Comunidades locales denuncian abusos de una empresa catalana en el mayor puerto de Colombia

Buenaventura es el principal puerto del pacífico colombiano –por aquí salen el 60% de las exportaciones comerciales del país– y una de las ciudades portuarias de la costa litoral pacífica de América Latina más importantes. Grupos como el catalán Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB), socio mayoritario de Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen), vieron en este lugar una oportunidad de negocio, por lo que están ampliando la terminal. Desde los barrios, distintas comunidades locales denuncian que la instalación de la empresa supuso el desalojo forzado de varias familias y la acusan del empeoramiento de las condiciones de vida para los vecinos de las zonas situadas junto a las vallas de la empresa.

En pleno proceso de paz en Colombia y con todas las miradas puestas en las conversaciones en La Habana para conseguir el fin del conflicto entre el Gobierno y las FARC, comunidades locales como las de Buenaventura corren el riesgo de seguir siendo olvidadas. Además de sufrir la violencia del conflicto, padecen el desarrollo que supuestamente acompaña la inversión extranjera y los macroproyectos en el país, no ven que su situación de vulnerabilidad vaya a cambiar en los próximos años y piensan que raramente notarán algún cambio en su vida tras la firma de los acuerdos de paz.

Los habitantes de Buenaventura se autodenominan víctimas del desarrollo por el impacto de los macroproyectos en las comunidades locales –en estos momentos hay 16 macroproyectos alrededor del puerto– y temen que su situación pueda empeorar tras los acuerdos de paz. La semana pasada el presidente de la Bolsa de Valores, Juan Pablo Córdoba, aseguraba precisamente que con la firma de la paz Colombia podrá atraer más inversión extranjera y nuevas oportunidades de negocios que van a fortalecer a la economía. 

Uno de los macroproyectos en Buenaventura es el de la empresa Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen), en el que el socio mayoritario –con un 60,19% de las acciones– es el Grup Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB). La empresa catalana ha sido adquirida recientemente por la compañía con sede en Holanda APM Terminals, del grupo danés Maersk. Precisamente el hasta hace poco presidente de la junta directiva de TCBuen y accionista mayoritario del Grup TCB, el empresario español Ángel Pérez Maura, está implicado en un caso de presunta corrupción para quedarse con la concesión de la terminal en Puerto Quetzal, Guatemala.

Buenaventura: inversión en el puerto, no en la comunidad

“Cuando escuchamos que una empresa española, TCB, iba a venir al puerto de Buenaventura nos alegramos, las expectativas eran buenas”, comenta un joven trabajador de TCBuen, la empresa que en 2011 empezó a operar en esta ciudad portuaria. Sin embargo, tras cinco años de funcionamiento de TCBuen –una de las 13 terminales marítimas en todo el mundo en las que el Grup Maritim TCB participa como inversionista y gestor–, los vecinos de esta ciudad colombiana lamentan no estar entre los beneficiados los proyectos que, como TCBuen, han llegado tras la privatización de la gestión del puerto en los años 90.

“Al Estado no le interesa invertir en Buenaventura como ciudad, sólo como puerto”, explica Jesús Hernando Rodríguez, máximo responsable de la Personería de la ciudad, órgano administrativo que se encarga de proteger los derechos humanos de la población.

Mientras Buenaventura es el primer puerto del pacífico colombiano y se invierten millones de dólares en éste, la ciudad permanece como una de las más pobres de Colombia y presenta unos índices de violencia muy altos: 8.700 muertes desde 1998. “En Buenaventura conviven la riqueza absoluta con la miseria absoluta”, señalaba hace unos días la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sofía Gaviria.

Mientras el puerto crece, los cerca de 400.000 habitantes de Buenaventura tienen que desplazarse tres horas para ir a un hospital público, el acceso al agua potable es limitado –y en algunas zonas incluso no llega– y de los 90.000 niños que hay solo un 60% puede ser atendido de manera integral.

Desalojos y desplazamientos forzados

El grupo TCB, con sede social en Barcelona, se interesó en Buenaventura por su estratégica situación. En 2008-2009 empezó la construcción de la base operadora de TCBuen (Terminal de Contenedores de Buenaventura) y en enero de 2011 atracaba el primer barco en la terminal del puerto. “La construcción empezó desconociendo que ahí [en los barrios] habita una comunidad negra. Nos quedamos sin espacios comunitarios, sin cancha”, explica Víctor, del barrio de Santa Fe, que se encuentra en la comuna distrital (como ahí le llaman a los distritos) donde TCBuen opera.

Él y otros habitantes de los barrios más afectados por este proyecto portuario denuncian que los macroproyectos –y entre ellos TCBuen– han desalojado familias enteras de sus casas y ha forzado en otros casos la marcha de sus viviendas a través de la coacción, con el aumento de la violencia en la zona. “La violencia de los grupos armados no es un fin, es un medio para los macroproyectos, por eso somos víctimas del desarrollo”, señalaba hace unos días una vecina que participó en la Audiencia Pública organizada en la Universidad del Valle, en la ciudad, mientras el vicepresidente de Colombia participaba en la inauguración de la segunda fase de ampliación de TCBuen.

En cualquier caso, la empresa TCBuen niega rotundamente que se haya forzado la marcha de familias. Su gerente, Miguel Ruiz, asegura que la construcción de la base operativa en la Bahía de Buenaventura afectó sólo a 33 familias –a quienes según él se les facilitó una vivienda en otra zona de la ciudad– y que la ampliación no provoca más afectaciones.

Empeoramiento de las condiciones de vida

Rocío es representante de la Comuna 5. Denuncia que la actividad de TCBuen provoca a las familias que viven al lado de la base operadora que lo hagan en peores condiciones. El déficit de vivienda es un problema en esta ciudad pero con los temblores provocados por la actividad de TCBuen las familias temen que sus casas, a menudo hechas de madera y poco consistentes, puedan verse afectadas. “Vivimos con la zozobra que nuestras viviendas vayan a venirse abajo”, dice. Además, sostiene que tienen que soportar ruidos muy fuertes y filas de muleros (camiones) haciendo fila. “En este barrio [el de la Inmaculada] vivimos marginados, y el agua que nos llega está sucia y contaminada”, añade.

Según el personero Jesús Hernando Rodríguez, en este barrio literalmente al lado de TCBuen, sus habitantes pueden estar hasta tres, cuatro o cinco días sin agua potable y las carreteras están en pleno abandono mientras que los camiones que cargan contenedores de esta empresa pasan por una carretera nueva que se construyó con este objetivo.

Miguel Ruiz, gerente de TCBuen, conoce las quejas de la comunidad pero justifica que la mayoría de casas están asentadas en terrenos muy frágiles y por eso se resquebrajan. Para él, los controles hechos por la empresa han demostrado que la vibración que provoca la actividad de la empresa no afecta a las viviendas, excepto en el caso de algunas viviendas palafíticas –chabolas construidas en terrenos ganados al mar–. Respecto al ruido, explica que la empresa ha adoptado algunas medidas como limitar las horas operativas en las zonas más próximas.

Tanto Rocío como Víctor, del barrio de Santa Fe, también al lado de TCBuen, aseguran además que tras el inicio de la actividad de transporte de contenedores, los pescadores y las piangueras –mujeres que recolectan pianguas, una especie de molusco, como modus vivendi– han perdido el acceso a los esteros, las bocanas y los manglares.  

Empleados de TCBuen: “Trabajamos 12 horas seguidas”

Según datos de TCBuen, uno de los impactos positivos de la empresa es la creación de empleo: entre 350 y 400 empleos directos y cerca de 400 indirectos y hasta 2.000 en casos puntuales, como por ejemplo cuando se han hecho construcciones. TCBuen asegura que garantiza los derechos laborales pero algunos trabajadores de la empresa denuncian las largas jornadas de trabajo –hasta diez o doce horas en algunos casos–, la dificultad para poder acceder al almuerzo durante la jornada de trabajo o las campañas antisindicales que se han hecho. Los trabajadores del puerto dicen que “es un delito enfermarse en el puerto, los jefes se convierten en médicos” que juzgan la salud de los trabajadores.

Recientemente cerca de 70 personas se han afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios de la industria del Transporte en Colombia, desde donde esperan conseguir negociar con la empresa por sus derechos.

Desarrollo, pero ¿para quién?  

Más allá de la actividad que lleva a cabo TCBuen, las comunidades locales, en un 90% afrocolombiana y con fuerte presencia de comunidades indígenas, denuncian que el problema está en el modelo de desarrollo de los gobiernos que apuestan por los grandes proyectos –TCBuen es solo uno de los 16 macroproyectos relacionados con el puerto– y no invierten en las comunidades donde estos se instalan.

En el barrio de San José, el primer barrio del casco urbano de Buenaventura, Álvaro, un vecino que vive de la compra y venta de marisco, se queja de que el dinero para la mejora de la vivienda no se ha visto por ningún lado y lamenta que no se escuche a las personas que habitan en zonas donde se instalan las grandes empresas. “No cuentan que nosotros hemos vivido siempre cerca del mar y que vivimos de éste”, asegura refiriéndose a los casos de las familias que han sido trasladadas a zonas alejadas de la bahía.

No hubo consulta previa como obliga la OIT

“No hay necesidad de más normas, las normas están claras pero no sé si los funcionarios no las aplican por desconocimiento o por corrupción, me inclino más por la última”, asegura el personero Jesús Hernando Rodríguez. Uno de los incumplimientos más denunciados por las comunidades locales es el de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios que establece el Convenio 169 de la OIT, incorporado a la Constitución colombiana, y la Ley 70 específica para la población afrodescendiente.

Según la ley de consulta previa, los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, así como cuando se prevé efectuar planes, programas o proyectos de desarrollo nacional y regional.

En el caso de TCBuen, por ejemplo, no se efectuó consulta previa a las comunidades porque según Miguel Ruiz, la empresa no estaba obligada a hacerla. El obispo de Buenaventura, Héctor Epalza, reconocido por la comunidad y amenazado de muerte en más de una ocasión, asegura que el Gobierno colombiano “por interés económico dijo que no existía ninguna comunidad en esta zona”.

Precisamente para luchar por los derechos de las comunidades nace el Comité Interorganizacional, que reúne organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras. Uno de sus miembros explica que han habilitado espacios para formar a la gente en derechos humanos y han impulsado campañas como 'Marcando Territorio' para empoderarse. “Como negros queríamos aparecer en el mapa de Colombia”, asegura este joven.

Mientras que TCBuen tiene la concesión para la gestión de la terminal hasta 2044 y otras grandes empresas siguen fijándose en espacios geoestratégicos, las comunidades reivindican sus derechos con la voz alta, sin temblar y al unísono: “Esta tierra es nuestra, completamente nuestra”, gritan como un mantra.

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Nota: Por su seguridad, se ha conservado el anonimato de algunos de los testimonios que recoge este reportaje. El viaje y la estancia de la enviada especial de Catalunya Plural a Buenaventura han sido sufragados por la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.