El momento de la verdad en Ecuador: ¿qué hacer con el petróleo del Yasuní?

Extraer o no extraer. El debate palpita con fuerza en las calles de Quito, Guayaquil y Santo Domingo. Las asociaciones de ecuatorianos en España hacen lo propio para que la polémica sea objeto de coloquio también en las ciudades de Madrid, Barcelona o Valencia.

150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 596 de aves, 200 de mamíferos, 500 de peces y 4.000 de plantas. En una sola hectárea, según fuentes del Gobierno ecuatoriano, viven más especies de animales que en toda Europa y más especies de árboles y arbustos que en Estados Unidos y Canadá juntos.

“Catalogado como la zona más biodiversa del planeta”, recuerda Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica, “el Parque Nacional Yasuní alberga a los dos pueblos en aislamiento voluntario de Ecuador, los Tagaeri y los Taromenan, que se internaron en la selva virgen a inicios de los setenta, justo cuando arrancaba la exploración y futura explotación petrolera en el país”.

A esta riqueza natural y humana, hay que sumarle, precisamente, una que todavía hoy permanece invisible al ojo humano: el petróleo que subyace bajo los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), situados en la cuenca alta del río Napo, tributario del Amazonas.

“No me gusta la minería, no me gusta el petróleo, pero mucho menos me gusta la pobreza y la miseria”, repite a ambos lados del Atlántico el presidente de Ecuador, Rafael Correa. 2013 fue el año en que el ordenó archivar la Iniciativa Yasuní-ITT, una propuesta gestada en la sociedad civil en 2006, auspiciada por el Gobierno en 2007 y destinada a dejar en el subsuelo el petróleo del Amazonas a cambio de una compensación económica por parte de la comunidad internacional, ya que se trata de una reserva de la biosfera de importancia global.

Abandonado el llamado Plan A por falta de apoyo de los países extranjeros, el Gobierno de Correa puso en marcha el Plan B el pasado agosto, dando luz verde a la empresa estatal Petroamazonas para que comenzara las operaciones exploratorias en el terreno.

Economistas, ecologistas y ambientalistas iniciaron entonces una movilización internacional con el objetivo de recolectar las 584.116 firmas (5% del padrón electoral) que obliguen al Gobierno a convocar una consulta popular, dejando así el futuro del Yasuní ITT en manos de los más de 15 millones de ciudadanos ecuatorianos. “Es potestad del pueblo pronunciarse sobre temas de interés social”, sostienen diferentes agrupaciones desde YASunidos, colectivo contrario a la extracción.

La llegada de 2014 ha iniciado la cuenta atrás: quedan 3 meses para saber si los detractores de la explotación consiguen el apoyo suficiente para que el referéndum tenga lugar. “El futuro de Ecuador es responsabilidad de todos”, afirma Aída Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE).

“El petróleo –recuerda José Lema, presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos de Ecuador– aún representa el 40% de las exportaciones y contribuye a mantener una balanza comercial positiva”. Tras más de 6 años con Rafael Correa al frente del Gobierno, con la Constitución de 2008 casi recién salida del horno (donde indígenas y naturaleza cobran más protagonismo), y con unas elecciones seccionales a la vuelta de la esquina, el interés del país camina en una única dirección: desvincularse de una economía extractivista de la que todavía se confiesa dependiente.

La pregunta del millón sería: ¿cuándo? Para Correa y Lema “extraer es una cuestión de conciencia y justicia social, Ecuador saldrá de la pobreza con apoyo internacional o no”. Para voces críticas como Martínez y Quinatoa, “hay otras opciones, y explotar es un atentado contra la naturaleza y las generaciones futuras”.

Instalados en bandos ideológicos opuestos, los primeros asumen las “contradicciones propias de las políticas de cambio a favor de las mayorías”. Los segundos apuestan por otras alternativas y no aceptan “el precio a pagar para construir proyectos como, por ejemplo, el FLOK Society”. La polémica está servida.

Llamada fallida a la corresponsabilidad internacional

A cambio de mantener el Yasuní libre de perforaciones y cumplir así con el compromiso de uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (sumak kawsay, en lengua quechua), Correa pidió en 2007 responsabilidad internacional ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: 846 millones de barriles de petróleo en el campo ITT, equivalentes al 20% de las reservas del país, quedarían sin sacarle rendimiento económico si el mundo asumía su responsabilidad aportando 2.700 millones (el equivalente al 50% de lo que el Estado percibiría si extraía los casi mil millones de barriles que se calcula que hay en el parque).

“Se compensaría así la pérdida de ingresos y se gratificaría el papel de sumidero de CO2 del parque nacional”, proclamaba el entonces ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor. No en vano, dejar el petróleo bajo tierra significaba no emitir más de 400 millones de toneladas de CO2 (similar a las emisiones de España en un año).

Sin embargo, pese a las potentes campañas publicitarias y al apoyo de países como Alemania, la propuesta del mandatario ecuatoriano, el famoso Plan A, fue un estrepitoso fracaso: sólo se logró recaudar el 0,37% de lo previsto. “La iniciativa se adelantó a los tiempos, y no fue comprendida”, dijo Correa el 15 de agosto de 2013, al anunciar la finalización de ésta. Apelando a una lógica ambiental y económica, añadió: “No era caridad lo que pedíamos, sino corresponsabilidad con el cambio climático”.

En conversaciones con eldiario.es, Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas y coimpulsor de la iniciativa, discrepa y considera que, “en realidad, quien no la comprendió y no estuvo a la altura del reto propuesto por la sociedad ecuatoriana al mundo fue el propio presidente Correa”.

El Plan B, explotar el 1 por 1.000 del Yasuní ITT, siempre fue, según Acosta, “la primera opción” del Gobierno: “El presidente jamás tuvo una posición firme a favor de la iniciativa, sus mismas acciones minaban las grandes posibilidades que tenía el proyecto. Debió ser la punta de lanza de una política exterior que, a partir del reclamo de la deuda ecológica, propusiera la construcción de una justicia ecológica global”.

Este giro del presidente, para el economista Alfredo Serrano, miembro de la Fundación CEPS, responde, sin embargo, a una urgencia social y humana: “Correa lo intentó pero no pudo ser, el neoecologismo yerra si su propuesta política se ancla en conservar toda la naturaleza intacta dejando de atender muchas injusticias acumuladas por el neoliberalismo”. O dicho de otro modo, como puede leerse en la misma página web de Iniciativa: “El mundo no aprovechó la oportunidad que propuso el ITT, el futuro de Ecuador no tiene por qué ser responsable de aquello”.

La falta de corresponsabilidad internacional no hizo desaparecer la fuerte concienciación ecológica y colectiva que la sociedad había alcanzado ni tampoco las necesidades de un país en vías de desarrollo: “En Ecuador –coinciden voces de ambos bandos– urgen inversiones superiores a los 70.000 millones de dólares (52.900 millones de euros) para erradicar una pobreza ya en descenso (en los últimos 6 años los índices se han reducido del 37 al 27%) y extender el bienestar a las comunidades menos favorecidas”. La clave está, y aquí es donde la polémica alcanza su punto álgido, en cómo conseguir esos ingresos.

Tecnología punta frente a Constitución

“Sólo se intervendrá una extensión mínima del Yasuní, unas 1.000 hectáreas” (en total ocupa 982.000), y además se hará con una “tecnología punta que respete a las comunidades y al medio ambiente”, ha asegurado el Gobierno en reiteradas ocasiones. Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, hace saltar la voz de alarma al subrayar la ilegalidad del plan: “El artículo 57 de la Constitución prohíbe los procesos extractivistas en zonas donde viven pueblos aislados”. Defensores de la explotación como Alfredo Serrano sostienen que “la actividad no incidirá en la vida de los pueblos aislados, ya que los campos están alejados de la llamada zona intangible donde habitan esas nacionalidades”.

“Ahora existe una normativa adecuada y la voluntad política del Gobierno para defender los recursos naturales de una forma eficiente”, asevera la ministra del Ambiente, Lorena Tapia. José Lema, del Colegio de Ingenieros Geólogos, cree que, efectivamente, el “daño será menor”. Como antecedente, cita los trabajos que Petroamazonas efectúa en el campo Pañacocha, ubicado en otra norteña reserva natural, que ha recibido reconocimientos internacionales por sus buenas prácticas ambientales. “Esta empresa estatal viene desarrollando trabajos similares en esa área, donde existe una afectación temporal, mientras se realiza el oleoducto solamente”.

Los opositores a la explotación alertan de la afectación que sufriría la fauna, la flora y los pueblos en aislamiento voluntario en el área protegida más grande de Ecuador. Para Alberto Acosta, “no existe la posibilidad de una explotación sin afectación a la naturaleza ni al entorno social”.

Patricio Chávez, representante de Amazonía por la Vida, coincide con el exministro en que “se ha explotado petróleo en la Amazonía ecuatoriana desde hace más de cuatro décadas y, aun así, el país nunca ha podido solventar sus carencias, todo lo contrario, en las provincias petroleras los índices de pobreza y enfermedades son más altos que en el resto del país. Además, apunta, el hecho de que en la ecuación del ITT haya también actores internacionales como China nos hace sospechar que esta dinámica no va a cambiar”.

El presidente del Movimiento de los Índigenas de Ecuador, Carlos Pérez, de la Confederación Kichwa (Ecuarunari), asegura que “la única manera de evitar es no tocar, ya que la pobreza no se combate sembrando más pobreza; debemos apostar por ser una potencia ambiental que respete a la madre Naturaleza”.

En este sentido, el economista Alfredo Serrano advierte de que “se ha pasado del antropocentrismo al pachamacentrismo, de manera casi frívola si se tiene en cuenta la deuda social y ecológica heredada” (Pachamama es la Madre Tierra incaica).

“La economía ambiental, al servicio del neoliberalismo, opta por explicar todo parcialmente, con enfoque mecanicista, crematístico y antropocéntrico. Por el contrario, la economía ecológica –subraya Serrano– procura tener una visión integral, que acepta la complejidad aunque sea a costa de ser menos preciso, que entiende que los sistemas interactúan entre sí. El hombre no puede ser el centro del mundo, pero la naturaleza tampoco”.

Acosta, amigo y colega de Serrano, contraataca: “Proponer una salida del extractivismo ampliando el extractivismo es una torpeza, nuestra supervivencia depende de la naturaleza y no al revés”.

Otros planes, otras opciones, otras voces

Informes gubernamentales revelan que la extracción de crudo del ITT podría generar unos 40 mil millones de dólares (cerca de 30.000 millones de euros) en poco más de 20 años, es decir, que se podrían obtener unos 2.000 millones por año (unos 1.500 millones de euros).

No obstante, avanza Acosta, “si el Gobierno requiere recursos, puede obtenerlos de múltiples formas”. Según las últimas encuestas, el 92,7% de la población apoya la idea de mantener el petróleo bajo tierra. El Centro de Derechos Económicos y Sociales enriquece el debate y pone sobre la mesa una tercera opción, el Plan C: “Redistribuir la riqueza para no explotar el Yasuní y salvaguardar a los indígenas aislados”.

Organizados en la plataforma YASunidos, miles de ecuatorianos, convencidos de que “otra forma de habitar el mundo es posible”, se afanan desde el pasado 18 de octubre por conseguir el mínimo de firmas necesario para la consulta antes del 15 de abril. En España, también. Aída Quinatoa, presidenta de Conadee, lidera movilizaciones en ciudades como Madrid o Barcelona para que sus compatriotas –que rozan el medio millón– apoyen lo que ella considera la más justa de las causas: “No explotar el ITT para vivir en armonía con la naturaleza”.

La condición finita del petróleo como fuente de riqueza y los perjuicios que comunidades indígenas y colonos sufrieron a raíz de la actividad petrolera de la compañía Chevron-Texaco constituyeron el germen de notables resistencias en contra de las extracciones de hidrocarburo en el país. “La iniciativa –aunque haya fracasado, sostiene Acosta– potenció una conciencia ciudadana y ecológica sin precedentes que ayudó a la construcción de la tesis de una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana”.

“Si hay un tema en el que Ecuador nos ha puesto de acuerdo, es el Yasuní”, asiente Esperanza Martínez. “La resistencia nos hará libres”, añade Carlos Pérez. Sin embargo, no todos los indígenas o ecologistas están a favor de la no extracción. Algunos, como Alfredo Serrano, insisten en “conciliar justicia ambiental con justicia social, afrontando sin invisibilizar la tensión entre pueblo y naturaleza para que todos puedan disfrutar del buen vivir”.

A esta forma de ver las cosas se suma un grupo de amazónicos liderados por una treintena de alcaldes que han declarado su apoyo al plan del Ejecutivo asegurando que sólo de esa forma las poblaciones de la Amazonía podrán desarrollarse.

2014, el año del desenlace

“¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo suelo?”. La pregunta de consulta impulsada por los colectivos sociales se suma a una larga lista de interrogantes: la intención manifiesta de reducir la dependencia de los recursos naturales ha puesto a Ecuador en el punto de mira internacional.

¿Superará el país latinoamericano el modelo neoextractivista en 2014? ¿Será vinculante el resultado de la consulta si ésta llega a efectuarse? ¿Ganarán terreno las alternativas gestadas en colectivo que proponen una distribución de la riqueza más igualitaria? O, por el contrario, ¿asistirá Ecuador a un proceso paulatino de recorvensión económica explotando sus recursos naturales y sin, como dicen, afectar al medio ambiente y a las comunidades indígenas? La cuenta atrás ha comenzado.