nado. Las caídas y lesiones son frecuentes; también ha habido muertes. “No será la primera, ni será la última”, dijo el consejero Ventura después de que un chico apareciera ahogado en marzo. En enero, y ante otro ahogamiento, el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, insistió en que “el menor no es menor, es mayor de edad”. Luego hizo un “llamamiento” a Marruecos para “repatriar” a estos chicos.

También ha intentado implicar al Gobierno en la solución del problema y forzar un cambio legislativo, pero la última solución es ofrecer un cheque de 300 euros a las familias de Melilla que se hagan cargo de un menor o plantearse la instalación de tiendas de campaña visto el hacinamiento del centro de menores.

Separados de sus familias en la frontera

Separados de sus familias en la fronteraSave the Children también denuncia la situación de los menores refugiados. De los 14.600 solicitantes de asilo en España en 2015 (un 1,1% del total en la UE), 3.754 eran niños, según Eurostat. El informe los describe como “niños y niñas que han vivido situaciones dramáticas imposibles de olvidar y familias que lo han perdido todo y no tienen a dónde volver”.

Para llegar a Melilla las familias pasan por Nador, donde se separan frecuentemente para atravesar la frontera. Primero pasa la madre con los bebés, previo pago o confundida entre marroquíes; luego los niños a la carrera, o en manos de desconocidos. El último en llegar suele ser el padre.

Walid Slimane, un sirio de 43 años de profesión pocero, pasó por Argelia y Rabat antes de llegar al CETI, donde reside con su mujer marroquí y sus siete hijos, el mayor de 10 años, y espera su salida desde hace más de tres meses. En cinco meses en Nador gastó 4.000 euros, así que no le quedó dinero para pagar a las mafias la frontera, según cuenta a eldiario.es. Primero pasaron la mujer y los niños; luego él. “Fue un milagro”.

Unas 9.000 personas pasaron por el CETI de Melilla en 2015; de ellas, 7.000 eran sirios, y 3.000 menores. Las cifras se han reducido mucho desde enero y en la actualidad el CETI está dentro de su capacidad (en torno a los 450 residentes, cuando llegó a albergar 1.700), que además se ha incrementado hasta las 1.100 plazas en situaciones excepcionales. Hay menos entradas (apenas cinco o seis peticiones de asilo al día; una media de unos 30 sirios a la semana a fecha 11 de mayo, según los datos recabados por este medio) y las salidas de los sirios suelen producirse apenas un mes después de su llegada.

Sin embargo, las familias siguen viviendo separadas y su director, Carlos Montero, declaró la pasada semana durante la celebración de un evento festivo (el único día en el que la prensa ha podido acceder al centro), que “el espacio es el que es. Si tenemos a las familias, ¿qué hacemos con el resto? ¿Los dejamos en la calle? ¿Nos dedicamos sólo a las familias?”. Montero dijo también que en el centro hay unos 60 niños en total. Con frecuencia, las pruebas de ADN a estos menores retrasan la salida a la Península.

Save the Children “constata mejoras” en el CETI pero entiende que “sigue sin ser un lugar adecuado para los niños y las niñas”. “Hay que tener en cuenta que en el CETI convive mucha gente y se pueden dar situaciones de tensión ocasionadas por el sufrimiento acumulado de las personales que allí residen, la incertidumbre por su futuro, las separaciones familiares...”, resalta el informe.

eldiario.es ha recogido en los últimos meses numerosos testimonios de robos y agresiones en el centro o sus alrededores. Para Save the Children, “es preocupante que no existan mecanismos claros de denuncia disponibles para que los residentes en el centro puedan denunciar casos de explotación sexual o violencia de cualquier otro tipo”. El centro funciona sin un régimen disciplinario público y las sanciones (frecuentemente la expulsión temporal del centro) son comunicadas de viva voz, según han relatado a este medio media docena de residentes.

“Durante todo el proceso de solicitud de asilo los niños y niñas no son escuchados ni informados”, destaca el documento. Save the Children pide la adaptación del sistema de acogida para un eventual incremento de llegadas, la elaboración de un Plan Estratégico Nacional que tenga en cuenta las especificidades de familias y niños, la adopción de un Protocolo de Protección en Melilla y la aplicación de medidas de reagrupación.

El informe contiene una descripción demoledora de los riesgos que corren todos estos niños: “Viajan dentro de sus países o entre países, acompañados de sus padres o solos, y las oportunidades que les abre un mundo nuevo vienen acompañadas por riesgos: riesgo de ser explotados sexual o económicamente, riesgo de sufrir abuso, abandono o violencia, o un cuidado inadecuado que vulnere sus derechos”.